Hombre clave de Scioli, complicado

El fiscal platense Alvaro Garganta pidió ayer inhibir los bienes y prohibir la salida del país del ex Jefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez y el ex Subsecretario Administrativo, Walter Carbone, en el marco de la causa por supuesto “lavado de activos” mediante la emisión de facturas apócrifas durante la administración de Daniel Scioli.

La solicitud, que ahora deberá resolver la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, recayó también para una exdirectora y dos contadoras de esa cartera .

La inhibición para Pérez y los otros ex funcionarios de Scioli será, según el requisitorio , por “un valor de 15.000.000 de pesos, monto estimado para satisfacer la cuantía del perjuicio ” ocasionado por el supuesto delito.

El pedido fue justificado en que “el Código Procesal Penal de la Provincia, habilita al Juez de Garantías “luego de recibida la declaración del imputado” a ordenar el embargo y/o la inhibición General de Bienes, hasta cubrir la cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas”.

La prohibición para salir del país de los imputados es “sin previa autorización judicial”.

Pérez y Carbone están acusados como “coautores” del delito de “peculado de caudales o efectos en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, y con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Para el fiscal, Pérez y Carbone “sustrajeron (durante 2014 y 2015) en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”. Para concretar la maniobra, según el expediente, se realizaron 25 eventos de gestión entre el 6 de enero de 2014 y el 21 de octubre de 2015, para los que Pérez y Carbone autorizaron retiros en efectivo, en su mayoría de entre 300 y 700 mil pesos, a cambio de facturas apócrifas que justificaban el desembolso. Pérez quedó imputado de haber firmado los anticipos para los diferentes eventos y Carbone de ser “el beneficiario de los anticipos, y quién efectivamente percibió las sumas de dinero en efectivo autorizadas por cada una de las órdenes extra presupuestarias, libradas por orden del entonces Ministro”.

“La inhibición general de bienes de los imputados busca asegurar el eventual resarcimiento económico y las costas del proceso”,

sostuvo el fiscal Alvaro Garganta en su pedido a la jueza de garantías.