La Justicia liberada

Qué pasaría si, por mandato divino, a medianoche la Argentina se transformara en un país en el que todos aquellos que han cometido delitos de corrupción graves fueran a la cárcel para cumplir las penas previstas por la ley? No es necesario tener mucha imaginación para saber la respuesta. En seguida comenzarían a desfilar por los tribunales centenares, tal vez miles, de políticos, sindicalistas, policías y empresarios esposados, además de muchos fiscales, jueces, periodistas e incluso algunos ciudadanos comunes que, para ahorrarse problemas engorrosos, han pagado multas que podríamos calificar de informales o han gastado dinero a fin de agilizar trámites que de otro modo se hubieran eternizado.

Aunque algo similar sucedería en muchos otros países, aquí el resultado sería más espectacular que en la mayoría. Puesto que distintas formas de corrupción son endémicas desde antes de la Independencia, de un modo u otro todos, con la excepción de niños de corta edad, hemos sido cómplices del mal. Es por tal motivo que hasta ahora siempre han fracasado las campañas encaminadas a erradicarlo.

Por lo demás, es muy fácil acusar de hipocresía a quienes se sienten autorizados para tirar las primeras piedras porque, además de haber cometido faltas acaso menores ellos mismos, suelen concentrarse en lapidar a sus adversarios políticos, dejando para más tarde la tarea de limpiar los establos de Augías propios.

Para hacer aún más difícil el desafío planteado por la corrupción ubicua, no hay duda alguna de que paladines de la flexibilidad ética como Lázaro Báez, Julio De Vido, Amado Boudou y sus amigos deberían estar donde están. Tampoco la hay de que Cristina y sus hijos merecerían el mismo trato. Fue por lo tanto inevitable que la decisión de hacer todo cuanto resultara necesario para bajar el índice de corrupción, con la esperanza de que alcanzara un nivel que sería considerado aceptable en el mundo desarrollado, significara la cárcel para muchos integrantes del gobierno anterior. El espectáculo al cual estamos asistiendo es preocupante no sólo para quienes aún los creen dirigentes sumamente respetables cuyas eventuales transgresiones pueden atribuirse a su voluntad de ayudar a los más humildes.

A menos que tales infractores seriales se vean acompañados pronto por algunos oficialistas, quedará la sospecha de que son víctimas de una caza de brujas impulsada por una banda de vengadores. En su fuero íntimo, Mauricio Macri esperará que se halle a uno de los suyos con las manos en la masa; le permitiría hacer gala de su propia imparcialidad.

Un posible candidato para el papel de chivo expiatorio oficialista sería el ministro de Finanzas, Luis Caputo, por sus vínculos pasados con empresas que se habían habituado a aprovechar las ventajas fiscales y operativas brindadas por lugares como el llamativamente permisivo estado norteamericano de Delaware y las Islas Caimán británicas; si bien no habrá violado ley alguna, por razones ideológicas muchos suponen que verse mencionado en uno de los 13 millones de documentos de los “Papeles de Paraíso” que acaba de difundir un consorcio de periodistas es evidencia suficiente de actividad delictiva.

La situación en que se encuentra el presidente Macri es incómoda. Dice querer que el Poder Judicial sea independiente del Ejecutivo, pero al gobierno no le ha sido posible romper los lazos anímicos que lo conectan con Comodoro Py.

Algunos jueces y fiscales, tal vez muchos, han reaccionado con vigor imprevisto ante el cambio del clima político que se vio confirmado por las elecciones legislativas de octubre. Todo hace pensar que están esforzándose por recuperar cuanto antes el tiempo que perdieron a partir de la llegada a la Casa Rosada de Néstor Kirchner y su cónyuge, de ahí la seguidilla impresionante de arrestos preventivos de los días últimos. Aun cuando Macri quisiera que los jueces obraran con más lentitud, si procurara frenarlos violaría los principios que reivindica ya que en tal caso interferiría descaradamente en la marcha de la Justicia.

Para defenderse contra los cargos en su contra, Cristina y sus laderos no tienen más alternativa que la de politizar al máximo lo que les está ocurriendo, imputándolo a una campaña de desprestigio armada por una pandilla de neoliberales gorilescos resueltos a privar al pueblo de lo poco que tiene.

Es poco probable que las protestas en tal sentido le sirvan para mucho. Puede que hace un año los llamados a “la resistencia” que han proferido personajes como Luis D’Elía y Aníbal Fernández hubieran tenido el efecto deseado, pero desde entonces tanto ha cambiado que resultaría contraproducente un eventual intento de intimidar a la gente de Comodoro Py.

Jueces y fiscales han reaccionado con vigor imprevisto ante el cambio de clima político. Pero si Macri intentara frenarlos violaría los principios que reivindica.