Opinión: El Código, en cuestionamiento

Además del endurecimiento de las penas para conductores alcoholizados, se reeditó la discusión, vigente desde los años noventa, de la “moral y las buenas costumbres”.

Datos

Algunos artículos del Código de Faltas estuvieron en boca de muchos cipoleños en los últimos días. La modificación del artículo 158 que prevé penas más duras para las infracciones por conducir alcoholizado abrió el debate. La publicación en el Boletín Oficial dejó al descubierto otro artículo que fue el más discutido, el 158. Se trata del capítulo cuatro denominado: “De la moral y las buenas costumbres”. Dicho apartado tiene vigencia desde la década del ´90 y sostiene, entre otras cosas, que el órgano fiscalizador puede multar a un comercio por tener un aviso con errores de ortografía. Desde el Ejecutivo aseguraron que la normativa no se fiscaliza, pero los ciudadanos lo criticaron y lo tildaron de “retrógrado” en las redes sociales.
En el ocaso de la semana pasada, la comisión de Gobierno se reunió con la jueza de Faltas Sabiana Goicochea para escuchar su opinión sobre el estatuto contravencional.
Así, el Concejo Deliberante comenzó a discutir el nuevo Código de Faltas que será modificado en el transcurso del año. A esta altura parece una obviedad que la definición de la moral y las buenas costumbres no estará determinada por la arbitrariedad de un artículo.
El Deliberante eligió una medida conductista para hacerle frente a los conductores alcoholizados. En casos extremos, el castigo económico puede llegar a los 170 mil pesos. Muchos autos que circulan por Cipolletti cuestan menos que eso.
Esta modificación fue la punta de flecha de este Deliberante de cara a una reforma radical que tendrá, según sus propios autores, un “nuevo paradigma”.
En contraste con esta iniciativa pavloviana, el objetivo del nuevo estatuto contravencional es buscar la prevención. En el caso de los conductores alcoholizados habrá que realizar una capacitación obligatoria para recuperar el carnet de conducir.
Lo más innovador que se prevé en este inicio de reforma es el concepto de utilidad pública que pretende que en lugar de pagar una multa, los infractores brinden un servicio a la comunidad.

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