Ordenaron liberar al ex vicepresidente Amado Boudou

La Cámara Federal porteña ordenó hoy la inmediata liberación del ex vicepresidente Amado Boudou en la causa por rendición de viáticos truchos, por lo cual saldrá de la cárcel de Ezeiza en las próximas horas, según un fallo al que accedió Télam.

La Cámara Federal porteña ya había concedió ayer la excarcelación a Boudou y a su socio José María Nuñez Carmona en la causa en la que ambos fueron detenidos por supuesto lavado de activos.

La decisión fue de la sala de feria del Tribunal de Apelaciones que declaró nulo un fallo del juez federal Ariel Lijo, algo que derivó en la inmediata liberación de Nuñez Carmona.

El ex vicepresidente fue detenido el 3 de noviembre pasado por supuestas maniobras de lavado de activos en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que se sigue en su contra.

La decisión de excarcelar a Boudou y Nuñez Carmona fue tomada por el camarista Eduardo Farah con la adhesión del camarista del fuero en lo criminal Rodolfo Pociello, llamado para desempatar ante el desacuerdo con el otro juez de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia. Este último votó en minoría por rechazar las excarcelaciones pedidas.

Para fundamentar la decisión, Farah sostuvo que pasaron “más de dos meses” desde la detención y el juez “no ha definido las situaciones procesales de los detenidos”, por lo cual, “o bien no contaba con los elementos que le permitieran cristalizar el vínculo de los imputados con los hechos que les había reprochado, o la urgencia entonces alegada no era tal”.

Además, remarcó que la causa por enriquecimiento ilícito que se investiga desde hace varios años tuvo una “intempestiva variación” que derivó en las detenciones pero que con anterioridad a eso “la actividad procesal hasta entonces desplegada -y que transcurrió, debo decir, a un ritmo carente de dinamismo- , tampoco se vio acompañada de una correlativa actividad jurisdiccional que la respaldara”.

Al sumarse a la postura de Farah, Pociello remarcó que Boudou “se encuentra detenido sin que se dispusiera su prisión preventiva” en casi dos meses, en el marco de una investigación que ya lleva cinco años.

“Si bien no desconozco los compromisos asumidos por el Estado en convenciones internacionales de lucha contra la corrupción ratificadas por nuestro país por medio de las leyes 24.759 y 26.096, dicho compromiso debe cumplirse dentro de los límites impuestos por la ley y sin lesionar el derecho a la legítima defensa”, advirtió Pociello.

Y aseguró que “el compromiso se mantiene incólume pues la investigación continuará y deberá imprimírsele mayor celeridad”.