Estado vs. mercado

28 jun 2013 - 00:00
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Hace tiempo leí un artículo cuyo planteo esencial era “la falta de planificación de las ciudades” y que esa falencia –refería el autor– se debía al hecho “intencional de no poner en marcha mecanismos que permitan esa acción”, por ende se interpreta que “no hay voluntad política para planificar ciudad”. Lejos quedó aquella mirada de un “estado de bienestar” con un modelo de planificación y gestión centralizada, ya que las políticas dirigidas a Latinoamérica desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional condicionaron hacia el “abandono” de un Estado planificador. Frente a esto me preguntaba: ¿a qué nos referimos (por estos días) cuando de planificación se trata? Y en segundo lugar, ¿a qué debiera apuntar una planificación territorial? Ya que en ese territorio conviven pujas e intereses de los más diversos actores, sectores y clases. En este sentido de análisis no estoy tan de acuerdo con aquello de que “no se planifican las ciudades por falta de voluntad política”. ¿No será ésa la única planificación existente?: una ausencia impulsada, avalada y fomentada por sectores privados que se benefician con este abandono estatal y donde las reglas de juego del mercado (en este caso el inmobiliario) se imponen por sobre el bienestar general. Para dejar en claro este último concepto podemos ver infinidad de ejemplos, y en cada una de las ciudades que contrastemos se verá que la puja por el territorio siempre es comandada por los sectores propietarios del suelo; los grandes emprendimientos inmobiliarios de las ciudades dominan y empujan al Estado a rodearlos de infraestructura, mientras que la periferia de ese territorio –en el mejor de los casos– es desechada para los sectores sociales excluidos. Ésta es la manera en que se planifican los territorios urbanos hoy día y, sabiendo que la ciudad es la construcción territorial más compleja que la sociedad ejecuta, desde una mirada física, legal y política sorprende con un altísimo grado de articulación. Ésa es una de las tramas que muestra. Pero la complejidad urbana tiene un entramado más profundo y más difícil de visualizar, aunque no por eso oculto. En esa dimensión encontramos lo económico y sus intereses mercantiles y corporativos y en ese revés de la trama primaria es donde la urbe sucumbe y se inclina a los designios del poder financiero. Claro es que como imagen suena muy bien, pero la realidad marca que no es “la urbe” la que se inclina ni “los designios de un poder abstracto” los que hacen arrodillar a “la ciudad”. Como dijimos anteriormente, al territorio lo “hacen” mujeres y hombres con más o menos dinero, y por ello con más o menos poder, en un sistema económico desigual y excluyente en donde el ser humano vale por lo que tiene y no por lo que es: “quien más posee, más es”. Desde esta perspectiva y enfocando la mirada en el sistema económico imperante es que renacen los cuestionamientos referidos a la planificación de viejas discusiones académicas que se plantean “si se puede planificar en el sistema capitalista” y, en todo caso, “si se puede encontrar alguna fisura a un sistema económico que poco se emparenta con la planificación y que tiene más que ver con la mayor ganancia en el menor tiempo posible”, un sistema económico que en nada favorece a la equidad y mucho menos cuando de suelo urbano se trata. Este último párrafo abre otras incógnitas entre las que sobresale una pregunta central para estos fines, y la sinceridad de su respuesta permitirá establecer si el Estado cumple o no con su rol de planificador social y, en ese camino, poder definir si el Estado interviene en los conflictos que el territorio y sus actores experimentan permanentemente y además, si lo hace, si esa intervención permite una planificación territorial que equipare tensiones sin inclinar la balanza en beneficio de los poderes dominantes, como generalmente ocurre. Hasta aquí sólo dudas e interrogantes que, por supuesto, no serán completamente respondidos ni mucho menos. Sabemos que no existen recetas que den solución a temáticas tan dinámicas, aunque pueden comenzar a visualizarse algunas pautas que revelen un diagnóstico, y en función de esto será importante volver a lo que dio origen a este escrito, aquello de la “falta de voluntad política para planificar” y que frente a esto, “si no lo hace el Estado, lo harán el mercado y sus reglas”, a saber: 1) El mercado determina el valor del suelo. El Estado, si es que interviene, lo hace para mejorar ese precio. 2) El mercado dispone futuros crecimientos del ejido urbano. El Estado acondiciona (por detrás) el territorio físico brindando infraestructura necesaria para acrecentar el valor del solado. 3) El mercado desecha suelo de bajo o nulo valor. El Estado podrá recolectarlo para los sectores marginados y establecer aéreas de “asentamientos” populares. El sector inmobiliario privado domina ampliamente la planificación en materia de suelo urbano y no por ausencia o falta de voluntad política del Estado, simplemente porque las reglas provenientes del mercado son acatadas por funcionarios que suelen tener mayor condescendencia con el “capital mercantil” que con el “capital social”. De allí que la voluntad política existe, pero existe avalando el negocio del “privado” por sobre el bienestar del conjunto social. Para la gran mayoría de funcionarios encargados de planificar territorio existe una sola premisa, que “la propiedad privada debe ser defendida por sobre cualquier derecho socialmente adquirido”, y conjuntamente establecen lazos de confraternidad con los actores poseedores del bien “amenazado”, de allí que el Estado mediador de conflictos se transforme en un Estado defensor de intereses de capitales privados, casi únicamente. En materia de planificación territorial y a partir de todo lo expuesto, no es suficiente con contratar especialistas y/o técnicos y/o equipos académicos que se ocupen de una tarea compleja por demás, es imprescindible entender el problema desde el conjunto social y visualizar que es ese conjunto el que deberá exigir soluciones e intervenciones de un Estado activo frente a un privado hambriento de negocios territoriales mercantiles. Es la sociedad civil, defendiendo sus intereses, la que puede imponer una planificación ejecutada por funcionarios que prioricen –dentro de las pujas territoriales– los intereses del actor más débil; esto puede darse únicamente en una sociedad auténticamente solidaria. Las teorías y los teóricos urbanos son imprescindibles para obtener un diagnóstico pleno en un territorio determinado, pero las ciudades inclusivas lo son porque sus habitantes permiten solidariamente esa inclusión, señalando las conductas de los actores nocivos y excluyentes para con las mayorías populares; serán los ciudadanos quienes construyan la ciudad contenedora, igualitaria y que brinde oportunidades para todos los habitantes. (*) Arquitecto. oreggiani20@yahoo.com.ar