Tras cuestionamientos de Carrió, postergan el debate por el ministerio público

El oficialismo de la Cámara de Diputados resolvió postergar el debate del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, que iba a ser tratado mañana en una sesión especial de la cámara baja, tras los cuestionamientos planteados por la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, que hicieron peligrar los acuerdos que se habían construido para aprobar el proyecto sobre todo con el Frente Renovador.

La postura de Carrió, que se mostró contraria al contenido de la iniciativa por considerarla “inconstitucional”, provocó una grieta entre los propios integrantes del interbloque Cambiemos, que se reunieron este mediodía y acordaron postergar el debate del proyecto para reformar el Ministerio Público, y sesionar, en cambio, con otros temas pendientes.

Además, el planteo de Carrió generó malestar en el Frente Renovador, que advirtió que no continuarán con el tratamiento de la iniciativa previsto para mañana en el recinto “hasta que Cambiemos no resuelva sus diferencias” internas en torno al proyecto que, entre otras cuestiones, acota el mandato del titular de la Procuración a cinco años, renovables por cinco años más, y crea una comisión bicameral para seguir su funcionamiento.

Si bien fuentes de Cambiemos admitieron su “sorpresa” por la actitud de Carrió, que presentó sus observaciones una semana después de que el proyecto recibiera dictamen, la diputada de la CC recordó que “desde que comenzó a debatirse el tema” le adelantó su postura “a dirigentes, funcionarios y legisladores del oficialismo. Por lo menos desde marzo, que se lo vengo diciendo a ministros y diputados”.

En declaraciones a la prensa, la diputada de Cambiemos advirtió además que “el tema debería haber pasado por la comisión de Asuntos Constitucionales, que integra pero, dijo, “no lo giraron y en la comisión de Justicia nuestros diputados firmaron en disidencia”, recordó.

Los cuestionamientos de Carrió al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, plasmados en una serie de observaciones al dictamen de mayoría, plantean el rechazo de la Coalición Pública a la iniciativa por considerarla “inconstitucional” y apuntan a que, para un eventual desplazamiento de Alejandra Gils Carbó, debería utilizarse el resorte del juicio político y “no un acuerdo corporativo”.

Desde el Frente Renovador reniegan de “tener que aparecer acompañando la sanción de una ley, que integrantes del propio oficialismo están cuestionando”.

Sin el apoyo del massismo, el oficialista interbloque Cambiemos no reúne el consenso necesario para poder convocar a la sesión y ya anticiparon que no se arriesgarán a seguir adelante sin un panorama más certero.

Si bien desde el oficialismo parlamentario minimizaron la polémica generada por las observaciones de Carrió, no descartaron que en el tema pueda haber incidido “el fuerte rechazo” de la líder de la Coalición Cívica hacia la figura de la diputada del FR Graciela Camaño, quien fue elegida hace un mes para estar al frente de la Bicameral, que a partir de la sanción de la nueva ley tendrá fuerte injerencia en el control del Ministerio Público.

Con este panorama, el oficialismo decidió postergar ese debate “sin fecha” y sesionar de todos modos con otros temas contemplados en el temario, entre los que se encuentran los proyectos que forman parte de la reforma Justicia 2020”, cuyo tratamiento había pasado a cuarto intermedio semanas atrás ante la negativa del Frente Renovador de acompañar su aprobación.

También, incluirían en el debate de mañana, el proyecto del Poder Ejecutivo de Participación Público Privada (PPP) para transparentar los contratos públicos y privados, que tiene sanción del Senado, pero que es cuestionado por algunos radicales y varios bloques opositores, con lo cual el oficialismo se verá obligado a realizar cambios y devolverlo nuevamente al Senado.

Otras de las cuestiones que se podrían incluir es el proyecto de apoyo a emprendedores, que crea las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), una figura jurídica que facilitará la apertura de una empresa en 24 horas a través de Internet, con constitución de CUIT y apertura de cuenta bancaria en forma y otro proyecto que propone delegar la coordinación en el otorgamiento de la matrícula federal y el control disciplinario de su ejercicio a la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA).

Esta mañana, cuando se negociaba contrarreloj para evitar que se suspendiera la sesión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, había asegurado que el gobierno nacional quiere que se reforme la ley del Ministerio Público, pero aclaró que “es respetuoso de los roles”, y que entiende que “se ha generado debate” en el Congreso. Además. aseguró que “si no se generan los consensos, no habrá modificación a la ley”, lo que consideró que “tampoco es nada grave”.

El ministro dejó en claro que las voces que se alzan en contra del proyecto, como la de la Carrió, “no son de apoyo a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sino discusiones en torno a la ley”.

“Es un proyecto para discutir, y es una discusión que se está dando en la Cámara de Diputados. Hay que ser respetuosos de los distintos roles y actores. El gobierno quiere que se modifique la ley, pero el Congreso la está discutiendo”, dijo el ministro en una entrevista con radio Nacional.

“Creo que estas cuestiones hay que desdramatizarlas. Son cambios de leyes muy importantes. Mi desafío, desde el Gobierno, es impulsar la reforma del sistema de Justicia a largo plazo, no pensando en las personas, sino en las reformas que reclama la sociedad en la Justicia, y como hay muchos intereses, siempre habrá resistencia”, consignó el titular de la cartera de Justicia de la Nación.

Respecto de la posición de Elisa Carrió, señaló que la diputada “quiere el juicio político a Gils Carbó para desplazarla”, y no que el alejamiento se produzca por la reforma de la ley, “debido a las persecuciones que hubo dentro del Ministerio Público Fiscal y por las designaciones”.

Carrió también cuestiona el proyecto de ley por las facultades que otorga a la comisión bicameral y el plazo del mandato de quien sea designado Procurador, que la ley fija en cinco años, mientras que la legisladora prefiere un mandato más extenso.

Respecto del juicio político a la Procuradora, Garavano dejó claro que “es un mecanismo que no está contemplado en la Constitución Nacional, por lo que es inconstitucional”, y explicó que la nueva ley del Ministerio Público “trata de corregir la situación” para que la titular del Ministerio Público “no tenga tanto poder”.

Dijo también que la discusión en torno a la nueva norma “ha generado también una discusión interna en el espacio de gobierno”, y afirmó que eso era “bueno”, porque habla de “un espacio democrático, con distintas voces y miradas”.

Mientras tanto, unos 40 fiscales se preparaban para asistir mañana a la sesión con el objetivo de manifestar su oposición al proyecto de ley. Así lo había adelantado la fiscal general Mónica Cuñarro en declaraciones a Radio del Plata, en las que precisó que “más de 40 fiscales, junto a varios colectivos, entre los que también hay algunas agrupaciones sindicales, vamos a ir, tranquilos, mañana al recinto con carteles con consignas”.

Para Cuñarro, “el objetivo (de la reforma) es cambiar figuritas de fiscales e intervenir de facto el Ministerio Público”.