La UIF pidió llamar a indagatoria a Cristina Fernández por la “ruta del dinero K”

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió hoy al juez federal Sebastián Casanello la indagatoria de la ex presidenta Cristina Fernández y del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa conocida como “ruta del dinero K”, al plantear que allí también funcionó una asociación ilícita destinada a cometer una “pluralidad de delitos”, entre ellos el lavado de activos.

El planteo hecho por la UIF -querellante en la causa- incluyó también al ex secretario de Obras Públicas José López y al ex Coordinador de la Obra Pública y primo de Néstor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner, entre otros.

El pedido se hizo ante el juez Casanello, en el marco de las indagatorias que dispuso sobre Báez, sus hijos y otros involucrados, en función de lo que había ordenado la Sala II de la Cámara Federal para orientar la causa a la vinculación entre la “ruta del dinero” y la concesión de obra pública durante el kirchnerismo, informaron fuentes judiciales.

Casanello ya recibió una parte de información de Suiza que había solicitado a sus autoridades para investigar las cuentas de dinero en ese país vinculadas a los hijos de Báez, pero el material esta siendo traducido y se está a la espera de más datos.

El 10 de marzo pasado la Cámara Federal frenó el envío a juicio oral y público del detenido empresario Báez y de otros acusados en la causa por lavado de dinero, al señalar que antes de dar ese paso se debe ampliar la imputación sobre las obras públicas que su grupo económico recibió durante el kirchnerismo.

Los jueces de la Sala II de la Cámara, Eduardo Farah y Martín Irurzun, hicieron lugar a un planteo de la UIF para que no se eleve a juicio parte de la investigación en la que Báez está preso desde abril de 2016 en la cárcel de Ezeiza.

A criterio de los camaristas, era “inconveniente” y “hasta riesgoso” que Báez fuera enviado a juicio oral porque en el expediente se debe especificar qué parte de la hipótesis de ese lavado provino de las obras públicas que recibió.

Por la concesión de obra pública, el juez Julián Ercolini procesó como jefa de asociación ilícita a la ex presidenta Fernández e incluyó en esa nómina a De Vido, López y Santiago Kirchner, entre otros.

Recientemente el juez Claudio Bonadio también procesó a la ex mandataria y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner como jefes y organizadores de una banda, que también integraron Lázaro Báez, sus hijos y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, en la causa llamada “Los Sauces”.

Es que en los tribunales se entiende que el caso todo fue parte de una misma maniobra: en una causa la concesión de la obra pública, en otra el lavado de dinero por los fondos recibidos (ruta del dinero) y un tercero que analiza el retorno de esos beneficios (”Los Sauces”).

Como se presupone que todo se unificará en un mismo debate oral -aunque aún debe pronunciarse la Cámara Federal en la revisión de dos procesamientos de “Los Sauces” y obra pública-, la UIF entendió que había que reforzar las sospechas sobre la ex presidenta en el caso del lavado de dinero donde fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuan pero nunca llamada a indagatoria.

Marijuan también pidió indagatorias al entender que “el origen ilícito de las cuantiosas sumas de dinero involucradas, se vincula también y en forma principal a la adjudicación desmedida e irregular de la obra pública por la cual Lázaro Báez ha sido procesado junto a las máximas autoridades del gobierno anterior”, encabezados por Cristina Fernández, por asociación ilícita.