El gobierno fue objetado por el traspaso de los vendedores de Onelli

La reubicación de los feriantes de calle Onelli fue objetada por el Tribunal de Contralor que exigió al gobierno municipal que instrumente un plan de ordenamiento de la vía pública en un plazo de 180 días porque el procedimiento carece de formalidad.

El Contralor “observó” el procedimiento encabezado el año pasado por el entonces jefe de Gabinete, Pablo Chamatrópulos, mediante el cual se creó un predio ferial para reubicar a los vendedores ambulantes que ocupaban la vereda de la calle Onelli y 25 de Mayo.

Los feriantes ocuparon su nuevo espacio en noviembre pasado tras un acuerdo con el municipio pero el Contralor objetó ahora que el proceso realizado no cuenta con la formalidad que requiere y necesita de un plan de ordenamiento en el que –entre otros puntos– se debe determinar un marco legal para el cobro de una tasa por cada puesto de venta.

En el extenso expediente del Contralor consta que el Ejecutivo realizó una contratación directa del predio ferial denominado “Sin fronteras” de Onelli al 1600 donde funcionan cerca de 100 puestos de venta.

El contrato de locación se extiende hasta 2019 con el aval de un dictamen de Asesoría Letrada y por un monto que partió en los 36.000 pesos el primer año, hasta febrero de 2018, continuará en 42.000 pesos por mes hasta febrero de 2019 y se extenderá a 48.000 pesos los siguientes meses.

Cada feriante paga entre 800 y 2.200 pesos como parte de “montos fijados de acuerdo a criterios comerciales definidos por los mismos feriantes en función de los rubros, de su propia determinación respecto de los lugares que ocupaban en la calle y la antigüedad de los mismos en la actividad comercial informal”, informó el Ejecutivo al organismo de control y precisó que por ejemplo en enero pasado la recaudación por esos puestos ascendió a 119.600 pesos.

El Tribunal de Contralor indicó que la información brindada por la Jefatura de Gabinete “no brinda claridad en relación al tratamiento brindado al proceso”.

Señaló además la “falta de registro o constancia de las reuniones realizadas con los feriantes, ni de los acuerdos alcanzados con éstos, especialmente a lo atinente a los montos y criterios para el pago de una tasa por el alquiler de los puestos, ni los mecanismos utilizados para asignar los mismos, o para asignar los recursos recaudados a la mejor de los puestos, del equipamiento y la infraestructura del ‘predio ferial’, que no brinda transparencia a los actos realizados”.

Las observaciones del Contralor y el pedido para transparentar todo el proceso fueron realizadas mediante la resolución 77 firmada el 29 de septiembre. Semanas antes en una nota publicada por “DeBariloche” el exjefe de Gabinete, Pablo Chamatrópulos, valoró estar “conforme con todo el proceso” y resaltó que “se logró el objetivo más importante que era la recuperación del espacio público. Y lo hicimos de la mejor manera”.

Más información: Diez meses después, aun está lejos la “feria modelo”.

“[El procedimiento] no nos permite dilucidar e identificar con la claridad que el tema merece si todos los feriantes estuvieron comprendidos en esta relocalización”,

El plazo