Esperan dos dictámenes clave del Contralor

Las investigaciones por el supuesto desvío de $ 87 millones para obras y por la entrega de lotes en plena campaña electoral llevan casi un año en el Tribunal de Contralor. Prometen las primeras definiciones para los últimos días de diciembre.

A casi un año de la denuncia formulada por el intendente Gustavo Gennuso, el Tribunal de Contralor todavía no tomó decisión alguna sobre el millonario desvío de fondos que la Nación había enviado para obras públicas y la exintendenta, María Eugenia Martini, aplicó al pago de salarios.

La misma suerte corrió hasta ahora otra presentación similar realizada a comienzos de año por la entrega irregular de 63 lotes sociales, que Martini adjudicó en plena campaña electoral de 2015 sin verificar los méritos de los beneficiarios y sin una ordenanza que lo convalide.

El presidente del Tribunal, Damián Fuentes, admitió la demora y lo atribuyó a la complejidad de los casos, que obligó a realizar auditorías, pedir numerosos informes y elaborar dictámenes legales. Adelantó sin embargo que antes de fin de año tomarán una determinación.

A mediados de diciembre pasado, poco después de asumir, Gennuso denunció que Martini había desviado 87 millones de pesos (alrededor de tres masas salariales completas) correspondientes al fondo sojero, al plan calor y a distintas obras enmarcadas en proyectos nacionales como el Promeba, el Teatro Independiente, el gasoducto cordillerano y las 645 Viviendas.

La defensa del gobierno anterior es que esa utilización temporal de los fondos con otro fin está permitido por la ordenanza de Contabilidad, siempre que sean restituidos “dentro del mismo ejercicio”, es decir con fecha límite el 31 de diciembre, cuando Gennuso ya llevaba 23 días a cargo de la intendencia.

Los pasos que podría seguir el Tribunal de Contralor son el de desestimar la denuncia y responsabilizar a la gestión actual por no reponer el dinero o bien iniciar juicio de responsabilidad contra Martini y otros funcionarios involucrados.

Según la información disponible, a ésto último se le podría agregar una denuncia penal, tal como lo pidió expresamente Gennuso en su presentación. Una de las opciones en análisis es saltear el fuero ordinario y llevar el caso directamente a la Justicia Federal, porque el dinero comprometido proviene de las arcas nacionales.

Las diferencias internas en el Contralor no parecen ser ajenas a las dilaciones. La vocal Julieta Wallace (electa por el Frente para la Victoria) ya ha mostrado en otras actuaciones posiciones más favorables a la gestión Martini que sus dos pares Fuentes y Denise Casatti (Juntos), electos en la misma boleta que Gennuso.

La discusión técnica pasa por determinar a quién toca la responsabilidad del desvío y la no reposición del dinero. La lectura literal del artículo 44 de la ordenanza 669/91 (que habilita el empleo temporal de los fondos “frente a situaciones iliquidez de caja” dentro de un mismo ejercicio financiero) obligaría a culpar a la gestión actual.

Pero otra lectura advierte que “una norma municipal no puede estar por encima de otra nacional”, que obligaría a respetar estrictamente el destino original del dinero transferido “tal como figura claramente en los contratos de cada obra”.

En el caso de los lotes, el trámite también es de difícil resolución y además de Martini el dictamen final podría comprometer al extitular del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, Jorge Paolinelli.


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