Guía para descifrar la política fiscal

Mirando al sur /Néstor Scibona

El proyecto de Presupuesto Nacional enviado al Congreso contiene proyecciones macroeconómicas creíbles para el 2018, pero no define en su totalidad la política fiscal que el gobierno de Mauricio Macri prevé aplicar en los próximos dos años . Todavía falta cerrar la negociación con los gobernadores provinciales por la ley de Responsabilidad Fiscal y la Reforma Tributaria. Y el curso legislativo de cada iniciativa dependerá en buena medida del resultado de las próximas elecciones del 22 de octubre.

Por lo pronto, el presupuesto 2018 ratifica el gradualismo para reducir el peso del Estado en la economía. Pero esto no sólo implica frenar el gasto público, sino lograr un crecimiento del PBI en los próximos años no inferior al 3,5% previsto, para no tornar intransitable a más largo plazo el camino de financiar el déficit fiscal con endeudamiento (mayormente externo), como ocurrió otras veces. Por eso se prevén aumentos en la inversión pública y privada (17%), aunque la inflación promedio (15,7%) supera a la meta fijada por el Banco Central y el tipo de cambio nominal ($ 19,30 promedio) no recuperaría demasiado terreno en términos reales.

Para entender en qué punto se encuentra la política fiscal a un mes de las legislativas conviene repasar algunos puntos clave.

En el proyecto de presupuesto 2018, baja en un punto (de 4,2 a 3,2% del PBI) el déficit primario (sin intereses de la deuda), principalmente por reducción de los subsidios a la energía y el transporte. Pero este ahorro se gasta con creces en pagos de intereses (2,3% del PBI), con lo cual el déficit financiero se ubicará en 5,5% del PBI (682.000 millones de pesos). Y la deuda pública en moneda extranjera se eleva de 28,5 del PBI este año al 31,1% el próximo.

Sólo en jubilaciones, planes sociales y educación, el gasto social crecerá 21%, más que la inflación proyectada. En cambio, los salarios en el sector público nacional deberían subir 15,7% anual para no superarla. Aun así, se prevé una baja de 0,5% del PBI en el gasto corriente (contratos y proveedores).

El rubro que más cae (-0,6% del PBI) es el de subsidios al transporte y la energía, debido a ajustes semestrales en las tarifas de electricidad y gas que impactan sobre los índices inflacionarios. Casi una cuarta parte se concentra en el plan Gas, con precios más altos (aunque decrecientes) en dólares para impulsar la producción.

La inversión pública alcanzará al 5,2% del PBI. Pero sólo un tercio (1,7%) saldrá del Tesoro, ya que otro 3,5% corresponderá al nuevo régimen de Participación Público Privada (PPP), en el que las empresas privadas aportan financiación a largo plazo y recuperan la inversión mediante contratos en dólares con el Estado. También se prevé la transferencia de utilidades del Banco Nación por
20.000 millones de pesos para financiar obras de infraestructura.

Una de las sorpresas está en el impuesto al cheque, que se prorroga hasta fin de diciembre de 2019 pero destina a la Anses el 70% de la recaudación (unos 200.000 millones de pesos para el 2018). Como es un impuesto coparticipado, probablemente sea materia de negociación con los gobernadores, al igual que el tope (de 14.000 millones de pesos) para las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Anses. Otra sorpresa es el revalúo impositivo que, en lugar de restablecer el ajuste por inflación en Ganancias, se transformó en un régimen optativo y por única vez en el 2018. Según el proyecto, será gratuito para las utilidades empresarias que se apliquen a nuevas inversiones. En cambio, para revaluar bienes se aplicará un impuesto de 5 a 15%, similar al del último blanqueo. Y la recaudación prevista (unos 25.000 millones de pesos) también se destinará a la Anses. Para el 2018 se prevé reducir 0,8% del PBI en la presión impositiva, pero sólo por la rebaja de las retenciones a la exportación de soja postergada este año. En cambio, la reforma tributaria no está incluida en el Presupuesto, porque el proyecto irá por separado al Congreso para ser debatido tras la renovación en Diputados y Senadores. E l efecto fiscal sería neutro, aunque el cambio en el impuesto al cheque le resta atractivo.

Si bien la Rosada acordó con 22 de los 24 gobernadores para aplicar en 2018 la Ley de Responsabilidad Fiscal, su avance está supeditado a la decisión de la Corte por el reclamo de Buenos Aires por el fondo del Conurbano.


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