Maldonado: un caso que conmociona al país, hipótesis y dudas

la desaparicion en chubut

Se cumplen cincuenta días, no hay rastros de Santiago Maldonado y crece la angustia. La investigación es morosa, ya ha dado varios vuelcos y hasta ahora no satisface nadie. Más de trescientos efectivos de diferentes fuerzas de seguridad volvieron a allanar ayer territorio ocupado por la comunidad mapuche Resistencia en la localidad chubutense de Cushamen en busca de señales del joven artesano, visto por última vez allí el 1º de agosto durante un operativo de la Gendarmería. Se supone que es el rastreo más exhaustivo que haya ordenado hasta el momento a justicia. Y aún se aguarda una reconstrucción precisa de lo sucedido en el lugar de los hechos. Se está ante una duda de hierro: o los gendarmes mienten, o lo hace la comunidad mapuche. La familia, que no contempla nada fuera de la hipótesis de “desaparición forzada”, denunció un “nulo avance de la investigación” y pidió la recusación del juez Guido Otranto, que deberá ser resuelta por la Cámara de Apelaciones, probablemente el jueves. En el gobierno aceptan hablar solo de la “inconducta” de algún efectivo, y aseguran que no hay ningún indicio que indique que a Santiago se lo llevó la Gendarmería. El juez desarmó inesperadamente todas esas especulaciones: dijo el domingo que “la hipótesis más razonable” es que Maldonado se ahogó en las aguas del río Chubut y aumentó el desasosiego. El caso conmociona al país y en medio de la campaña electoral, profundizó la grieta entre los argentinos. Una tragedia más sin respuestas.

Hay sí unos pocos hechos indiscutibles. La mañana del 1° de agosto Gendarmería desalojó un corte en la ruta 40, a la altura del predio ocupado en la estancia Leleque (del grupo Benetton) por la comunidad mapuche del Pu-Lof Resistencia Cushamen, Chubut. La orden provino del mismo juez Otranto. Pablo Noceti, jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, se encontraba en la zona. Los gendarmes dispararon balas de goma y corrieron a los manifestantes hasta el río Chubut, que tiene escaso caudal. Allí comienzan las contradicciones.

El primero en declarar formalmente ante el juez como testigo fue el mapuche Matías Santana, el 5 de septiembre: fue a más de un mes del día en que habría desaparecido Maldonado. Santana aseguró haber visto, a gran distancia y con binoculares, cómo Maldonado era incapaz de cruzar el río y era atrapado por gendarmes que lo golpearon y se lo llevaron en un camión. Otros testigos de la comunidad aseguran haber visto a Santiago por última vez ese mismo día antes de que Gendarmería desalojara la protesta en la ruta .

Recién el 10 de septiembre, el ministerio de Seguridad, que se negó a apartar siquiera temporariamente a ningún efectivo de la fuerza, envió al juez un informe interno con los testimonios de 42 gendarmes que participaron del operativo. Uno de los ocho gendarmes que llegaron hasta el río, según información oficial, de nombre Neri Armando Robledo, reconoció haber lanzado y golpeado con una piedra a un manifestante. Aseguró, no obstante, que éste no quedó herido y logró cruzar al otro lado del curso de agua. Otro, Darío Zoilán, dijo haber disparado un cartucho de balas de goma. También que uno de sus compañeros gritó cerca del río Chubut “¡tenemos a uno!”.

El resto de los gendarmes que declararon ante el juez testificaron que todos los manifestantes lograron cruzar el río. Se conoció que un día después del operativo , seis gendarmes tomaron licencia (entre ellos Robledo y Zoilán). Más de un mes demoraron los peritajes sobre el contenido de los celulares de los gendarmes. Están en manos la fiscal Silvina Ávila, a cargo del expediente por desaparición forzada, y avalarían la versión del gendarme. Trascendieron fotos en las que se ve efectivos con piedras y mensajes en los que se pide silencio sobre la acción del gendarme Robledo.

La Policía Federal y la Prefectura ya realizan rastrillajes a la vera del río Chubut, con un rango de búsqueda de 800 kilómetros aguas abajo desde el lugar en que se llevó a cabo el operativo el 1 de agosto. Una de las hipótesis es que Maldonado haya sido herido y fuera arrastrado por las aguas.

Ni la familia Maldonado, ni el resto de las querellas integradas por organismos de derechos humanos, confían en el juez Otranto. La abogada familiar, Verónica Heredia, ya lo recusó y solicitó un “nuevo magistrado, imparcial y eficiente en la tarea a su cargo”. El juez se negó y lo definirá la Cámara de Comodoro Rivadavia.

La familia critica duramente la lentitud del juez: en ninguno de los móviles de Gendarmería, que habrían participado del operativo, en los que se recolectaron muestras genéticas, se halló ADN de Maldonado. Para la querella, la demora del juez permitió que las camionetas fueran lavadas y los posibles rastros, eliminados.

En el contexto de profundo enfrentamiento que atraviesa la Argentina, el caso Maldonado quedó atrapado en la grieta. La tragedia fue agitada sin pudor por sectores de la oposición y organizaciones afines a poco de la elección de octubre. Esto sumó sin duda obstáculos al esclarecimiento. Acaso el principal desafío que presente el caso Santiago Maldonado será, como tantos otros, remontar la ola de la división.

Las dudas de la causa

-¿Qué hacía el jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad, en la zona del desalojo?

-¿Por qué el jefe del operativo abandonó el lugar?

-¿Cómo hizo el testigo Santana para ver desde el otro lado del río el traslado de Maldonado en una camioneta de Gendamería?

-¿Por qué el gobierno demoró 40 días en entregar al juez el sumario de la Gendarmería?

-¿Puede un piedrazo lanzado con la mano provocar una herida mortal? ¿Puede ser mortal una posta de goma?

-¿Llevaban algunos gendarmes armas de fuego?

-La Prefectura dijo que el río Chubut tiene en la zona una profundidad de 1,60. ¿Por qué el juez dice que Maldonado podría haberse ahogado?

-¿Por qué el juez demoró 50 días el rastrillaje del territorio?

Un gobierno frío y que corre atrás de los hechos

Entre los muchos puntos débiles que presentó el gobierno, no es uno menor la poca sensibilidad con la que enfrentó la tragedia. El caso lo tomó por sorpresa. Desde el primer día, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se negó a apartar a ningún efectivo de Gendarmería que participó del operativo el 1° de agosto. Aunque buscó trasmitir que no se descartaba ninguna hipótesis, incluso desaparición forzada, fue mucho más enfática en cuidar a la Gendarmería.

Si bien Bullrich fue respaldada, a medida que el caso fue tomando trascendencia , el Ejecutivo sumó nuevos voceros con un discurso con una defensa menos cerrada: el jefe de gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj. El presidente Macri. fuera de alguna declaración en la que garantizó colaboración con la Justicia, optó por el silencio.

Seguridad puso fichas en una hipótesis: que Maldonado había sido el apuñalado por un puestero durante un ataque de un grupo mapuche en la estancia Benneton. El ADN dio negativo.

También dio negativo el análisis sobre los rastros encontrados en móviles de Gendarmería. Bullrich comenzó a ser máss categórica. Si hubo responsabilidad en la posible muerte de Maldonado, se trató de la “inconducta” aislada de algún gendarme.

El hermano mayor de Santiago es la voz de la familia. Defiende la hipótesis de la desaparición forzada. Recusó al juez y critica la acción del gobierno.

Sergio Maldonado

Aunque dijo que estaba abierta a todas las hipótesis, la ministra de Seguridad desde el primer día protegió a la Gendarmería.

Patricia Bullrich

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