El problema del empleo, casi sin debate

Mirando al sur

Los tiempos cambian, pero la celebración anual del Día de San Cayetano –patrono del trabajo– se ha politizado invariablemente en Buenos Aires desde el retorno de la democracia. El 7 de agosto de cada año fue aprovechado como fecha fija de multitudinarias marchas en reclamo de empleos y mejores salarios, organizadas por distintos protagonistas sindicales o sociales, al margen de las largas filas de fieles que peregrinan hasta el santuario. Por cierto que el 2017 no fue la excepción, y mucho menos a pocos días de las PASO del próximo domingo.

Este año la caravana que llegó desde la parroquia del barrio de Liniers hasta Plaza de Mayo volvió a tener como promotoras a tres organizaciones sociales dialoguistas, que incluso en el ambiente político fueron bautizadas como “trío de San Cayetano”: Barrios de Pie (BdP), Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). La denominación alude no tanto a cuestiones de fe religiosa, sino a que en el 2016 ya habían organizado una exitosa movilización similar y a que la CETP reconoce una estrecha vinculación con el papa Francisco. Quizás esta empatía hizo que el año pasado el gobierno de Cambiemos volviera sobre sus pasos y sumara en el Congreso sus votos para sancionar la ley de Emergencia Social, que inicialmente el propio Mauricio Macri había prometido vetar. Esta ley destinó un monto de 30.000 millones de pesos en tres años (a razón de
$ 10.000 millones por año) para garantizar un salario social de
$ 4.000 mensuales a los integrantes de las cooperativas del programa “Argentina trabaja” heredadas del kirchnerismo y que son administradas por esas organizaciones sociales. Ahora el reclamo es la sanción de una ley de emergencia alimentaria para destinar más fondos estatales a comedores escolares y comunitarios.

O sea que, en última instancia, el reclamo es por plata. En todo caso, el método es distinto al de otros movimientos piqueteros más radicalizados, que se jactan de no transar con el gobierno y periódicamente cortan sin aviso avenidas del centro porteño, para despejarlas tras negociar cupos menos institucionalizados y más modestos de planes sociales.

Ciertamente, esta configuración de reclamos es una derivación del cuadro social en el que desde hace años uno de cada tres habitantes de la Argentina se encuentra debajo de la línea de la pobreza, muchos de los cuales no tienen trabajo estable ni están capacitados o dispuestos a encontrarlo. Esto marca una diferencia sustancial con las protestas encabezadas en los 80 por Saúl Ubaldini y sus 13 huelgas generales contra el gobierno de Raúl Alfonsín. Y con las que organizaron sectores disidentes de la CGT y la CTA oficiales en el tramo final de las gestiones de Carlos Menem y Cristina Kirchner, o unificados contra el gobierno de Fernando de la Rúa.

Sin embargo, la situación actual forma parte de un problema estructural más complejo, que permanece casi ausente del debate público y político. Una prueba es que en los abrumadores spots de campaña para las PASO abundan los diagnósticos, pero no aparecen propuestas de políticas públicas para atacar sus causas, que son muchas.

Desde hace seis años, para no ir más lejos, la economía argentina se encuentra virtualmente estancada, tras una secuencia de mejoras en los años impares (electorales) y caídas en los años pares. Esto se reflejó en la creación neta de empleos formales en el sector privado. A tal punto que el número de asalariados (en blanco) se mantiene desde el 2012, con leves altibajos, en torno de los 6,2 millones de personas. En los últimos años de la era K, este fenómeno fue compensado con más empleos en el sector público, que actualmente suman 3,14 millones; o sea, casi la mitad.

Como la población siguió creciendo (a una tasa del orden de 1% anual), el PBI por habitante resultaba a comienzos de este año 5,8% más bajo que en el 2011. Esto significa que se redujo la “torta” a repartir. Si una economía no se expande en forma sostenida es difícil que genere empleos formales y productivos. Sobre todo cuando el mercado laboral arrastra problemas crónicos y el “costo argentino” frena inversiones privadas.

Por un lado, la suma de asalariados formales en el sector privado y público asciende a 9,3 millones de personas, pero ese número representa menos de la mitad (47%) del total de puestos de trabajo (19,8 millones). En el sector privado hay que agregar como no asalariados a 1,5 millón de monotributistas; 406.000 trabajadores autónomos y 463.000 empleados en casas particulares. Y en el sector público ya se computan 390.000 “monotributistas sociales”, una categoría que abarca a quienes facturan hasta $ 48.000 pesos anuales ($ 4.000 mensuales) y en su gran mayoría son los incluidos en los planes oficiales de trabajo, por lo general de baja calificación, que abonan $ 161 por mes para aporte jubilatorio y obra social.

Por otro lado, el empleo en negro se mantiene desde hace años en torno del 34%, lo cual equivale actualmente a 6 millones de trabajadores no registrados, que perciben ingresos inferiores a quienes trabajan en blanco. Y el desempleo de 9,2% comprende a 1,8 millón de personas que buscan y no encuentran empleo, muchos de ellos jóvenes sin capacitación ni experiencia laboral.

Las estadísticas del Ministerio de Trabajo correspondientes a mayo muestran que si bien el empleo registrado subió 1,5% (176.200 personas) en doce meses, sólo 30.800 (13,5% del total) corresponden a asalariados del sector privado, en su gran mayoría de la construcción. El mayor aumento interanual (70.000) se verifica en monotributistas, autónomos y personal doméstico (39,7% del total), seguidos de asalariados del sector público (42.700) con 24,2% del total. Finalmente, los monotributistas sociales sumaron 32.700, con una suba de casi 10% en el último año. Y aunque aportaron 18,6% al aumento del empleo en ese período, su efecto es más estadístico que real ya que se trata de personas que ya venían percibiendo planes sin figurar como trabajadores registrados.

Con este cuadro de situación, el inexistente debate sobre el empleo debería abarcar varios ejes. Uno, cómo sostener el crecimiento de la economía durante varios años. Los especialistas calculan que por cada punto de aumento del PBI el empleo privado formal puede subir 0,7%; o sea que un 3% anual equivaldría a 390.000 nuevos puestos. Otro, cómo bajar costos (impositivos, laborales no salariales, logísticos, financieros, etc.) que estimulen la inversión privada. El sector público está virtualmente saturado, aunque falte personal en algunas áreas y sobre en otras. Aun así, en ambos casos habrá que prepararse para que la incorporación de nuevas tecnologías en reemplazo de trabajos rutinarios o de baja calificación se traduzcan en empleos de mayor calidad. También será necesario diseñar políticas educativas y de capacitación laboral para mejorar la empleabilidad de los sectores más vulnerables y evitar que dependan de planes sociales. O sea, cuestiones que dependen de la dirigencia política, sindical y empresarial, y no de San Cayetano.

Uno de cada tres argentinos está debajo de la línea de la pobreza, muchos de los cuales no tienen trabajo estable ni están capacitados o dispuestos a hallarlo.

Si una economía no se expande sostenidamente no genera empleos formales y productivos. Sobre todo si el mercado laboral tiene problemas crónicos.