Acusan de homicidio al inquilino de la mujer asesinada en Santa Clara

Un fajo de 39 mil pesos atado al tobillo comprometió la situación de Roberto “Chucky” Pacheco, uno de los imputados por el homicidio de Lucinda Carmen Gutiérrez. La mujer de 87 años fue hallada sin vida el miércoles 9 de agosto y ayer la fiscalía acusó al inquilino de homicidio agravado por alevosía. El otro procesado es el hijo de Gutiérrez quien tiene el agravante del vínculo.

Además, la jueza de garantías Florencia Caruso dio lugar al pedido del fiscal Marcelo Gómez y ordenó la prisión preventiva de dos meses para el acusado. Caruso mantuvo la calificación que propuso la parte acusatoria y no dio lugar al pedido de la defensa que pretendía el encuadrar el hecho como homicidio simple. La defensa impugnó la preventiva y hoy se haría la audiencia con otro juez quien revisará la decisión de Caruso.

El fiscal, quien presentó pruebas testimoniales y nuevas pericias para intentan esclarecer el caso, justificó el dinero como el móvil del crimen. “Cuando se le preguntó el origen del dinero dijo que era por un trabajo pero no dio demasiado detalles. En la casa de la víctima estaba todo revuelto”, expresó.

Según la versión de la fiscalía, los presuntos victimarios golpearon salvajemente a la mujer, quien perdió mucha sangre, sufrió la fractura de varias costillas y “agonizó” varios minutos antes de morir producto de las “hemorragias”. Esa fue la razón de la calificación de alevosía que estira la pena a prisión perpetua.

Caruso argumentó que encontró “sólidos” los argumentos de la defensa para dictar la prisión preventiva ya que el hombre se fue del domicilio que alquilaba, atrás de la vivienda de la víctima, en el barrio Santa Clara y fue hallado con una importante suma de dinero atada en su pierna.

Entre la prueba propuesta, Gómez aseguró que un vecino vio a los dos imputados “tomando algo” en el lugar, horas previas al homicidio. Una vecina indicó que escuchó “varios ruidos” en la vivienda de la mujer.

El cuerpo lo halló una mujer que asistía a Gutiérrez ya que tenía problemas de movilidad. “Cuando ingresó la mujer estaba tirada boca abajo en un costado de la cama”, relató. Los homicidas “aprovecharon que la mujer dormía y a golpes de puño y patadas” la mataron, según la fiscalía.

Ahora, le tomará muestras de sangre a los imputados para cotejarlos con las pericias que realizó el gabinete de Criminalística. Además se harán varias pericias que servirán para esclarecer el hecho. El próximo paso es el control de acusación. Allí la fiscalía deberá proponer las pruebas de la investigación y el juez resolverá en el momento si hay juicio o no.

Con el nuevo Código, la fiscalía tiene cuatro meses para definir la investigación. Las pruebas se presentan en la audiencia de control de acusación.

Las demoras para definir el defensor

Durante una hora, los pasillos del Poder Judicial se convirtieron en una avenida donde circulaban a gran velocidad y con cara de preocupación, fiscales, defensores y administrativos. La Oficina Judicial había designado a Juan Pablo Piombo, como defensor de Roberto Pacheco, pero se excusó porque había sido defensor en la audiencia de formulación de cargos del hijo de la víctima quien en su testimonio acusó a Pacheco del crimen.

En su lugar se designó a Laura González Vitale. Cuando comenzó la audiencia Vitale explicó que ella era defensora de ejecución. Es decir de los presos que ya tienen condena. Exhibió una resolución de la Defensoría General que avala su exclusividad en materia de ejecución penal. La jueza, entonces, llamó a un cuarto intermedio hasta que se resolviera la situación. Durante 60 minutos hubo varias reuniones y finalmente Vitale se hizo cargo de la defensa.