Denunciaron a Macri y a Peña por destinar un predio en La Boca para loteos

“Convierte al Congreso en una escribanía disponiendo arbitrariamente de bienes que pertenecen al Estado para destinarlos a la inversión privada”, criticó Solanas.

El senador nacional Fernando Solanas (Proyecto Sur) denunció hoy penalmente en la Justicia federal al presidente Mauricio Macri por los planes de urbanización inmobiliaria en la isla Demarchi, en el barrio porteño de La Boca.

La denuncia, que fue presentada en la Cámara Federal y recayó por sorteo en el juzgado federal 10, de Julián Ercolini, con intervención del fiscal federal Carlos Rívolo, alcanzó a la vez al jefe de Gabinete, Marcos Peña, por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Solanas pidió que se investigue “la modificación -respaldándose en una ley de la dictadura- de tres artículos del Decreto 1722/2012 mediante la cual se destinará el predio de la Isla Demarchi a crear un ‘Polo de Desarrollo Urbano’”.

Ese proyecto consistiría “en la ampliación de la infraestructura urbana existente para la promoción de inversiones en el área y la actividad inmobiliaria”.

“Una vez más, el presidente Macri convierte al Congreso en una escribanía disponiendo arbitrariamente de bienes que pertenecen al Estado para destinarlos a la inversión privada y a los negociados inmobiliarios”, consignó el legislador.

Para el senador “no sólo está loteando la Isla Demarchi sino también los terrenos adyacentes desafectándolos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado”.

Y agregó que “esto significa una descomunal privatización de un espacio público donde funcionan la Escuela del sindicato de Dragado y Balizamiento y la Escuela Nacional Fluvial, perjudicando a más de 600 trabajadores con este decretazo”.

“Macri está violando la Constitución Nacional y soslayando la autoridad del Congreso que es el único órgano autorizado a disponer los bienes públicos debido a que en el mismo están los representantes del pueblo y de las provincias. Es una monstruosidad que el Ejecutivo disponga de los bienes del Estado sin el consentimiento y aprobación del Congreso”, finalizó el senador.


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