Caso Castillo: el nuevo juicio recayó sobre jueces laborales

La defensora oficial elevó una queja para incluir a un magistrado del fuero penal pero fue rechazada. Ahora resta definir una nueva fecha para el juicio oral.

Caso Castillo: el nuevo juicio recayó sobre jueces laborales

El recurso de casación que interpuso la defensora Romina Martini fue rechazado por la Cámara Primera del Crimen que, a partir de esta definición, permitirá que la causa que investiga la muerte de Carlos Castillo tenga nueva fecha de juicio.

Luego de la anulación de la sentencia que dejó en libertad al único imputado, Omar Quintero, el Superior Tribunal de Justicia ordenó una nueva instancia oral y pública pero con distinta integración. Ante este pedido se resolvió designar un tribunal con jueces del fuero laboral de esta ciudad.

Martini planteó que era necesario contar con un juez penal, el planteo fue rechazado y tras confirmarse al nuevo tribunal la Defensora presentó un recurso de casación.

La Cámara interpretó que la abogada no pudo aportar argumentos que fueran avalados por otras jurisprudencias “en un esfuerzo por hacer decir a la Constitución lo que la Constitución no dice”.

El homicidio de Castillo, abogado y empleado judicial, ocurrió el 5 de junio del 2010. El joven de 30 años vivía junto a su madre en Dina Huapi, quien además tenía una despensa. Aquella noche un hombre intentó asaltar a su madre y Castillo salió en su defensa. Recibió un proyectil en la cabeza y murió el 8 de junio como consecuencia de las graves lesiones que sufrió.


Caso Carlos Castillo: peligra el segundo juicio

Carlos Castillo tenía 30 años la noche del 5 de junio de 2010. Era empleado judicial y trabajaba en el edificio de Tribunales de la calle John O´Connor al 20 de Bariloche. Vivía en una sencilla vivienda de Dina Huapi con su madre, Nilda Paletta, que tenía en el domicilio una despensa. El joven estaba feliz porque se había recibido de abogado y tenía proyectos con su novia. Esa noche, un sujeto intentó asaltar a su madre y Castillo salió en su defensa. Recibió un proyectil en la cabeza y murió el 8 de junio como consecuencia de las graves lesiones que sufrió.

Seis años y 8 meses después, el crimen de Castillo aún está impune. Y el segundo juicio contra Néstor Omar Quintero, que está imputado como presunto autor del homicidio de Castillo, está en riesgo, una vez más, porque aún no se pudo resolver la integración del tribunal.

En octubre pasado, el juicio se suspendió justamente porque no se pudo conformar el tribunal. Cuando falta un día para iniciar el juicio, según la fecha que la Cámara Criminal Primera fijó, se repite el mismo conflicto.

La defensora oficial Romina Martini, el fiscal de Cámara Martín Lozada y el abogado por la querella Raúl Ochoa, que representa a la madre de la víctima, cuestionaron que el tribunal se integre con los jueces laborales Marina Venerandi, Alejandra Paolino y Juan Lagomarsino.

La querella, la fiscalía y la defensa pidieron que jueces del fuero penal juzguen a Quintero por la complejidad del caso, explicó ayer Ochoa. Dijo que solicitaron que el juez de Instrucción Marcos Burgos o de ejecución penal Juan Martín Arroyo se incorporen al tribunal.

Pero Burgos y Arroyo se excusaron el año pasado porque plantearon que, de acuerdo a la normativa que regula el esquema de subrogancias, corresponde que el juicio se haga con camaristas aunque sean del fuero laboral.

Martini sostuvo que corresponde que Quintero, que se encuentra en libertad, sea juzgado por una mayoría de jueces de la especialidad penal.

Los jueces de la Cámara Criminal Segunda intervinieron en la etapa de instrucción. Y los jueces titulares de la Cámara Criminal Primera absolvieron el 28 de marzo de 2012 a Quintero por el beneficio de la duda. Por eso, no pueden ahora integrar el Tribunal de juicio.

Castillo será juzgado otra vez porque el STJ hizo lugar el 20 de diciembre de 2012 a los recursos de casación, que interpuso la fiscalía de Cámara y la querella contra la sentencia absolutoria, y dispuso que sea juzgado por otros jueces.

La defensora oficial María Rita Custet Llambí promovió un recurso de queja para que la Corte Suprema revisara el fallo del STJ. Pero la Corte declaró inadmisible la queja el 22 de abril de 2014.


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