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Puesto que el hacinamiento es común a casi todas las cárceles del país, además de muchas comisarías, el desastre que costó la vida a 32 personas en el Magdalena no será el último. Para que fuera, sería preciso por lo menos duplicar la capacidad de las cárceles. Se prevé que para el 2007 habrá dos veces más recluidos que a comienzos del siglo cuando el sistema penitenciario nacional ya estaba desbordado. En nuestro país la tasa de encarcelamiento de 170 presos cada 100.000 habitantes está entre las más altas de América Latina y no hay motivos para creer que esté por bajar.
Huelga decir que no se construirán una cantidad suficiente de cárceles nuevas: el superávit fiscal no obstante, el país no está en condiciones de emprender un programa de la magnitud necesaria. Tampoco hay muchas posibilidades de que la Justicia obre con mayor celeridad para que haya menos presos sin sentencia firme. En cuanto a la opción de aplicar penas alternativas a la cárcel a los delincuentes que se suponen menos peligrosos, por ahora no sería aceptable por razones políticas y sociales evidentes. Aunque Juan Carlos Blumberg ha dejado de ser un referente para los preocupados por la inseguridad ciudadana, la mayoría pide más mano dura y no toleraría una recaída en las políticas permisivas de algunos años atrás cuando era habitual reducir las penas con el propósito de atenuar el hacinamiento de las cárceles. Por desgracia, la razón básica por la que la población carcelaria ha crecido tanto en los años últimos consiste en que hay más delincuentes que antes. Estarán en lo cierto quienes lo atribuyen al desempleo ya estructural y a la pobreza y falta de horizontes resultantes, pero entender las causas de este fenómeno no equivale a proponer una solución.
Puede entenderse, pues, la resistencia de los políticos a comprometerse con medidas destinadas a mejorar el sistema penitenciario. Los más preferirían no referirse a un tema tan espinoso, lo que ayuda a explicar el silencio de radio que mantuvo durante un día el gobernador bonaerense Felipe Solá, aunque, consciente de que su actitud lo convertía en blanco de muchas críticas, después ordenaría la intervención del penal de Magdalena para asegurar que se cumpla su promesa de que la investigación del episodio sea exhaustiva e imparcial. Claro, en principio es poco razonable exigirles a todos los gobernadores, y al presidente de la Nación, que reaccionen en seguida toda vez que se produzca una catástrofe, como pueden hacer sin dificultad alguna los medios de difusión, pero en el mundo actual hasta una demora de algunas horas de su parte será tomada por evidencia de indiferencia o de una voluntad oportunista de alejarse lo más rápido posible de la escena de un desastre por temor a que incida en su popularidad. Bien que mal, es inevitable que los políticos cuidadosos de su imagen hagan cálculos de este tipo, sobre todo a pocos días de elecciones.
Asignar responsabilidades por lo ocurrido en Magdalena no será sencillo. El servicio penitenciario bonaerense, lo mismo que la Policía, es notorio por sus muchas deficiencias, pero en vista de las características de su trabajo y de los fondos públicos disponibles, tendrá que transcurrir mucho tiempo antes de que se profesionalice. Según parece, el incendio en el penal comenzó con una trifulca entre presos que, como a menudo sucede en tales circunstancias, se pusieron a quemar colchones, lo que alarmó a la vigilancia que no abrió las puertas. Si bien es condenable la actitud negligente de los guardias, es lógico que hayan sentido temor porque de ser tomados como rehenes sus captores hubieran sido capaces de tratarlos con crueldad bestial. Después de todo, no es cuestión de personas inofensivas que por mala suerte están entre rejas, sino de individuos que en muchos casos son muy pero muy peligrosos. En esta ocasión, no hubo un motín tan grave como en otras, pero de haberse producido uno comparable con los ocurridos últimamente en Rosario y Córdoba, algunos presos hubieran sido asesinados con sadismo por sus compañeros, de modo que dar por descontado que los reclusos son víctimas indefensas de una sociedad injusta y vengativa, como pretenden quienes procuran politizar el asunto, sería un error.