Cartas del correo

16 feb 2017 - 00:00
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Lo abrumadoramente técnico puede servir en algunas ocasiones para sembrar la confusión necesaria para no comprender una situación determinada, que de otra forma ocasionaría asombro y sorpresa.

El caso del Correo Argentino SA no termina de clarificarse con la información brindada por los medios más potentes de información pública acaso porque su alineamiento con las políticas del gobierno es más intensa. Es bueno precisar un poco esos tecnicismos para evidenciar los hechos objetivos sucedidos.

Correo Argentino SA fue una de las tantas privatizaciones de empresas públicas de la famosa década de los noventa que recayó en el Grupo Macri. En el 2001 se presentó en concurso de acreedores no habiendo abonado varias cuotas del canon que debía pagar al Estado anualmente. El 30% del monto de ellos debía integrase al Anses para el pago de jubilaciones nacionales. No fue la devaluación –2002– lo que motivó la convocatoria de acreedores sino el argumento de que el canon era alto y no existía un marco regulatorio de la actividad postal para asegurar el monopolio del correo, en tanto la desregulación había creado centenares de empresas que competían a menores costos. En realidad Correo Argentino SA pretendía la exclusividad en el envío de cartas documento y la emisión de estampillas, como asimismo renegociar el canon anual que debía abonar al Estado de 103 millones de pesos de aquella época. La pelea con el grupo Yabran, que manejaba otros correos privados y al que se intentaba que el Estado reste beneficios, era uno de los trasfondos del conflicto.

En el 2003 el gobierno estatizó el servicio de correo y la empresa luego de reclamar sin éxito créditos a su favor inició acciones judiciales al Estado reclamando inversiones realizadas y el pago de bienes incautados por la nacionalización. Pasaron varios años del proceso judicial y la empresa tuvo sucesivos fracasos en obtener el acuerdo con sus acreedores, siendo el principal el Estado, cuyo monto ascendía desde el 2001 a
$ 296.000.000. Llamativamente el proceso concursal se extendió varios años más allá de lo que legalmente correspondía, incluso considerando las dilaciones propias de los procesos judiciales que habitualmente implican una máquina destructora de valor. Más extraño aun teniendo en cuenta que se trata de una empresa sin actividad alguna.

Lo cierto es que la empresa a partir del 2014 fue realizando mejoras en la propuesta inicial de pago a los fines de obtener el acuerdo del Estado nacional, su principal acreedor. Esta propuesta fue aceptada en junio del 2016 por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones con designación vencida. La propuesta de pago finalmente aprobada consiste en la cancelación de los 296 millones en 15 años más uno de espera (finalización en 2032) abonando el 65% del monto de la deuda los tres últimos años, 2030/1/2, y los años anteriores porcentajes anuales de entre el 1 y 2%. El interés es del 7% anual a pagar en su totalidad en los años 2033/34.

El representante del Ministerio de Comunicaciones aceptó esa propuesta de pago pero el escándalo toma estado público a raíz del dictamen negativo emitido por la fiscalía de la Cámara Comercial –que interviene en los juicios en protección de los intereses públicos y derechos de las personas–. La fiscal Gabriela Boquin formula un cuestionamiento tanto a la falta de legitimación del representante del ministerio que vota el acuerdo y la abusividad de la propuesta que representaba una quita del capital adeudado al 2001 de casi el 99%, y a los especiales vínculos que la empresa Correo Argentino SA mantenía con el actual presidente de la Nación, en violación a la ley de Ética Pública. Ello en tanto el presidente de la Nación participaba de la sociedad que controlaba el Correo Argentino SA –a través de Socma SA– hasta el 2009, cuando cedió sus acciones a sus hijos.

Socma SA es la sociedad controlante de Sideco SA, también de la familia del presidente, que controla a la sociedad Correo Argentino SA. Sideco SA era dirigida por el primo del presidente, el arquitecto Ángelo Calcaterra, que recibió de la familia presidencial empresas constructoras en el 2007 –“La Nación” del 27/1/7–, las que desarrollaron grandes emprendimientos de obras públicas en UTE –unión de empresas– con Austral Construcciones SA, del empresario Lázaro Baez, relación que se mantuvo hasta el 2014.

La fiscal Boquin, en su presentación judicial que hemos analizado, concluye que el plazo de pago para el Estado Nacional desde la presentación en concurso alcanza los 32 años con una quita implícita que implicaría casi el 99% del capital. Por otro lado cuestiona diversas irregularidades producidas en el proceso concursal y pide se investigue el abrupto cambio de posición del gobierno nacional a través del Ministerio de Comunicaciones, que decide ahora aprobar la propuesta.

Como dato final es dable remarcar que el actual titular del Correo Argentino –que asumió en el 2015– fue director de la empresa Correo Argentino SA luego de su privatización a favor del grupo Macri.

El milagro de Jesús se repite:
“Lázaro , levántate y anda”...

*Abogado. Docente de grado y posgrado en Concursos y Quiebras Facultad de Economía UNC

El proceso concursal se extendió varios años más allá de lo que legalmente correspondía, incluso considerando las dilaciones propias de los procesos judiciales.
Socma SA es la sociedad controlante de Sideco SA, también de la familia del presidente, que controla a la sociedad Correo Argentino SA. Sideco SA era dirigida por Ángelo Calcaterra.

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