La política sucumbe frente al garrote

El macrismo pidió esta semana nuevas pruebas de fidelidad a sus referentes y aliados locales para abordar conflictos con herramientas de los tiempos que corren: inflexibilidad y mano dura con protestas y demandas sociales.

Las estrategias para enfrentar los conflictos con comunidades mapuches fueron elaboradas en dos tiempos. Con el gobernador Omar Gutiérrez, los funcionarios nacionales ataron una agenda institucional con estrategias judiciales y de uso de la fuerza conjuntas sin cerrar espacios de negociación, aunque no quedó muy claro qué orden de prioridad tiene esta última alternativa; y con Horacio Quiroga pactaron una presencia mediática intensiva, aprovechando el estilo de comunicación sin filtro y provocador que caracteriza al intendente de la ciudad de Neuquén.

El abordaje del gobierno transcurre por una delgada línea argumental que coloca a mapuches con buenas intenciones que corren el riesgo de ser cooptados por un sector radicalizado, cuyos miembros se moverían con fluidez por la Patagonia y cruzarían la cordillera sin ser detectados.

El propósito de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), un sector al que le atribuyen actos de violencia para conseguir sus objetivos, es discutido dentro y fuera de las comunidades. Mientras el gobierno se apoya en el sello RAM para instalar el modelo de mapuches violentos, organizaciones del sector con predicamento y tradición, como la Confederación Mapuche que conduce Jorge Nahuel, tomaron distancia y pusieron el punto de partida del debate en otro lugar: atribuyen el nacimiento de RAM a los “servicios de inteligencia”, con el objetivo de diluir los reclamos y estigmatizar a las comunidades originarias.

Los conflictos tienen correlato en la afectación de intereses económicos, aunque esa única mirada lleva a una simplificación del problema. En Neuquén aparecen en primera fila Vaca Muerta y el yacimiento gasífero Loma la Lata, la “zona caliente” de la provincia donde se vive una disputa directa con la petrolera estatal.

Mapuches e YPF negociaron durante las últimas décadas formas de convivencia, con dinero de por medio, en territorios compartidos, un vínculo que ahora se quiere desactivar o al menos reducir en cuanto a las expectativas de los nuevos acuerdos.

Con operaciones a través de terceros, la petrolera se propuso ventilar desde hace un tiempo intimidades pasadas de estos vínculos para demostrar la “voracidad” de las peticiones de algunas comunidades. Esta semana, el intendente Quiroga reforzó la estrategia con apariciones en programas de televisión en los que encandiló a algunos de sus entrevistadores porteños con su definición de “mapuchismo”. Según el referente de Cambiemos, esa etiqueta engloba al “activismo exacerbado”, impulsado por intereses “económicos e inmobiliarios”.

La Constitución de Neuquén tiene un artículo, el 53, incorporado en la reforma del 2006, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas “como parte inescindible de la identidad e idiosincrasia provincial”. Se asume el compromiso de validar la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y en un agregado de avanzada en materia de reconocimiento de derechos, se incluyó un párrafo que les asegura la participación “en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten” con promoción de “acciones positivas a su favor”.

La política está perdiendo la batalla frente a la resolución de conflictos mediante el uso de la fuerza pública. En el gobierno entienden que hay un clima propicio para avanzar en ese sentido, y de hecho suceden demostraciones con mayor frecuencia. La semana pasada ocurrió con el desalojo de los estatales de Salud en calles del centro de la ciudad de Neuquén y el último suceso violento se produjo en la maderera MAM. En ambos casos hubo heridos, un costo que puede variar según experiencias del pasado.

Los conflictos y demandas de las comunidades mapuches tienen correlato en la afectación de intereses económicos. Aquí se ve con la empresa YPF.

La política está perdiendo la batalla frente a la resolución de los problemas mediante el uso de la fuerza pública. En dos semanas hubo 2 enfrentamientos.