Abombados

Redacción

Por Redacción

En las últimas semanas se dio a conocer por diferentes medios que más de un centenar de personas, entre adultos y menores, fueron puestas a disposición de la Justicia por acusaciones de amenazas de bomba a colegios bonaerenses.

La ola de intimidaciones comenzó el 1 de septiembre pasado. Ya se recibieron al menos 2.800 llamadas con amenazas a establecimientos educativos de acuerdo a las fuentes oficiales. Los operativos realizados por la DDI arrojaron que muchos de los llamados fueron realizados por adolescentes, otros por padres de los mismos y hasta incluso por personal de los colegios.

La ola de amenazas de bomba en las escuelas se propagó a la Ciudad de Buenos Aires luego de las PASO, a razón de 20 casos de amenazas diarias, siendo la más reciente la ocurrida en el Lenguas Vivas en momentos del acto eleccionario del 22 de octubre.

Frente a este cuadro de situación el procurador de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, ha sostenido que “si el menor de edad tiene de 16 a 18 años y es imputable, puede haber una coparticipación en el delito, y eventualmente alguna concurrencia de otro delito. Y si hay además participación de otras personas, se puede eventualmente configurar una comisión por vía de asociación ilícita que hace que el delito tampoco sea excarcelable”.

En tanto y en cuanto se trata de adolescentes que no han cumplido los 16 años se realiza una aprehensión, se requiere la intervención de los padres y en función de esto se dispone la liberación de manera inmediata.

Hasta allí, las soluciones provistas por el derecho penal frente al delito de intimidación pública parecen insuficientes para desalentar una práctica extendida y que muchos insensatamente califican como una gracia juvenil.

¿Qué es lo que nos sucede como sociedad para llegar al punto de que un minúsculo grupo de “abombados” coloque a toda una comunidad educativa –resto de los alumnos, docentes, no docentes y padres– en estado de zozobra e impedidos de su derecho de enseñar y aprender?

Indudablemente las respuestas jurídicas no resultan suficientemente ejemplarizadoras, razón por la cual debería avanzarse en la búsqueda de fuertes reparaciones económicas por quien realiza la amenaza o del padre del menor involucrado.

Ello en virtud de la responsabilidad parental por los daños causados por hijos menores a cargo de sus padres prevista en el artículo 1754º del CCYC. ¿Quién más que los propios padres para ejercer una vigilancia activa sobre sus hijos adolescentes?

Hoy se calcula que cada procedimiento de verificación implica entre 25.000 y 100.000 pesos de gastos. Cuando la amenaza sucede en establecimientos públicos, somos todos los ciudadanos quienes a través de sus impuestos pagamos “el pato de la boda”.

Es allí donde la anomia asume una dimensión inusitada, justamente en el lugar menos pensado para ello, la escuela.

Sería interesante propiciar que una vez determinada la culpabilidad o responsabilidad del alumno o sus familiares no sólo tenga legitimación para exigir una reparación económica el establecimiento educativo, sino también el resto de los padres de alumnos que se ven privados de acceder a su derecho de aprender en un clima de tranquilidad.

En el derecho de incidencia colectiva contemplado por el nuevo artículo 1737º CCYC estaría la llave que abriría la legitimación al resto de los padres de alumnos para dicho planteo. Tengamos en consideración que la indemnización incluye hoy la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida conforme el artículo 1738º CCYC.

¿Qué pasaría si quien realiza una amenaza en un tiempo acotado debiera pagar un resarcimiento a la escuela y al resto de los alumnos de todo el establecimiento educativo?

Seguramente el propio sistema generaría los anticuerpos necesarios para combatir tanta anomia y laxitud. Una devolución a tanto llamado amenazante, que la educación se debe desde hace tiempo.

*Abogado, profesor nacional de Educación Física y docente universitario


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