Absurdo y confusión

Análisis

La intervención de organismos internacionales en el caso de Milagro Sala no debió provocar más que una respuesta categórica del estado argentino rechazando sin más la pretensión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.

Y sin embargo el gobierno, muchos juristas y comentaristas de todo tipo se encuentran enredados en un galimatías producido por su propia confusión o por intereses políticos a los cuales subordinan el derecho vigente.

En gran medida esta confusión está originada en la incorporación de los tratados internacionales con rango constitucional, producida por la desprolija e improvisada reforma de 1994. Se ha producido con ello algo que no puede soportar el orden jurídico de un estado de derecho: el establecimiento de dos fuentes independientes del derecho con igual rango y sin establecer cuál es la autoridad competente para dirimir los eventuales conflictos. Es así como la doctrina y la jurisprudencia han debido meterse en un laberinto sin poder encontrar la salida, enredados en la cuestión final de si la interpretación prevalente es la de Corte Suprema o la de las cortes internacionales.

Pero en este caso se ha ido mucho más lejos. Se pretende el absurdo jurídico de que el dictamen de una comisión o la resolución de un organismo internacional –órganos políticos, no jurisdiccionales–tienen el poder de obligar a un jefe de estado a que viole la constitución y cometa un delito con ello. Cargarse en un solo acto el régimen federal y la división de poderes, además de la disposición constitucional expresa de que un presidente no puede arrogarse facultades judiciales, solo puede calificarse como una desmesura delirante. Aceptar semejante cosa equivale nada menos que a enterrar sin honores a nuestra Constitución.

A toda esta confusión, contribuye no poco el propio gobierno. En vez de rechazar la petición de plano comunicando que no está dentro de sus posibilidades hacer semejante cosa, reconoce implícitamente alguna facultad de intervención invitando a la comisión como una especie de veedora del proceso contra Milagro Sala o respondiendo con la infantil afirmación de que hay mucha gente que cree que ha cometido delitos.

Corresponde en primer lugar a los poderes del estado preservar con firmeza el orden jurídico en que descansa todo estado de derecho. No lo están haciendo muy bien.