La Justicia rechazó un amparo por la cesión de tierras en Dina Huapi
El juez Mariano Castro desestimó el planteo de un vecino que pretendía frenar la audiencia pública de esta tarde. Dijo que la Justicia no tiene facultades para medir “aciertos o desaciertos políticos”.
La Justicia rechazó un amparo por la cesión de tierras en Dina Huapi
El intento por frenar la audiencia pública de esta tarde en la que se analizará la cesión de tierras fiscales a un sanatorio privado, fracasó ya que el juez en lo Civil Mariano castro rechazó el recurso de amparo interpuesto diez días atrás por un vecino.
La medida judicial fue presentada por Néstor Callegari quien planteó como medida cautelar suspender la audiencia pública que este lunes a las 20 se realizará en Dina Huapi y solicitó que se realice un plesbiscito vinculante y se reformule la ordenanza en relación a la cesión de un espacio público al Hospital Privado Regional del Sur S.A.
Cabe recordar que además de este amparo -que ahora fue rechazo- el Tribunal de Contralor de Dina Huapi realizó otra presentación judicial cuestionando la audiencia pública.
El juez Castro cuestionó que el vecino llegue a la instancia de amparo sin agotar otras vías de reclamo y señaló que “no se advierte que se configure una afectación de los derechos invocados, ni concurren los requisitos de ilegalidad y/o arbitrariedad manifiesta”.
Agregó en el fallo que “los jueces -en principio- no tienen facultades para revisar el acierto o desacierto político de las normas dictadas por los restantes poderes del Estado, ni valorar o emitir juicios generales de las situaciones cuyo gobierno no les fue encomendado, porque ello implicaría invadir ámbitos de otros órganos, violando la división de poderes”.
El juez apuntó además que en este caso, el municipio convocó a una audiencia pública para tratar un proyecto de ordenanza que fue aprobado en primera vuelta y requiere doble lectura.
Castro evaluó que la audiencia pública es “el derecho colectivo o individual que tienen los habitantes de dar y recibir opinión e información sobre las actuaciones político-administrativas, en forma verbal, en unidad de acto y con temario predeterminado” por lo que “configura una verdadera herramienta a fin que el amparista haga valer sus derechos”.
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