El MPN y la cuestión mapuche

“Neuquén vive una triste realidad de miseria, ignorancia, enfermedad y hambre por las siguientes circunstancias: por la mala distribución de las mejores tierras en poder de unos pocos, por el desamparo y abandono en el que viven los grupos indígenas, por la falta de propiedad de la tierra de los ocupantes fiscales”.

Esta mirada crítica sobre distribución y uso del suelo en la provincia no es actual –aunque bien podría adaptarse–, ni pertenece a dirigentes de la Confederación Mapuche. Las afirmaciones son fragmentos del mensaje de Felipe Sapag a los legisladores cuando asumió su primera gestión de gobierno. Era el 12 de octubre de 1963 y el flamante partido provincial, que se cocinó al calor de la proscripción del peronismo, había vencido a un radicalismo que fue dividido a las urnas. El MPN se impuso con la suma de 20.572 votos.

En una reunión de gabinete realizada el 20 de marzo de 1964, el exgobernador le puso la firma al decreto 737 que reconoció la propiedad de 175.000 hectáreas a 18 agrupaciones mapuches. “Iniciamos con este decreto una reparación histórica al injusto despojo y abandono de nuestros hermanos mapuches”. Otra vez era la voz del exgobernador la que hablaba, en la clausura del mencionado encuentro de gabinete. Fue la línea de largada para la construcción política con una minoría abandonada, una relación con curvas y contracurvas, acentuadas en los últimos años.

El MPN resolvió con rapidez la primera demanda de las comunidades mapuches e incluso supo cómo conquistar a muchas de ellas para incorporarlas al proyecto político. Tras el reconocimiento territorial, llegaron obras de infraestructura, viviendas y aportes para el desarrollo económico.

La relación se hizo sólida y familiar, tanto que el exgobernador Jorge Sapag solía lucirse en público, estando en funciones, con demostraciones de cierto manejo de la lengua aborigen.

El vínculo creado tiene algo de relato épico, pero mucho más de políticas de protección, de anticipación al conflicto y al mismo tiempo de armado de una estrategia que permitió, durante un buen tiempo, controlar la expansión de la demanda.

La relación actual del MPN con las comunidades mapuches permanece mayoritariamente estable, pero se ha alterado en zonas calientes, en particular en los lugares hacia donde fluye el dinero de la industria del petróleo.

Sobre el fin de los años 90 y los primeros de este siglo surgieron los primeros síntomas de nuevos escenarios de conflicto, en especial en Loma la Lata, la estrella de la producción de gas de aquellos años. Los acuerdos fueron más complejos, con dinero de por medio y con la intervención directa de las empresas petroleras, en particular la de YPF que suele tirar la piedra y esconder la mano.

Añelo y su área de influencia, donde está la formación geológica Vaca Muerta, es el nuevo punto de fricción, con conflictos que tienen una ingeniería compleja y en el que se miden intereses más poderosos que hace 50 años atrás.

Los mapuches siguen estando, y el MPN también. El hecho que cambió, el que desequilibró esta tradicional relación de entendimiento, es el valor que tiene un territorio que ahora codicia la industria petrolera.

Los enfrentamientos actuales están potenciados por el tamaño de lo que está en juego, y las respuestas también. Esto último se observa en el hecho de que algunas comunidades reclaman, sin éxito, un reconocimiento como lo hizo aquel decreto de 1964, el que lleva el número de un modelo de la empresa Boeing.

Para resolver los casos en la nueva zona de conflicto se ha tomado el camino de la judicialización con resolución efectiva. Con desalojos como el ocurrido esta semana en Tratayen, el gobierno intenta demostrar ante el gobierno nacional y los inversores que es capaz de controlar la situación. Si hay una resolución “fatto in casa”, se evita la acción de fuerzas que no controla, como Gendarmería Nacional, sospechada de ser responsable de la desaparición de Santiago Maldonado al intervenir en un conflicto con mapuches.

El partido provincial resolvió con rapidez la primera etapa de demanda de las comunidades e incluso supo cómo conquistarlas.

Para resolver los casos en la nueva zona de conflicto, se tomó el camino de la judicialización. El gobierno intenta demostrar que controla.