Nuevo avance de Cambiemos para intentar remover a Gils Carbó

El gobierno avanzó ayer con su iniciativa para restarle poder a la procuradora Alejandra Gils Carbó, consagrada en ese cargo durante la era kirchnerista. Consiguió dictamen de comisión a favor del proyecto para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal (MPF) que, entre otras reformas, reducirá a cinco años los tiempos de mandato, por ahora vitalicio.

Cambiemos debió acordar con el massismo y otros sectores algunos cambios a la iniciativa del Ejecutivo, y el kirchnerismo definió a esas acciones como un intento para “cargarse” a la funcionaria.

Además de Cambiemos, firmaron el dictamen de mayoría el Frente Renovador/UNA comandado por Sergio Massa, el Bloque Justicialista de Diego Bossio, y el sector de Margarita Stolbizer. El proyecto fue rechazado por el Frente para la Victoria, el Movimiento Evita y la Izquierda.

Los cambios que propone la reforma de la Ley Orgánica del MPF obligarán a que una parte importante de las decisiones del procurador (ahora, Gils Carbó) pasen por la fiscalización de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del MPF, creada hace un mes y presidida por la diputada massista Graciela Camaño como parte del acuerdo para obtener apoyo. La Bicameral podrá decidir sobre el nombramiento de nuevos fiscales de distrito y la creación de fiscalías y unidades especiales.

La propuesta, que fue debatida en un plenario de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda, también prevé la creación de un Consejo General para asesorar al Procurador, proponer fiscales y dar aval a concursos públicos.

Pero la reforma más resonante es la fijación de un límite de cinco años al mandato del Procurador, que hoy en día es vitalicio, con la posibilidad de una reelección para un período de igual duración.

Aquí surge una controversia. El proyecto no establece si la actual procuradora deberá dejar su cargo en cinco años desde la sanción de la norma, o si, en cambio, la aplicación será retroactiva –permitida en este tipo de leyes– desde el momento de su nombramiento. De ser así, como se intuye, Gils Carbó será reemplazada el 29 de agosto de 2017, considerando que de ninguna forma el Ejecutivo propondría su reelección.

“Están tratando de darle un marco legal a un mecanismo de remoción. Como no quieren recurrir al juicio político, están haciendo una ley nueva para cargarse a la procuradora”, dijo a “Río Negro” la diputada del FpV, María Emilia Soria, vicepresidenta de la comisión de Justicia. La legisladora también criticó la intervención del Poder Ejecutivo y Legislativo en un organismo que tiene autonomía por Constitución.

“Nos parece importante ponerle plazo a los tiempos de quienes cumplen el mandato. No es para perseguir a nadie, ni en contra de nadie, sino un intento de que la Justicia y el combate del delito sea más eficiente”, respondió a este diario, en sentido contrario, el diputado neuquino Leandro López, vicepresidente de la comisión de Legislación Penal. Consideró, además, que el plazo de cinco años correrá desde el inicio del mandato.

El proyecto forma parte del plan Justicia 2020 de reforma judicial elaborado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien el fin de semana aseguró que el Gobierno está “avanzando desde el punto de vista institucional” para lograr apartar a Gils Carbó, la última funcionaria kirchnerista que resiste en un cargo importante.

Camaño, flamante presidente de la bicameral, reclamó ayer “una Procuración más allá de un procurador o una procuradora, que vaya en defensa de los intereses de la sociedad y no en función del partido político que lo puso”.

Ayer, el proyecto original recibió modificaciones. Se eliminó la figura de los “subprocuradores”, que limitaban aún más el poder del procurador, y la posibilidad de que el proceso de remoción se iniciara con un decreto del Ejecutivo.

El tema podría llegar al recinto el miércoles que viene.