Una cervecería pagó 4 millones al municipio por derechos de publicidad
Es un gravamen que existe desde 2011 pero que la mayoría de las grandes marcas se resisten a pagar e impugnan.
Una cervecería pagó 4 millones al municipio por derechos de publicidad
El municipio logró acordar con la cervecera Quilmes SA el cobro de 4,1 millones de pesos por los derechos de publicidad correspondientes al período 2012/2016, un gravamen que otras grandes marcas siguen impugnando.
El último viernes el intendente Gustavo Gennuso firmó la resolución que ratifica ese convenio con la cervecería y el mismo día emitió otras dos que rechazan las impugnaciones al mismo gravamen intentadas por la empresa láctea Nestlé Argentina SA y Embotelladora del Atlántico SA (Coca Cola y otras gaseosas).
El municipio ratificó su potestad para determinar los derechos de publicidad y propaganda dentro de su jurisdicción y citó un fallo de 1997 en un litigio entre Telefónica de Argentina y el municipio de Chascomús.
Cuando las empresas no presentan declaraciones juradas el municipio realiza determinaciones de oficio e intima el pago. En 2011 tercerizó esas tareas mediante licitación privada y las encargó a la empresa Publicanos SA.
Las grandes firmas suelen presentar recursos jerárquicos de apelación. El principal motivo de desacuerdo tiene que ver con los anuncios y cartelería publicitaria instalada dentro de los comercios con acceso al público.
Para aclarar ese punto la ordenanza fiscal 2374 estableció que “constituye hecho imponible la colocación e instalación o exhibición de todo tipo de anuncio publicitario en la vía pública o visible desde la vía pública o en los lugares que reciben asistencia de público”.
El caso más singular es el de Cervecería y Maltería Quilmes, que aceptó pagar el tributo reclamado por el municipio y firmó un convenio para saldar la deuda correspondiente al período fiscal 2012/2016, que sumó al 30 de abril pasado -con capital e intereses- un total de 4.117.833 pesos.
En cambio Embotelladora del Atlántico y Nestlé recurrieron las intimaciones de pago y desconocieron la competencia municipal en esa materia.
Gennuso señaló que de las actas de fiscalización y constatación realizadas por personal municipal “resulta acreditado el hecho imponible”. El intendente decidió rechazar las impugnaciones e insistir con las acciones de cobro.
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