Jueces juzgados

Días atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que dos exjueces federales de Mendoza fuesen enviados a prisión.

Así lo resolvió respecto de los exmagistrados Evaristo Carrizo y Guillermo Petra Recabarren (foto), hasta entonces condenados a perpetuidad aunque todavía en libertad.

Carrizo fue encontrado partícipe primario en dos homicidios agravados, una docena de secuestros, dos casos de tortura y un allanamiento ilegal.

Petra Recabarren, por su parte, partícipe primario en veinte homicidios agravados y en cinco casos de privación ilegítima de la libertad.

Los hechos atribuidos a los nombrados resultaron, además, constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Es decir, parte de un ataque grave y generalizado perpetrado contra la población civil, de acuerdo a un plan diseñado y ejecutado desde la estructura del Estado.

Las querellas y la fiscalía lograron acreditar que la denegación de hábeas corpus así como la decisión de no investigar las denuncias presentadas por las familias no fueron tan sólo constitutivas de una actuación pasiva.

Demostraron, en cambio, que se trató de aportes efectivos en la producción de aquellos crímenes.

Los juicios llevados a cabo contra exmiembros del Poder Judicial nos confrontan con lo que corresponde o no esperar de las juezas y los jueces frente a los abusos del poder.

Y también demuestran la facilidad con la que algunos de los miembros de ese poder desoyeron los mandatos constitucionales y se encolumnaron tras preceptos que subordinaron la vida humana a la difusa preservación de la seguridad del Estado.

Cabe recordar que la Junta Militar exigió a los integrantes del Poder Judicial prestar juramento de respetar los objetivos básicos y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional.

E incluso que el rol desempeñado por la Corte Suprema durante aquellos años se centró en no interferir durante la represión clandestina y preservar el mayor margen posible de discrecionalidad para los militares en el poder. De todo ello da cuenta el libro que fuera editado por Juan Pablo Bohoslavsky, en 2015, titulado: “¿Usted también, doctor? Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura”.

En su prólogo, Bohoslavsky distinguió entre “complicidad militante” y “complacencia banal” como modalidades de actuación dentro de las filas del poder judicial. Y destacó, además, las aisladas actitudes independientes prodigadas hacia las víctimas por algunos jueces y abogados.

Entre ellas, la tarea cumplida por la Asociación Gremial de Abogados y los defensores de los perseguidos por razones políticas.

La indagación acerca del rol jugado por los miembros del poder judicial durante aquellos años sigue la huella abierta por Karl Jaspers, quien abordó el problema de la culpa en Alemania durante el Tercer Reich.

En efecto, apenas finalizada la Segunda Guerra Mundial el filósofo reflexionó acerca de la cuestión de la culpa y la responsabilidad política en ese país. Sobre todo debido a que los crímenes del nazismo chorreaban complicidad y ponían en crisis la conciencia pública.

Entonces sostuvo que el punto de partida para asumir la responsabilidad por lo sucedido durante los doce años de dominación nacionalsocialista no podía ser el escapismo, sino, en cambio, el “restablecimiento de la disposición a reflexionar”.

Jaspers consideró que hay una solidaridad entre los hombres que hace a cada uno responsable de todo el agravio y toda la injusticia del mundo. Especialmente, de los crímenes que se suceden ante nuestra presencia o bajo nuestro consentimiento.

La actualidad de sus reflexiones, jueces juzgados mediante, resulta asombrosa.

*Doctor en Derecho, profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)