“Preocupación ante los ataques al juez Maximiliano Camarda”

18 oct 2016 - 00:00
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    Los abajo firmantes, profesionales del Derecho, que pertenecemos o hemos pertenecido al Poder Judicial de Río Negro, vemos con enorme preocupación los ataques de los que está siendo objeto el señor juez de Instrucción, doctor Maximiliano Camarda.

    Se recordará que en el mes de noviembre del 2014 un grupo de manifestantes produjo diversos daños en el edificio de la Ciudad Judicial (véase diario “Río Negro” del 28 y 29 de noviembre del 2014, “La Comuna” del 1/12/2014 y también La Super Radio (96.3) 29/11/2014). Durante los incidentes, el accionar policial permitió aprehender a varios manifestantes que resultaban sospechosos de haber producido los destrozos (ver mismo lugar). Los imputados quedaron a disposición del señor juez de Instrucción, doctor Maximiliano Camarda. A continuación, se interpuso un hábeas corpus a favor de los detenidos, que fue denegado por el juez y éste acto seguido se abocó a una extensa ronda de indagatorias, que el diario “Río Negro” del 2/12/2014 calificó de “maratónica”. Tras ello los imputados fueron liberados, aunque continuaron sujetos al proceso.

    La denegatoria del hábeas corpus provocó que el doctor Camarda fuera denunciado ante el Consejo de la Magistratura.

    Los suscritos no estamos en condiciones de opinar sobre el acierto o no del rechazo del hábeas corpus o de las posteriores decisiones que el Dr. Camarda haya tomado en esa causa, pero debemos resaltar que hasta el presente sus resoluciones no han sido revocadas, que el magistrado no fue sometido a ningún proceso penal por estas cuestiones y que tampoco –pasados casi dos años– tiene en trámite ningún procesamiento disciplinario ante el Consejo de la Magistratura (v. ADN, 26/9/16).

    A pesar de ello, en las últimas semanas nos hemos enterado que las autoridades universitarias de posgrado consideraron que él denegó indebidamente el hábeas corpus y que por eso había sido denunciado. Consideramos que se trata de una deplorable intromisión de las autoridades universitarias en asuntos judiciales que no les competen. Es una conducta impropia de tales autoridades, que se atribuyen el poder de “monitorear” la labor judicial (al menos así parece serlo en este único caso) y decidir, por sí y ante sí, que el juez de Instrucción debió resolver de una manera distinta. No se detienen a pensar que este magistrado pueda haber cumplido con su deber en la forma en que rectamente lo entendió.

    Lamentamos que las autoridades universitarias exhiban tanta intolerancia y tan poco respeto por las instituciones y el Poder Judicial.

    Por supuesto, se podría argumentar que la facultad no ha “sancionado” al docente-juez sino que, solamente, le ha “denegado un nombramiento, distinción o privilegio”.

    Pero lo cierto es que esa denegación se produjo por las decisiones que el docente tomó como magistrado. Y “objetivamente” han producido una afectación a la independencia judicial y un indebido condicionamiento a la actividad como magistrado, no sólo del docente-juez del que se trata sino también de otros docentes-jueces que en el futuro podrían verse ante similar situación.

    Exhortamos a las autoridades universitarias a reflexionar sobre la situación provocada y corregir estos desvíos institucionales que, esperamos, no tengan segundas partes ni hagan escuela.


    Graciela E. Echegaray

    DNI 20.124.458

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