La radicalización del populismo, presión para la Corte

17 abr 2013 - 00:00
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La presidenta Cristina Fernández ha abierto un nuevo frente de conflicto al impulsar un paquete de leyes bautizado de “democratización de la Justicia”, que en el caso de la reforma del Consejo de la Magistratura está claramente reñido con el texto de la Constitución en su artículo 114. El proyecto específico no sólo apunta a la politización manifiesta del Consejo, con la elección por voto popular de sus miembros, sino que además pone en jaque la independencia remanente del Poder Judicial y, en particular, a la Corte Suprema de Justicia. Es otro paso de la lógica populista que anima al kirchnerismo desde sus inicios: confrontar, desprestigiar, azuzar el enfrentamiento y derrumbar los límites institucionales al poder, desarmando el principio del equilibrio de poderes que anima al sistema republicano. Y es que, a diferencia de la lógica de las democracias liberales, en donde impera el espíritu pluralista, el imperio de las leyes y la búsqueda de consensos en las cuestiones fundamentales, el populismo se alimenta de la polarización que va creando, tensando al máximo a la opinión pública en sectores irreconciliables. La función del Consejo de la Magistratura es despolitizar la selección de los jueces, buscando el equilibrio plurisectorial al establecer una composición con cuatro sectores: representantes de los legisladores nacionales, del Poder Ejecutivo, de los magistrados y abogados y del ámbito académico. El equilibrio es un factor esencial, ya que ningún sector debe predominar. La elección directa en las urnas no sólo no está contemplada en la Constitución y le daría un inocultable barniz político partidario a este órgano, sino que además le quitaría el equilibrio necesario para la selección consensuada de magistrados irreprochables en su conducta y altamente calificados en su conocimiento de la ciencia jurídica. ¿Qué ocurriría si la Corte Suprema declarara inconstitucional esta reforma? Difícilmente el kirchnerismo, a través de sus voceros políticos y mediáticos, se abstendría de acusar al máximo tribunal de participar de una vasta conspiración desestabilizadora, procurando introducir un factor de presión fortísima a la decisión que los ministros deben tomar en su rol de control de la constitucionalidad de las leyes. Con este nuevo frente de conflicto, se buscaría enlodar entonces a la Corte Suprema, sabiendo que los jueces sólo deben hablar a través de sus sentencias, evitando dar opiniones o discursos de tribuna. En un año electoral difícil y desconcertante, en medio de señales de zozobra por desastres climáticos e incertidumbre económica, la presidenta impulsa un nuevo elemento disruptivo para profundizar la radicalización del populismo, debilitando las instituciones y la seguridad jurídica. (*) Analista del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal)