Las reformas y sus marchas

Panorama de río negro

Hay reformas que están y no están. Río Negro perfila cambios en los procedimientos penales y en las escuelas secundarias. Apunta, también, la modificación de la Constitución.

La Justicia está imbuida en plazos que no serán. Esa reestructuración –que traspasa la investigación penal de los juzgados a los fiscales– no llegará en marzo. Faltan cinco meses o, mejor dicho, cuatro meses, considerando la feria. Resta aprobar tres leyes: las Orgánicas de la Policía, del Ministerio Público y de la Justicia. Interpoderes ya tiene proyectos de las dos iniciales, pero el STJ todavía no elevó el suyo.

Esa comisión se reunió en mayo y recién volverá a juntarse a principios de octubre. Valdrá para sincerar. Sitrajur –que, según el gremio, fue invitado por la presidenta de Interpoderes, Tania Lastra– no tiene dudas. “No es posible su implementación desde marzo”, anticipa.

Esta sentencia se anida en la Justicia. Queda que el STJ y la Procuración acepten que no llegarán. Tiempo de adaptación tuvieron: dos años. La reforma se aprobó en diciembre del 2014. Incluso, en abril pasado, se facultó, por ley, al STJ a trámites excepcionales para su preparación. No bastó, ya que hay contrataciones y capacitaciones demoradas (los jueces no comenzaron sus módulos del segundo semestre).

La movilidad del personal no está resuelta. Los juzgados y cámaras, con 250 agentes, sufrirán una sangría y sus funciones quedarán reducidas a las “oficinas judiciales”, destinadas a las agendas. No se sabe qué destino tendrá esa dotación, pero el STJ sí abrió el proceso para nombrar a cinco directores de esas oficinas, con sueldos de jueces.

¿El traslado del personal a la Procuración? Era la teoría, pero hoy pocos aceptan y tampoco existe convicción de los superiores. Y el gremio milita en contra del pase porque tiene conflictos laborales abiertos con la procuradora, Silvia Baquero. Así, la jefa de los fiscales está en problemas. Ni hablar de cómo podrá armar su inicial esquema investigativo, valiéndose de esta Policía rionegrina, con sus vicios y sus desvaríos.

Así, vaga la frustración. El gobierno está alerta al costo, acostumbrado al escape judicial a sus culpas. La discusión de recursos para el 2017 sería una excusa ideal. Sería un argumento inexacto. A septiembre, la Justicia usó un 78% de sus partidas para salarios pero, en cambio, sólo utilizó un 8% (casi 17 de 200 millones) de lo programado para “bienes de uso” y un 32% (49 de 151 millones) de “servicios no personales”. La plata, allí, sobra.

Otra marcha inestable corresponde a la “nueva secundaria”, que impulsa la ministra Mónica Silva. Sostiene su aplicación plena para el próximo ciclo. El gobernador la acompaña, pero su duda radica en los recursos. Silva desliza un impacto de un 25% de la masa salarial del nivel. Economía lo pone en su lenguaje: exigiría unos 500 millones. Unter ya no está en el proceso y, enfrente, cuestiona plazos y nuevas condiciones laborales

Sigilosa, la otra transformación alojada equivale a la constitucional. Weretilneck cuida sus palabras, pero hay movimientos que lo delatan. Su álter ego, el legislador Facundo López –conjuntamente con el excamarista electoral Gustavo Azpeitía– recorrió juristas para evaluar el artículo de la reelección. Esa revisión trajo el desencanto. Descartado ese atajo, la travesía recae en la reforma. Ya hubo contactos con la jacobina y constitucionalista Marcela Basterra (hoy en la capital federal). Viajó al exterior y, a su regreso, se ocupará de los bocetos.

El primer paso se acelera. Se trata de la ley de “necesidad de la reforma” y su tratamiento podría darse antes de finalizado este año. Aprobada la norma, Weretilneck dispondrá de la facultad del llamado a la elección de convencionales. Conservará la iniciativa pero, lo más importante, mantendrá latente su continuidad y su poder.

Las dudas del tiempo del cambio penal se expanden cuando faltan leyes y no se sabe que pasará con el personal. Queda que el STJ y la Procuración acepten que no llegarán.

Para sus reformas, Educación tiene sus frentes: la escasez de fondos y el rechazo de Unter. El proceso se acelera y la ley de necesidad podría llegar antes del 2017.