Dujovne y Caputo, los ministros sorpresa

Mirando al sur

Nicolás Dujovne y Luis Caputo iniciarán el 2017 como flamantes ministros de Hacienda y de Finanzas, con lo cual la cartera que condujo hasta esta semana el desplazado Alfonso Prat Gay sufrirá un inesperado desdoblamiento en el arranque de un año electoral.

A diferencia de varios de sus antecesores en el cargo, Prat Gay nunca fue un “superministro” a la manera de Domingo Cavallo o Roberto Lavagna. Para evitar ese protagonismo y concentración de decisiones, Mauricio Macri ya había subdividido hace un año la conducción económica en seis carteras (Hacienda y Finanzas, Producción, Energía y Minería, Agroindustria, Transporte y Comunicaciones), sin contar el área de Obras Públicas dependiente del Ministerio del Interior. Ahora habrá siete. Todos los ministros reportan al jefe de Gabinete (Marcos Peña) y sus dos vicejefes (Mario Quintana y Gustavo Lopetegui), que a su vez necesitan compatibilizar las decisiones con un Banco Central más independiente y en el que recae el peso de bajar la inflación.

En este esquema atomizado, cada uno de los ministros opera como una suerte de gerente de área y todas las decisiones políticas dependen de Macri. El trío de la jefatura de Gabinete, al que el presidente acaba de avalar como “sus ojos y su pensamiento”, actúa como una gerencia general, aunque a lo largo de este año haya debido enfrentar evidentes problemas de coordinación interna y comunicación externa. Si la analogía fuera con el fútbol en vez del mundo corporativo, podría decirse que el DT cuenta con tres ayudantes de campo y los jugadores titulares están expuestos a cambios tácticos según cómo vaya el partido.

A esta altura ya resulta claro que la personalidad de Prat Gay no encajaba dentro de este organigrama de juego en equipo sin estrellas individuales. Poco a poco, el ministro saliente fue perdiendo protagonismo y sintiéndose tan incómodo como el propio DT. La demora en presentar el prometido proyecto de cambios en Ganancias fue la excusa para precipitar su alejamiento, en medio de un indisimulado malestar oficial. No obstante, en esta cuestión es difícil saber por qué el oficialismo frenó las negociaciones con la oposición, para luego amenazar con un veto presidencial y, finalmente, acordar con la CGT y los gobernadores un empate político más decoroso. Sólo fue evidente que el esquema de la Casa Rosada no admite jugadores que se corten solos. Unos días antes, Isela Costantini había sido desplazada de la conducción de Aerolíneas Argentinas por su supuesta condescendencia salarial con los gremios aeronáuticos y su negativa a que se abra la competencia a compañías de bajo costo.

Tras conocerse la designación de Dujovne, varios políticos opositores y analistas se apresuraron a aventurar que su misión será avanzar con el ajuste fiscal que el gobierno de Macri desistió de aplicar este año, al optar por una estrategia gradualista debido a la inviabilidad política de producir cambios estructurales en el gasto público, más allá de la reducción –parcial– de los subsidios a la energía. También rescataron opiniones que volcó por TV y, especialmente, en artículos periodísticos. En ellas se pronunció a favor de la eliminación de impuestos distorsivos, precios de mercado para la energía (petróleo, gas y electricidad) con regulaciones explícitas, reducción de costos laborales a los empleadores para reducir el empleo en negro, logísticos para abaratar los fletes y (gradual) proteccionismo para reconvertir a largo plazo a los sectores industriales menos eficientes. En suma, un giro hacia la ortodoxia para que la competitividad de la economía no dependa sólo de un tipo de cambio más alto, que en términos reales viene deteriorándose debido a la inflación y al ingreso de dólares por el mayor endeudamiento externo, el blanqueo y una próxima cosecha agrícola récord.

Sin embargo, convendría mantener cierta prudencia antes de colocarle etiquetas por anticipado. Por un lado, el nuevo ministro de Hacienda será uno más dentro del equipo económico y está por verse su influencia para que varias de esas propuestas que corresponden a otras áreas (Producción, Energía, Transporte, Trabajo) avancen en plazos políticos inciertos. Por otro, hará su debut en un año electoral cuando la economía estará subordinada a la necesidad política del oficialismo de incrementar su número de bancas en el Congreso. Además, en su área específica, el Presupuesto 2017 –más realista que dibujado, a diferencia del 2016– acaba de ser convertido en ley en acuerdo con la oposición y reduce sus márgenes de maniobra para racionalizar gastos, mientras la “reforma tributaria integral” prometida por el gobierno está prevista (por la ley de blanqueo) para ser elaborada por una comisión bicameral y debatida dentro de no menos de un año; o sea, después de las elecciones legislativas.

En este marco, uno de los principales aportes de Dujovne podría ser la propuesta de reglas fiscales a más largo plazo tanto a nivel nacional como provincial. Este mismo mes había explicado en “La Nación” que, si se mantuviera estable el gasto público en términos reales (o sea, sin superar a la inflación) durante cinco años y la economía creciera al 3% anual, bajaría en ese lapso del 45 al 39% con relación al PBI y alcanzaría para eliminar el déficit fiscal en el 2021. Para eso propuso una ley de responsabilidad fiscal que incluya la gradual eliminación de impuestos distorsivos, reduzca el costo de financiamiento para el sector público y estimule la inversión privada. No es un objetivo fácil de alcanzar, aunque coincide con la visión de la Casa Rosada de que el actual déficit fiscal es insostenible a mediano plazo.

Aquí cobra relevancia el rol de Luis Caputo. El futuro ministro de Finanzas fue este año el artífice del acuerdo con los holdouts para salir rápidamente del default parcial de la deuda y reabrir el acceso al financiamiento externo. Cualquier reforma fiscal requerirá colocar más deuda a largo plazo, pero esta estrategia se complica en el 2017 debido al “efecto Trump”, que encarece su costo y puede restringir el acceso a los mercados internacionales. Por lo pronto, la Argentina deberá colocar alrededor de
u$s 35.000 millones sólo para financiar el déficit del sector público (nacional y provincial) a una tasa “piso” de 7/7,5% anual y esto reduce el margen de endeudamiento. Dujovne llegó a sugerir desde el llano la alternativa de un acuerdo con el FMI para bajar el costo de financiamiento. Pero en un año electoral, y con un gobierno tan pendiente de las encuestas, sólo sería un plan B en caso de crisis del sector externo.

En este marco, uno de los principales aportes de Dujovne podría ser la propuesta de reglas fiscales a más largo plazo tanto a nivel nacional como provincial.

Cualquier reforma fiscal requerirá colocar más deuda a largo plazo, pero esta estrategia se complica en el 2017 debido al “efecto Trump”, que encarece su costo.