Por ahora, el camino de sirga sigue angosto

El proyecto para ensancharla no fue tratada en la última sesión ordinaria de Diputados y podría perder vigencia si no se lo incluye en extraordinarias.

02 dic 2016 - 00:00
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El levantamiento de la última sesión ordinaria en la Cámara de Diputados dejó un centenar de proyectos sin tratar, entre ellos el que busca restituir el derecho al uso público de la franja de 35 metros que bordea a los arroyos, ríos y lagos.

Varios dirigentes sociales y ambientalistas de Bariloche y la región habían viajado especialmente a Buenos Aires para reclamar la aprobación de la ley que impulsó la senadora Magdalena Odarda (CC-ARI) y que ya contaba con media sanción de la Cámara Alta.

El riesgo ahora es que pierda “estado parlamentario” y el trámite vuelva a comenzar desde cero, aunque ayer había gestiones para que el oficialismo acepte incluir la iniciativa en sesiones extraordinarias.

Originalmente la franja costera conocido como “camino de sirga” tenía un ancho de 35 metros, según lo establecido en la primera redacción del Código Civil, aprobado en el siglo XIX. Pero con la reforma que entró en vigencia el año pasado, la restricción fue reducida a 15 metros.

Ana Wieman, militante de la organización Árbol de Pie, dijo ayer desde Buenos Aires que lo ocurrido fue “una vergüenza”, porque la pulseada entre oficialismo y oposición por otros temas “provocó que se cayeran más de cien leyes”.

Dijo que a último momento existió un pedido de sesión especial “con la firma de diez diputados” para tratar exclusivamente el camino de sirga, pero tampoco prosperó. “Parece que tenían miedo de que metieran por sorpresa otras leyes”, conjeturó.

La bronca de Wieman se debe a que los votos estaban casi asegurados porque el proyecto de Odarda había sido aprobado por unanimidad en el Senado y llegó al plenario de Diputados con dictamen favorable de dos comisiones.

La senadora Silvina García Larraburu (FpV) lambién lamentó la postergación sufrida por la ley y abogó porque “el Ejecutivo demuestre compromiso con el tema y lo lleve a extraordinarias”. Recordó que el acceso público a las costas es un tema muy sensible en toda la Patagonia.

García Larraburu consideró que la sesión frustrada del miércoles impidió el tratamiento por razones que no tienen que ver con el contenido del proyecto. “Es evidente que quedó en medio del fuego cruzado”, opinó.

Odarda, en tanto, confesó por twitter su “dolor e indignación” y denunció que en Diputados “suspendieron la sesión sabiendo que se cae el proyecto de costas libres”. También consideró “vulnerada” la función de la Cámara de Senadores, que había aprobado su proyecto sin disidencias.

Wieman siguió de cerca las negociaciones en el Congreso junto a otros referentes sociales, entre ellos Ángel González, de San Martín de los Andes, cuyo hijo fue asesinado en 2006 por el cuidador de un complejo costero. Algunos se encadenaron para llamar la atención sobre la urgencia de recomponer el camino de sirga.

Wieman dijo que si no lo consiguen esta vez insistirán el año próximo. Señaló que la modificación del Código Civil “lo que buscó es legitimar las construcciones y los avances ya existentes sobre esos 20 metros” que fueron sustraídos al uso público.

Un derecho con larga historia

La restricción a la propiedad privada que pesa sobre los terrenos costeros nació ante la necesidad de garantizar la navegación de ríos, arroyos, lagos y canales, cuando eran usados con mucha mayor asiduidad para el transporte de personas y mercancías.

Se llama “camino de sirga” debido a las cuerdas o “sirgas” empleadas para remolcar embarcaciones desde tierra, valiéndose de bueyes, caballos o equipos de cinchadores. La regulación que impedía emplazar cualquier construcción en una calle de 35 metros a contar desde la línea de ribera integra diversas legislaciones desde hace siglos y siempre funcionó como una servidumbre de uso público, sin compensación económica.

En el derecho moderno, según explicó el abogado Darío Rodríguez Duch, la importancia de la navegación ya no es la misma, pero sí avanzó la demanda social por asegurar el usufructo público de las costas, al punto de constiuirse en un “derecho ambiental”, reconocido por convenios internacionales.

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