Ajenos al acuerdo por Ganancias

Mirando al sur

Durante las dos semanas que insumió el salomónico acuerdo de partir la diferencia entre los proyectos del oficialismo y la oposición para aplicar en el 2017 los cambios en Ganancias, una realidad que quedó relegada a segundo plano es que ese impuesto afectará a poco más de 1,3 millón de trabajadores con ingresos superiores al mínimo no imponible (MNI). Y, por consiguiente, resulta ajeno para más de 10 millones de personas con trabajo registrado que –tanto en el sector público como en el privado– perciben salarios más bajos, y mucho más para quienes tratan de subsistir con empleos informales o precarios.

En otras palabras, la negociación terminó por beneficiar al tramo superior de la achatada pirámide salarial argentina, engrosada en los últimos años por la sistemática desactualización del MNI frente a la inflación y, principalmente, de las escalas del gravamen que no se ajustaban desde hace casi 17 años. Pero el mayor problema de ingresos no está en este acotado segmento sino en los de más abajo, donde millones de personas ni siquiera piensan en Ganancias sino en cómo llegar al fin de cada mes. Aquí causan estragos tanto la mayor inflación como la recesión: no tienen paritarias ni, en la mayoría de los casos, aguinaldo, vacaciones pagas, aportes jubilatorios, ni cobertura médica de obras sociales.

La intensidad de la polémica por Ganancias también desplazó de la atención pública al último informe difundido por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), pese a la contundencia de sus resultados referidos precisamente al empleo, precariedad laboral y desigualdades estructurales en los centros urbanos durante el período 2010-2016.

Dicho estudio revela que en el tercer trimestre de este año sólo el 41,4% de la población económicamente activa (PEA) urbana posee un empleo asalariado o no asalariado con calidad plena de derechos laborales; otro 30,7% un empleo regular, pero sin aportes a la seguridad social; 18% está subocupado en actividades de baja remuneración, alta inestabilidad (“changas”) y/o participa de programas de empleo; mientras que el 9,9% está desocupado.

O sea que apenas 4 de cada 10 habitantes de más de 18 años de edad cuentan con un trabajo formal y los 6 restantes se desempeñan en negro, con bajos salarios, dependen de planes de asistencia social o son desocupados aunque busquen trabajo. Aunque muestra un deterioro, este fenómeno no es nuevo: en el 2010 el trabajo pleno alcanzaba al 43,8% de la PEA.

En los últimos doce meses también se observa un aumento significativo en el riesgo de desempleo, ya que creció de 24,9% a 27,7% el porcentaje de trabajadores que declaró haber estado desocupado al menos una vez en ese período y de 84,5% a 88,1% la percepción de los ocupados que consideran muy difícil conseguir un empleo similar si llegan a perder su trabajo.

Uno de los resultados más significativos es que se ensanchó en casi 10 puntos porcentuales la brecha que separa los ingresos de los trabajadores con empleo pleno del resto de los ocupados, al pasar de 42,3% en el 2010 a 51,6% en el 2015 y a 51,5% en el 2016. Medido a valores constantes (en pesos del tercer trimestre de este año), el ingreso promedio de los trabajadores con empleo formal equivale a
$ 15.100 mensuales, frente a
$ 9.476 con empleos precarios y sólo $ 3.724 de los subempleados que viven de changas. En todos los casos, se trata de una distancia sideral tanto con respecto al mínimo no imponible vigente
($ 26.000 brutos mensuales para trabajadores solteros y $ 30.000 para los casados con familia tipo) como al que el Congreso fijará por ley a partir del 1º de enero
($ 28.000 y $ 37.000, respectivamente).

Una gran diferencia es que mientras el primer grupo mantuvo ingresos relativamente estables (0,4%) y el segundo retrocedió levemente (-0,8%) frente a la inflación del período 2010/2016, el tercero registró una fuerte caída en términos reales de casi un tercio (-32,5%) durante el mismo lapso. Esto significa que la calidad del empleo resulta determinante para el nivel de ingresos.

Por otra parte, el porcentaje de trabajadores sin aportes al sistema de seguridad social se incrementó de 47,7% a 51,3% (de los cuales el 33% son asalariados y 71,5% no asalariados). En el segmento más bajo (25%) de la pirámide de ingresos, esta última proporción se eleva a casi 88%, lo cual afecta a futuro a los sectores más vulnerables. A su vez, el 34,2% de los trabajadores no cuenta con obra social, prepaga o mutual provista por su trabajo o por el grupo familiar. Esta vulnerabilidad también resulta mucho mayor en el segmento más bajo (68%) que en el más alto (6,2%).

El informe de la UCA enfatiza en que los empleos de baja calidad explican la fuerte segmentación estructural del mercado de trabajo: más de 8 de cada 10 pertenecen al sector microinformal (64,8% no asalariados y 19,4% asalariados) y 1 de cada 10 son asalariados del sector privado formal y, mínimamente, no asalariados (4,1%) o dependen del sector público (2,5%). También pronostica que mientras se mantenga el escenario recesivo cabe esperar un aumento del desempleo, los trabajos de subsistencia y la precariedad laboral y, por lo tanto, las desigualdades con efectos sobre la pobreza. De ahí que señale que un cambio de rumbo no sólo necesitará de inversiones, sino también de políticas que reactiven el mercado interno, apoyen a las microempresas y mejoren su productividad.

No la menciona, pero esta advertencia tiene que ver con la emergencia social convertida en ley por la Cámara de Diputados con 256 votos a favor y sólo uno en contra. La Casa Rosada primero amenazó con vetarla y luego terminó por apoyarla tras el acuerdo con tres movimientos sociales “dialoguistas” (Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y Central de Trabajadores de la Economía Popular) que establece la asignación de $ 30.000 millones en tres años para planes en cooperativas de trabajo, a cambio de un compromiso de abstenerse de generar conflictos hasta fin del 2019. En lo inmediato, esta suerte de formalización de la informalidad laboral permitirá bajar la tasa de desempleo, aunque difícilmente evite protestas y piquetes de otras agrupaciones más radicalizadas. Pero la gran duda es hasta qué punto incluirá políticas de capacitación laboral para que sus beneficiarios puedan acceder en el futuro a empleos de mayor calidad, así como a remuneraciones superiores a los $ 4.000 mensuales que les impiden salir de la pobreza.

Beneficia al tramo superior de la achatada pirámide salarial argentina, engrosada en los últimos años por la desactualización del MNI frente a la inflación.

Esta formalización de la informalidad laboral permitirá bajar la tasa de desempleo, aunque difícilmente evite protestas y piquetes de otras agrupaciones más radicalizadas.