La Provincia deberá indemnizar a Bonefoi con 2,3 millones de pesos

La Provincia deberá indemnizar a Bonefoi con 2,3 millones de pesos

“El juez decidió hacer lugar a la demanda en su totalidad”, confió el abogado, y representante de la familia Bonefoi, Alejandro Pschunder acerca de la sentencia del juez Mariano Castro, quien comprobó el daño moral tras la muerte de Diego Bonefoi en 2010.

La sentencia fue comunicada esta tarde a los abogados que intervinieron en el caso. Pschunder explicó que el fallo condena al cabo Sergio Colombil y a la Provincia a indemnizar a los padres del adolescente por una suma cercana a los 2,3 millones de pesos “en concepto de todo lo que llevó el juicio”.

Según se pudo saber, Sandro y Mariela Bonefoi serán resarcidos con 800.000 pesos más los intereses generados. El saldo restante servirá para cubrir los honorarios de los abogados, los fiscales y los peritos que intervinieron en el proceso.

El letrado agregó que el juez consideró que no fue necesario probar el daño moral “cuando estaba probado el hecho”, dijo acerca de la condena que impuso la Cámara Primera del Crimen a Colombil.

Pschunder dijo que, además de esa sentencia, la denuncia fue acompañada por pericias psicológicas a los padres de la víctima que “dieron favorables”.

“El hecho ilícito y la pérdida del hijo a esa temprana edad hacen que el daño moral se de probado”, aseguró el abogado.

Para Pschunder la condena de Colombil fue el “punto importante”. Entendió que ese paso permitió demostrar que el autor material del asesinato lo hizo en su función como policía y que por eso la Provincia “es responsable por encontrarse (el agente) en funciones”.

El fallo determina que Colombil y el gobierno provincial son solidariamente responsables por lo que ambos pueden ser llamados a pagar la suma de dinero. “Vamos a ir contra la Provincia”, anticipó el abogado acerca de la liquidez del agente que cumple una condena de 20 años de prisión.

“Se logró el objetivo”, agregó y dijo que la causa de la muerte del joven quedó demostrada en la causa penal “y ahora la Justicia Civil también hizo lugar”.

Diego Bonefoi fue asesinado el 14 de junio durante una persecución policial. En esa oportunidad cayó al piso y recibió un tiro en la nuca disparado por Colombil. El asesinato desató la furia de un grupo de vecinos que atacó la Comisaría 28, hecho que derivó en la represión que le costó la vida a Nicolás Carrasco (16) y Sergio Cárdenas (27).

“Las familias nunca han bajado los brazos, y no van a aflojar justo ahora”. Los tiempos se acortan, pero la larga saga de recursos judiciales que mantiene irresueltos los crímenes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, no melló hasta ahora la paciencia de sus familiares.

Así lo aseguró Natalia Araya, una de las abogadas querellantes, quien consideró que está todo dado para que la investigación iniciada en 2010 llegue a juicio oral antes de fin de año. Los policías que actuaron en aquella despiadada represión y también sus superiores jerárquicos deberán sentarse en el banquillo.

Otra abogada del caso, Marina Schiffrin, se quejó por las continuas dilaciones y las “chicanas” judiciales de la defensa de los imputados. Dijo que en respeto del derecho de defensa se llega al extremo de otorgar “ultragarantías” por completo inusuales.

Dijo por ejemplo que el mes pasado, cuando lo notificaron del rechazo de un recurso, el ex jefe de la policía de Río Negro Jorge Villanova se permitió escribir “apelo”, lo cual obliga a llamar a su abogado para que fundamente ante el tribunal. “Es un exceso, porque esa herramienta no es para cualquiera sino para las personas que están presas y no tienen contacto con su asesor letrado”, explicó Schiffrin.

Nicolás Carrasco tenía 16 años aquel 10 de junio de 2010 cuando se sumó a la movilización de repudio del crimen de Diego Bonefoi, ocurrido esa madrugada, también a manos de un policía que ya fue condenado a prisión perpetua.

