Dilemas económicos camino a las elecciones

Mirando al sur

Con otra escala, el gobierno de Mauricio Macri corre el riesgo de reeditar en el segundo trimestre de este año los mismos problemas económicos que debió enfrentar en la misma época del 2016: anuncia una reactivación que tarda en hacerse sentir por el deterioro del poder adquisitivo de la población y promete una fuerte desaceleración inflacionaria, justo cuando los índices vuelven a apuntar hacia arriba.

La gran diferencia es que el 2017 es un año electoral. Por lo tanto, crece la ansiedad del oficialismo por mostrar resultados cuanto antes y también la insistencia de la oposición en pasarle facturas, como si el peronismo no hubiera tenido nada que ver con las hipotecas económicas que quedaron pendientes al cabo de la era K. El resultado de esta combinación es una mayor conflictividad social (con huelgas docentes en medio país, la marcha de la CGT con incidentes que desnudaron la interna sindical, el anuncio de un paro general para comienzos de abril) y un deterioro de la imagen del gobierno, que la Casa Rosada busca atenuar con la denuncia de “acciones destituyentes” y algunas concesiones de último momento.

A esto deben sumarse las contradicciones de la dirigencia política y buena parte de la sociedad. Todos coinciden en que los salarios docentes deberían mejorar, pero casi nadie en pagar más impuestos con una presión impositiva muy alta; ni los gremios en que se evalúe la calidad educativa o se corrijan los desvíos que provoca un estatuto laboral próximo a cumplir 50 años. Quienes rechazan los ajustes de tarifas reclaman mejores servicios públicos sin considerar la desinversión de los últimos años. O que baje la inflación, siempre que el costo le toque a otro. O un dólar más alto, sin traslado a precios. También abundan los reclamos de mayor gasto público, como si el Estado fuera una inagotable fuente de recursos, que ya no existen. Pero a la vez hay críticas al insostenible déficit fiscal y/o al endeudamiento externo para financiarlo salvo que la economía crezca en forma sostenida, más allá del rebote del PBI (3/3,5%) que se prevé para el 2017.

El debate sobre la herencia y las perspectivas económicas acaba de extenderse a cinco ex ministros de Economía que ocuparon el cargo en los últimos 25 años. En una producción publicada el último domingo por el diario “La Nación”, cuatro de ellos (Domingo Cavallo, Roque Fernández, José Luis Machinea y Jorge Remes Lenicov) coincidieron en justificar a grandes rasgos el rumbo económico adoptado hace 15 meses, con la única –y previsible– excepción de Axel Kicillof. Pero no se privaron de formular reparos a la gestión oficial: desde la ausencia de un “plan integral”, hasta la división de la cartera en siete ministerios que dificulta la coordinación de políticas. “Si ese trabajo de orfebrería lo va a hacer alguien más arriba en el gobierno, sería mejor que fuera un macroeconomista”, opinó Machinea, en obvia alusión a los dos ex-CEO (Mario Quintana y Gustavo Lopetegui) que se desempeñan como vicejefes de Gabinete de Macri.

Así como los árboles no dejan ver el bosque, la fragmentación de medidas impide al gobierno transmitir a la opinión pública una visión panorámica de los problemas macroeconómicos que trata de administrar con una política gradualista, inevitable con casi un 33% de la población bajo la línea de pobreza y, además, con minoría en las dos cámaras del Congreso.

En este sentido, el economista Dante Sica (director de la consultora Abeceb) explica que las tensiones que deberá enfrentar este año la Casa Rosada la colocan frente a cuatro grandes desafíos macroeconómicos:

1) Ajustar las tarifas y bajar la inflación junto con las expectativas inflacionarias. Las subas de electricidad (más prepagas, cigarrillos y peajes en el Área Metropolitana de Buenos Aires), que se tradujeron en un aumento de 2,5% en el IPC de febrero y las que se aplicarán en gas a partir de abril, auguran un primer cuatrimestre “caliente” en materia inflacionaria, con un alza acumulada de 7,5/8%. Con esta perspectiva, al Banco Central se le hace más complejo coordinar las expectativas con la meta inflacionaria de 17% anual, que estimaciones privadas ubican entre 4 y 7 puntos por encima. En este caso, por la presión extra sobre las paritarias en el sector privado (Comercio, Construcción, Metalúrgicos, Sanidad, Alimentación y Encargados de edificios) a iniciarse en los próximos dos meses.

2) Reactivar el consumo y la actividad, además de desacelerar la desinflación. Este doble objetivo oficial coloca al BCRA ante el dilema de volver a subir las tasas de interés para contener la inflación a costa de un enfriamiento de la actividad económica o bajarlas, con el efecto inverso. En la primera opción, podría afectar el incipiente repunte del PBI que aparece en las estadísticas de varios sectores pero aún no es percibido en la calle, pese a lanzamiento de obras públicas a las que podría sumarse la construcción privada a través de los fondos del blanqueo y la expansión de los créditos hipotecarios. La razón es que el consumo interno seguirá rezagado, por lo menos hasta el cierre de las paritarias.

3) Reducir el déficit fiscal, con aumento de la obra pública y baja de la presión tributaria. El principal eje para bajar el déficit primario a razón de 1% de PBI por año es la reducción gradual de subsidios económicos (con la contrapartida de dos ajustes tarifarios por año en electricidad y gas) para dejar más espacio a la inversión en infraestructura. En cambio la reforma tributaria quedará para el 2018, después de las elecciones.

4) Apuntalar la competitividad (mientras se atrasa el tipo de cambio). Desde el fin del cepo y por el fuerte ingreso de créditos y dólares financieros externos, el BCRA duplicó sus reservas (hasta u$s 51.800 millones), pero el tipo de cambio real perdió buena parte de la mejora lograda en diciembre de 2015. Esto complica a los sectores exportadores y a productos que compiten con la oferta importada.

A juicio de Sica, lo que el gobierno necesita para reactivar la economía, bajar la inflación y mejorar sus chances electorales lo aleja de sus objetivos de mediano plazo (normalizar la economía, bajar impuestos y captar inversiones privadas), que son clave para extender el crecimiento a 2018/2019.

Según el economista, Macri optará por “comprar” un poco de un objetivo sin sacrificar demasiado del otro. Por ahora, suspendió los aumentos de transporte público y moderó los del agua en el AMBA y fijó topes para los ajustes del gas, mientras propone acuerdos con sectores “sensibles” para tratar problemas de empleo y competencia externa. La incógnita es si logrará un equilibrio antes de las elecciones.

En año electoral, crece la ansiedad oficialista por mostrar resultados cuanto antes y también la insistencia de la oposición en pasarle facturas. El resultado es más conflictividad.

Lo que Macri necesita para reactivar la economía, bajar la inflación y mejorar sus chances electorales lo aleja de su plan de largo plazo (bajar impuestos y captar inversiones).