¿Qué implica la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal que le apunta a Gils Carbó?

El cuestionado proyecto que postergó el gobierno de Mauricio Macri para modificar la Ley de Ministerio Público implicaba el desplazamiento de la actual Procuradora de la Nación Alejandra Gils Carbó el año que viene. La iniciativa fue duramente criticada por la aliada del Cambiemos, Elisa Carrió, que tachó la iniciativa de inconstitucional.

El proyecto que busca reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal contempla limitar a cinco años el cargo vitalicio del Procurador de la Nación. Contempla una cláusula retroactiva por lo que la actual procuradora Gils Carbó -asumió en 2012- debería dejar el cargo en agosto de 2017. Gils Carbó fue designada a instancias de la presidenta Cristina Fernández y ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por irregularidades.

El proyecto le confiere, además, un amplio poder a la comisión bicameral de Ministerio Público, que estará a cargo de Graciela Camaño (Frente Renovador). Deberá avalar los nombramientos de los fiscales de distrito, así como sus traslados, y podrá revisar las designaciones hechas por Gils Carbó.

Según los analistas, el proyecto habilita un mecanismo de remoción que implica una regresión normativa injustificada, puesto que sustituye el mecanismo de juicio político previsto por la Constitución y aceptado por la ley vigente -el cual reconoce el estatus constitucional de cuarto poder al Ministerio Público- por un esquema donde la acusación la puede realizar el Poder Ejecutivo mediante un simple decreto o la Cámara de Diputados con simple mayoría sin establecer un proceso que respete a garantía del debido proceso.

Carrió había pedido ayer que la procuradora sea removida a través de un juicio político y no que sea desplazada por un “acuerdo corporativo” entre el macrismo y el Frente Renovador, de Sergio Massa, que era uno de los sectores que apoyaba la inicitiva del ministro de Justicia Germán Garavano. La líder de la CC denunció un pacto oculto que había orquestado el presidente de Boca Juniors y supuesto operador judicial del gobierno Daniel Angelici.