Una bala lo alcanzó en el barrio 169 Viviendas, a escasa distancia de donde se encontraba entonces la comisaría 28. Un rato antes había caído herido en circunstancia similar Sergio Cárdenas (29 años), quien falleció camino al hospital. Además hubo otras 13 personas que sufrieron distintas lesiones por disparos policiales.

La causa principal fue elevada a juicio en noviembre de 2015 por el juez de instrucción Ricardo Calcagno e involucra a los presuntos autores del homicidio en agresión de Cárdenas y los jefes policiales directos. (ver aparte).

Pero un año y medio después el debate oral todavía no tiene fecha, porque los jueces esperan unificarlo con “la parte dos” de la causa, en la que están procesados el ministro de seguridad Víctor Cufré y otros altos jefes.

Por el crimen de Carrasco no hay imputaciones directas porque en su caso –al diferencia de lo ocurrido con Cárdenas– fue imposible determinar cuáles son las posibles armas de las que salió el disparo.

Schiffrin aclaró sin embargo que “no hay duda de que fueron disparos policiales”, aunque la autoría no se pudo circunscribir. En la represión actuaron más de 50 uniformados y sólo tres de ellos quedaron señalados como posibles responsables del balazo con rebote que mató a Cárdenas, según lo demostró el perito en física forense Rodolfo Pregliasco.

Schiffrin dijo que la imposibilidad de acusar también por el homicidio de Carrasco demuestra la rigurosidad de la pericia. Pero subrayó que “no hay dudas de que lo mató un disparo policial”, ya que está probado que la refriega fue “entre 56 policías armados con Itacas y balas de plomo, y 37 chicos que sólo tiraban piedras”. Insistió en que “todos los cartuchos encontrados en el lugar son de armas policiales y las pruebas demostraron que no hubo tumberas”.

La abogada descontó que “si el expediente se mantiene activo es por la movilización popular” y dio por descontado que el juicio deberá realizarse a fin de año, con los jefes máximos incluidos. A estos últimos los consideró responsables –por lo menos– del operativo de represión “desproporcionado” que terminó en los dos asesinatos.

Araya también manifestó su expectativa de que el caso no cumpla ocho años impune. Pero evaluó que el contexto político complica todo, sumado a la defensa de los policías, que presentó “todos los recursos habidos y por haber”. Igual aseguró que “las familias (de Carrasco y Cárdenas) no van a bajar los brazos”.

Otro obstáculo para probar los hechos, según señaló Schiffrin, es la reticencia de los policías para contar lo ocurrido. “El caso es difícil de esclarecer porque no hay testigos. O mejor dicho, hay testigos policías, que mienten o callan –observó–. Por eso lo mejor es realizar cuanto antes el juicio oral y público, y cumplir con el derecho de toda la comunidad de enterarse lo que paso ese día y quiénes son los responsables de la tragedia”.

Los hechos y la causa

La instrucción de la causa está a cargo del juez Ricardo Calcagno. El primer tramo tiene imputados como autores materiales del homicidio en agresión de Sergio Cárdenas a los policías Marcelo Epuñan, Víctor Pil y Víctor Sobarzo, mientras que los comisarios Fidel Veroiza y Jorge Carrizo están acusados de homicidio culposo, todos con procesamiento firme y con pedido de elevación a juicio.

El tramo dos apuntó sobre la responsabilidad de las máximas jerarquías. Luego de una larga investigación avanzó hasta el procesamiento del exsecretario de Seguridad de la provincia Víctor Cufré, el exjefe de Policía Jorge Villanova y el exjefe de la Regional Tercera Argentino Hermosa, también por homicidio culposo. Los tres apelaron ya con recursos de prescripción que les fueron rechazados en un primer fallo de cámara, pero lo volvieron a plantear. “Está claro que la prescripción no corre cuando hay funcionarios públicos en sus cargos”, explicó la abogada querellante Natalia Araya.

El primer tramo de la causa apunta a los autores materiales. El tramo dos, a la responsabilidad de las máximas jerarquías.