Tras las denuncias, salen a controlar

La repetición de quejas por precios abusivos en comercios, en el aeropuerto y en algunos alojamientos demandó ayer la intervención de la Oficina Municipal de Información y Defensa del Consumidor (Omiduc), que realizó un operativo de calle para comprobar las denuncias.

Los medios de comunicación recibieron denuncias y en la Defensoría del Pueblo municipal hubo presentaciones de turistas varados por lo que libró pedidos de informes a las líneas aéreas, a la empresa Aeropuertos 2000 y a otros prestadores, aunque a sabiendas de que no tiene facultad sancionatoria y que las gestiones sólo sirven de “presión” ante los responsables para que brinden un trato acorde.

La Defensora del Pueblo, Beatriz Oñate, señaló como caso paradigmático el de la aerolínea Andes, “que no tenía personal de mostrador en el aeropuerto y sólo brinda información por un teléfono 0800, de lunes a viernes”.

Oñate trabajó también en coordinación con la Defensoría del Turista de la ciudad de Buenos Aires para atender casos puntuales de atraso en los vuelos y problemas con reservas hoteleras.

El jefe de la Omiduc, Guillermo Perea, dijo que realizaron tareas de control y fiscalización en supermercados, “por desabastecimiento de pilas, velas y agua mineral”. Dijo sin embargo que tienen en consideración lo “atípico” del fenómeno climático, al que emparentó con la erupción volcánica de 2011.

Perea confirmó que hubo mucho enojo con los sobreprecios en el aeropuerto y “con la falta de prestación de servicios básicos”.

En relación con la hotelería, mencionó casos de pasajeros que al no tener calefacción y agua caliente para bañarse pidieron irse del hotel o bungalow y reclamaron sin éxito la restitución del dinero.

“Es algo que no está contemplado -aseguró-, y la situación se complica más cuando contrataron anticipadamente por internet y pagaron con tarjeta”.

Ley de Abastecimiento

Perea dijo que en los comercios controlan que los precios estén en exhibición y sean respetados, y también que tengan los stocks a disposición, ya que de otro modo “se puede aplicar la Ley de Abastecimiento”.

Perea no pudo confirmar si hubo sanciones efectivas en la época del volcán, y admitió que ahora las herramientas de fiscalización son todavía menores “porque aquella vez había un decreto de la provincia para aplicar la ley de abastecimiento y una ordenanza de emergencia volcánica en el municipio, que ahora no existen”.

La Defensora del Pueblo Beatriz Oñate señaló que fue requerida “por la fiscalía” ante un caso de “abandono de persona” en la terminal, atribuido a la empresa Andesmar. Refirió también que los abusos con los precios existieron y le tocó vivirlos en carne propia. “Le pedí la pala por un instante a una mujer, para mover mi auto, y me dijo que no podía prestarme y que tenía para vender, a 1.400 pesos -aseguró-. Hay solidaridad, pero también hay una cosa ventajera de algunos comerciantes, que es repudiable”.

Transporte y hotelería

Entre el sábado y el domingo generó mucho malestar la dificultad para conseguir taxis. El expresidente de la asociación que los agrupa, José Luis Andrada, dijo que no hubo retaceo de servicios y que de los 207 autos con licencia “más de 190 salieron a trabajar”. Dijo que están equipados para llegar a todos los barrios y que “no menos de 15 terminaron con golpes, sobre todo en el paragolpe trasero”, por otros autos con problemas para frenar. Desmintió que hayan cobrado de más, porque “es imposible alterar el reloj”. Un viaje a Catedral cuesta 320 pesos “y no más que éso”, dijo Andrada.

En algunos hoteles y cabañas estuvieron largo tiempo sin luz, pero intentaron mantener el servicio a sus huéspedes. En cabañas Golondrinas apelaron a la leña y en el complejo Rupu Pehuen reconocieron dificultades con las reservas. “Hubo que reubicar a algunas personas, pero el dinero no se reembolsa”, aseguraron.