Por los incendios y vientos postergan la tasa a las tierras improductivas

El Municipio cipoleño anunció que la aplicación será desde agosto, aunque tampoco se descarta su derogación.

03 ene 2018 - 00:00
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El Municipio resolvió postergar hasta agosto la puesta en vigencia de la ordenanza que establece un gravamen a las tierras improductivas que están bajo riego en el ejido cipoleño.

El Poder Ejecutivo emitió un comunicado informando que “por los eventos climatológicos del último año” la tasa municipal que ronda los 15.000 pesos por hectárea se aplazará “hasta el 1 de agosto”.

Si bien esa es la versión oficial, es cierto que las fuertes críticas por parte de los chacareros hizo dudar al intendente Aníbal Tortoriello (Pro) y a su equipo de trabajo. Tanto es así que no se descarta una posible derogación de la ordenanza, que se sancionó en diciembre del 2016 para que se ponga en vigencia en marzo de este año.

La semana pasada una comisión de productores hizo público su rechazo a la normativa y aseguraron que irían “hasta las últimas consecuencias” para lograr derogar la ley que según ellos “es inconstitucional”.

El Municipio informó que decidió postergar por unos meses más el cobro de la tasa a las chacras que no produzcan fruta y que no hayan presentado un proyecto alternativo para que las tierras tengan un fin productivo. La iniciativa se dio luego de analizar los daños ocasionados por incendios producto del temporal de vientos que se dio en octubre. Hasta el momento no se presentó ninguna alternativa productiva, una condición necesaria para evitar la multa en caso de no producir fruta.

“En el transcurso del año pasado se han sucedido importantes eventos climatológicos con fuertes consecuencias en los establecimientos rurales, entre los cuales deben contarse el incendio de distintas chacras, que sucediera al temporal de viento ocurrido en el mes de octubre pasado”, expresó la resolución emitida por el Ejecutivo.

La ordenanza había sido impulsada por el exintendente y actual gobernador, Alberto Weretilneck, y entró en vigencia el anteaño pasado. Aproximadamente implicaba el pago de unos 15.000 pesos anuales por hectárea.

Resolvieron entonces que se disponga “la prórroga hasta el 31/7/18, de los plazos reglamentados en la resolución”, destacaron, y precisaron que esto será para “corroborar mediante la realización de nuevas inspecciones las modificaciones que puedan haberse dado en virtud de los eventos climatológicos antes detallados”, finalizaron.

“Sería terrible perder las tierras que con tanto esfuerzo compraron y cultivaron nuestros abuelos. No nos vamos a dar por vencidos. Se irá a la Justicia si es necesario porque esto es inconstitucional”, aseguró Marcela Amaolo, cuarta generación de productores y una de las integrantes de la comisión que se formó para combatir la ley.

“Sería terrible perder las tierras que con tanto esfuerzo compraron y cultivaron nuestros abuelos. No nos vamos a dar por vencidos”.
Marcela Amaolo, cuarta generación de productores e integrante de la comisión que combate la ley.