Contaminación y responsabilidades

La contaminación que se registra en los ríos de la región ganó espacio en la agenda pública durante el último mes. Pero el tema no es nuevo. Y tampoco se limita a los meses de verano, que es cuando buena parte de los habitantes de la Confluencia se vuelca a los balnearios de la costa del Limay para mitigar las altas temperaturas.

La contaminación no se generó de la nada. Haciendo un poco de historia, el primer gran generador de la contaminación en la ciudad de Neuquén fue el gobierno provincial cuando, en la década del 80, hizo planes habitacionales sin la infraestructura básica que contemplara las redes cloacales o el tratamiento de los efluentes. Entre éstos estuvieron los casos de San Lorenzo Norte, Gregorio Álvarez, 1099, 414, Maronese, TCI. Algunos ni siquiera tenían calles. Este puede tomarse como el punto de partida del gran problema de la contaminación derivado de la carencia de infraestructura.

En 1988 y a través de la ley Nº 1763 nace el EPAS, a partir de la descentralización de lo que fue Agua y Energía y también Obras Sanitarias de la Nación. Allí se transformó –de hecho– en el prestador del servicio de agua y saneamiento de la ciudad.

A partir de entonces y de manera constante durante los últimos 30 años las escasas inversiones realizadas por el ente provincial no resolvieron los problemas del pasado y mucho menos los del futuro.

Mientras la ciudad creció a pasos acelerados, las obras de agua y sobre todo las de saneamiento avanzaron a paso lento. Y a veces ni siquiera eso.

Esta situación convirtió a los cursos de agua en el destino de efluentes contaminantes originados en la falta de servicios. Las pérdidas cloacales por saturación de las redes es una postal clásica que todavía hoy podemos ver (y oler) en distintas esquinas de la ciudad, con los riesgos que esto implica para la salud pública.

En el caso de la ciudad de Neuquén, ya ha quedado demostrado que la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Tronador, el arroyo Durán y el Villa María son los mayores vehículos de contaminación que padece el Limay.

Como un primer paso para solucionar la carencia de infraestructura, el gobierno nacional le financiará a la Provincia la inversión para la construcción de la colectora cloacal del oeste estimada en casi 400 millones de pesos, pero recién está en la etapa de licitación y estaría finalizada en un plazo de 2 años.

Nación también aportará los recursos para la obra de saneamiento del Durán, con la cual –sumado a la construcción de aliviaderos– permitirá mejorar el escurrimiento del agua durante los temporales de lluvia, mitigando el riesgo de inundaciones. En este caso la inversión de parte del gobierno nacional vía un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) será de 90 millones de pesos.

Desde el Municipio hace años venimos insistiendo en la necesidad de firmar un contrato de concesión con el EPAS que garantice un plan de inversiones que permita tener un servicio de agua y sobre todo de saneamiento acorde al crecimiento de la ciudad. El Estado –en este caso el provincial– debe garantizar la infraestructura básica.

Mientras no exista ese contrato, como poder concedente no podemos exigir obras que mejoren el servicio ni aplicar sanciones por incumplimientos. Como gobierno municipal queremos que el EPAS sea el CALF del agua y las cloacas, pero hasta el momento no ha sido posible. Y lamentablemente cuando uno no quiere dos no pueden.

La incapacidad de garantizar los servicios básicos como agua y cloacas en una ciudad en permanente crecimiento lleva a imaginar que quizás lo que se busca es que se coloque un cartel de “Prohibido invertir” en la capital de provincia. Y no creo que esa idea esté en el ánimo de nadie que actúe responsablemente.

Por otra parte, hay que tener claro que el nivel de contaminación en el Limay se percibe, en menor o mayor medida, de acuerdo al nivel del caudal. Este 2017 es un año seco por la poca erogación que realizan las represas y esa escasez de agua no permite la autodepuración del río, que es una de las principales virtudes del Limay.

Pasando en limpio, desde el punto de vista legal y jurídico, quien debe velar por la sanidad de los cursos de agua es Recursos Hídricos de la Provincia. En tanto que garantizar el tratamiento correcto de los efluentes cloacales, en la ciudad de Neuquén, es responsabilidad del EPAS, que es el prestador exclusivo en la ciudad de acuerdo al marco regulatorio sancionado por el Concejo Deliberante a través de la ordenanza 12395 en el 2011.

En cuanto a la responsabilidad del Municipio, se limita a autorizar o prohibir la utilización del río con fines recreativos en las zonas habilitadas como balnearios. Esa decisión la tomamos en base a los informes que nos brinda la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) que complementamos con estudios propios.

El primer paso para resolver el problema era reconocer su existencia, no negarla. Lo segundo es que cada uno asuma las responsabilidades que le caben, de manera concreta, sin pensar en los costos que puedan traer aparejadas las decisiones que se tomen y dejando de lado los vedetismos mediáticos. Como municipio vamos a cumplir con lo que nos corresponde.

Si cada uno no se hace cargo de sus obligaciones, el Limay pasará factura. Todavía estamos a tiempo.

(*) Intendente de la ciudad de Neuquén

El primer generador de la contaminación fue el gobierno provincial cuando, en los 80, hizo planes habitacionales sin infraestructura básica que contemplara redes cloacales.

La incapacidad de garantizar los servicios básicos lleva a imaginar que quizás lo que se busca es que se coloque un cartel de “Prohibido invertir” en la capital de provincia.

Datos

El primer generador de la contaminación fue el gobierno provincial cuando, en los 80, hizo planes habitacionales sin infraestructura básica que contemplara redes cloacales.
La incapacidad de garantizar los servicios básicos lleva a imaginar que quizás lo que se busca es que se coloque un cartel de “Prohibido invertir” en la capital de provincia.

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