El Consejo de Seguridad no tendrá un fondo específico

El Concejo Deliberante (CD) archivó el proyecto que buscaba recursos económicos para financiar al Consejo de Seguridad local. La iniciativa que impulsó la presidenta del cuerpo, María Elisa Lazzaretti (ARI), pretendía incluir en las tasas municipales un aporte optativo que sería destinado al órgano de seguridad. Sin embargo el despacho de la Comisión de Gobierno que preside el concejal Miguel Aninao (ARI) propuso archivar el proyecto. La moción fue aprobada por mayoría con cuatro votos a favor y uno en contra, el de Lazzaretti. Además de Aninao votaron la moción Marcela Linhardo (ARI), Diego Rudy (ARI) y Alejandra Villagra (ARI). La edil opositora María Eugenia Villarroel (FpV) no estuvo presente en la sesión.

“El despacho es para el archivo de la iniciativa. El Consejo de Seguridad es un ente autárquico y si recibe algún aporte del municipio deberían recibirlo todos los consejos, por eso consideramos que es inoportuno”, esgrimió Aninao en defensa de la negativa al proyecto.

Lazzaretti pidió la palabra luego de la votación e indicó que la iniciativa tenía que ver con “una necesidad imperiosa” de mayor seguridad. “En una reunión que se hizo meses atrás hubo muchas inquietudes por parte de los vecinos por los problemas de inseguridad”, explicó la presidenta del órgano.

“No es que el municipio no esté colaborando, todo lo contrario hay una partida de más de un millón de pesos destinados a la seguridad”, replicó Aninao.

Ayer, y tras 41 días de parate, el Deliberante también aprobó la cesión de un terreno para los vecinos del barrio Capellán que habían solicitado un espacio para una destacamento policial. Según Aninao los propios habitantes se encargarán de financiar la construcción.

Además se aprobó por unanimidad la regularización de deudas del “Programa Regional de Emprendimientos Sociales (Redes), con el objeto de cancelar deudas de 152 beneficiarios. La suma a cobrar supera el millón de pesos. “Con esos recursos se pueden financiar otros proyectos”, argumentó Linhardo.

proceso de referéndum

Finalmente ayer se concretó la entrega de seis mil firmas que recolectó un grupo de ciudadanos para solicitarle al poder legislativo que de marcha atrás con la ordenanza del aumento del boleto urbano de Pehuenche. El CD tiene 30 días para tratar el proyecto. Si es rechazado, el intendente tiene 3 días para llamar una referéndum. Para darle curso deberá tener el aval del 20% del padrón electoral que ronda los 12 mil habitantes.

El proyecto fue presentado por Patricia Rodríguez y Santiago Varela quienes criticaron los dichos del titular de la empresa Juan Manuel Trasarti. El responsable de Pehuenche aseguró en LU19 que “si juntan firmas, junten para alimentos para la gente que no come, porque esto es perder el tiempo”.

“Es inoportuno. Se trata de un órgano autárquico, debería modificarse el organigrama e incluir un área de seguridad”,

argumentó en contra del proyecto el concejal Miguel Aninao (ARI).

“Estuvimos con algunos concejales en la reunión con los vecinos que manifestaron la preocupación por la inseguridad”,

manifestó la presidenta del Concejo, María Elisa Lazzaretti (ARI).