“Los docentes son empleados del público, aprovéchenlos”

Parece que la mayoría de las personas supone que un empleado público es tal porque trabaja en un organismo público –o no privado– o porque el público lo ve en su escenario laboral o cualquier otra suposición, pero no que es empleado “del” público, de todas las personas y asociaciones que, a través de los impuestos, le pagan su sueldo para que realice aceptablemente determinado trabajo. Son empleados “del” público “todas” las personas que trabajan en hospitales públicos, municipalidades, escuelas y colegios públicos, organismos judiciales, nacionales, provinciales, municipales, etc.; inclusive escuelas privadas, fundaciones, ONG, etc., que reciban subsidios estatales.

Se mete la pata al olvidar el “del”, y parece que no fueran empleados “del” público, que es el que sostiene económicamente no sólo a la masa salarial sino también los gastos de funcionamiento (bueno o malo), inversiones (esté el público o no de acuerdo), etc. El patrón de todas esas personas, incluidos directores, jefes, intendentes, jueces, fiscales, gobernadores, presidentes, es la gente, el pueblo “soberano”, y como tal puede requerir de sus empleados cualquier información que necesite conocer, que no sea estrictamente privada, sobre todo la información referida a su desempeño laboral. Parece también que mucha gente cree que el Estado es un señor grandote al que se le puede pedir cualquier cosa, porque mete la mano en sus bolsillos grandotes y saca plata para darles. Cuando un gobernante entrega subsidios o aportes no los saca tampoco de su bolsillo. Quiero desilusionar a esa gente diciéndoles que ese señor grandote no existe, que lo que existe es el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos que pagan sus impuestos, la mayoría con el fruto de su trabajo. Entonces, un empleado estatal es un empleado “del” público.

Y ahora voy al grano: se enojan los docentes porque quieren evaluarlos. En primer lugar, no perciben que el objetivo fundamental del plan lanzado es probar que no sólo el público sino los propios docentes aceptan que muchos carecen de formación suficiente para aceptable desempeño, como ya está demostrado por la repitencia, deserción escolar, etc. Al enojarse hacen lo que los evaluadores quieren, que es evidenciar tal carencia, y entonces ya cumplen su objetivo y hasta no necesitan hacer realmente la evaluación. Por el contrario, los docentes deberían haber dicho “¡Por fin nos evalúan! ¡Les queremos demostrar que nos merecemos más que lo que nos están pagando!” y manifestar en documento oficial, aunque no se los preguntaran, que la escuela carece de condiciones, que los sueldos son insuficientes, que los alumnos tienen muy poca educación familiar, que las tareas complementarias como dar alimentos a los alumnos debieran organizarse con personal y medios complementarios adecuados, que el presupuesto en educación es insuficiente, etc., causas que también influyen significativamente en los malos resultados señalados.

Y en segundo lugar, no perciben que los evaluadores hubieran tenido que comentar al pueblo todas estas acotaciones hechas por los docentes, y a renglón seguido proponer ellos qué, cómo, con qué, cuándo, piensan hacer algo para solucionar el problema, pues el objetivo real de la evaluación no puede ser otro que intentar solucionar el problema educativo, ¿o quieren saber por saber y nada más? ¿O quieren saber para echar la culpa a los docentes y que nos embromemos todos? El gobierno, el Ministerio de Educación, los evaluadores y el público saben que los docentes en general, como muchos otros empleados públicos y no públicos, necesitan “capacitación constante” para desempeñarse aceptablemente, porque la dinámica de la sociedad así lo requiere. Sugiero en particular a los empleados “del” público conducirse al revés de lo actuado: requerir evaluación y capacitación constante, así podremos exigir a nuestros empleados gobernantes que inviertan nuestros aportes en lo que más se necesita.

Luis Enrique Anzorena

DNI 8.149.182

Luis Enrique Anzorena

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