La fiscalía tiene otra chance de resolver el caso Otoño

Otoño Uriarte fue hallada sin vida seis meses después de su desaparición. La degradación del cuerpo, llevaba mucho tiempo bajo agua, obligó a los peritos a realizar una ADN mitocondrial que define el linaje femenino ya que es una de las células más resistentes. La dificultad para hallar pruebas se sumó a algunas impericias en el proceso de instrucción y a la sospecha, siempre latente de la familia, de que el poder político y judicial estaban involucrados en la muerte de la joven de Fernández Oro.

Otoño desapareció el 23 de octubre de 2006 y apareció el 24 de abril de 2007 en el canal del El Treinta. La hipótesis de que fue secuestrada para la trata de personas no llegó a fondo y algunos indicios que no fueron investigados son las razones por la cual la causa sigue impune. Rastros que se no profundizaron, pruebas que no fueron analizadas sembraron un manto de sospecha sobre la investigación.

A fines del mes pasado el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro falló a favor de un recurso de casación y evitó que la causa por el crimen de Otoño se archive. El exfiscal José Rodríguez Chazarreta presentó la medida apelando los sobreseimientos de los seis imputados. Así, el Superior le devolvió a la fiscalía la posibilidad de reabrir la causa. Los seis implicados al proceso están acusados por encubrimiento agravado.

La semana pasada el fiscal general Marcelo Alvarez estuvo en Cipolletti reunido con el fiscal Marcelo Gómez, la querella y una familiar de la víctima para trabajar en la estrategia.

Alvarez se mostró optimista y señaló que la resolución del STJ “permite el aporte de nuevas pruebas. Se está trabajando en la estrategia probatoria. Tenemos esperanzas en modificar este escenario probatorio e incorporar nuevos elementos”.

Con la nueva disposición de las unidades temáticas del Ministerio Público Fiscal, la causa recayó en la fiscalía de Marcelo Gómez. Será el tercer representante del Ministerio Público Fiscal que comande el proceso de instrucción, luego de Oscar Cid, desplazado de la investigación y Chazarreta, que dejó el proceso tras jubilarse el año pasado.

Con la reforma del Código Procesal Penal, que se pondrá en vigencia en agosto próximo, la fiscalía y la querella tienen 4 meses para avanzar en la causa y brindar pruebas que sean suficientes para que la jueza del juzgado de Instrucción N° 2 Sonia Martín procese y eleve la causa a juicio. Así lo establece el artículo 153 del nuevo paradigma procesal.

Al limite que fija el código nuevo se le suma la discusión por la posible prescripción de la figura del encubrimiento.

“La causa continúa su curso normal, se vuelve a la etapa de la falta de mérito. Esto permite el aporte de nuevas pruebas”

Marcelo Alvarez, fiscal general de Río Negro.

Nuevo Código