Las víctimas importan mucho

La invocación de los derechos de las víctimas se ha convertido en una constante de los últimos tiempos. Y no es para menos, de acuerdo a los elocuentes índices de desatención que padecen, según surge en algunas de las encuestas producidas recientemente.

Sin embargo, puede suceder que muchas de esas invocaciones tengan un objetivo puramente demagógico, con poca o nula profundidad empática para con quienes vienen sufriendo los reales perjuicios de la violencia y el delito.

A esta altura del partido ya sabemos que la demanda de penalidad “tal como la quiere la opinión pública” viene en muchos casos premoldeada por el filtro de los medios masivos de comunicación y sus respectivas orientaciones ideológicas.

Sabemos, además, que en numerosos casos se pretende utilizar a las víctimas como verdadera fuerza de choque para colocar en su boca demandas de mayor castigo penal y menos garantías para los sometidos a proceso.

Y que ello es parte de un plan más amplio, destinado a la militarización de la seguridad pública y ciudadana. Militarización que, a partir de la declaración de emergencia nacional en materia de seguridad, en el mes de enero pasado, viene constituyendo una indisimulable plataforma de muy lucrativos negocios.

Es debido a todo eso que resulta imprescindible afirmar que las víctimas importan y mucho. Tanto como para velar en favor de que no sea menoscabada su condición de sujetos, ni reducida a medios con los que lograr otros fines que no sean su resarcimiento, reparación, participación y protección.

Porque quienes sufren la desdicha del dolor y la pérdida importan mucho, es imperativo desenmascarar a quienes, en ciertas ocasiones, se arrogan el derecho de hablar por ellos en términos monopólicos. Tal cosa debido a que mediante sus discursos suelen promover el odio y la descomposición social más que prácticas inclusivas y auténticamente reparadoras. Por el contrario, la voz de las víctimas exige horizontalidad, claridad discursiva y receptividad colectiva.

En razón de que importan y mucho es preciso cuestionar los intentos para hacer de algunas de ellas “menos víctimas” que otras. Puesto que quienes vienen de padecer violencias y sometimientos perpetrados por particulares tienen igual estatus que quienes sufren las diversas formas de violencia institucional.

Y aquellas golpeadas por los perjuicios de la violencia intersubjetiva poseen igual condición que aquellas cuyas necesidades básicas vienen siendo históricamente desatendidas por la inacción estatal.

Tal como lo afirma Roberto Gargarella, la reivindicación de un derecho penal más democrático no debería aceptar la idea según la que quienes están mejor situados para decir qué respuesta corresponde dar frente a un crimen son las víctimas o sus allegados.

Y tal cosa por cuanto, si bien es imprescindible cuidar, proteger, amparar a las víctimas, darles contención y trabajar para reparar las pérdidas que han sufrido, lo cierto es que ese respeto no implica convertirlas en lo que no son, es decir, en autoridades en materia penal.

Más bien lo contrario, puesto que es difícil que pueda surgir una norma justa desde la entendible indignación que genera el crimen sobre quienes lo experimentan de más cerca.

Cabe recordar que, en este contexto, los derechos fundamentales se levantan como verdadera “ley del más débil”. En lo sustancial, debido a que esos derechos constituyen leyes del más débil en franca oposición a la ley del más fuerte que regiría en su ausencia.

Se tratan de una verdadera Carta Magna en contra de cualquier proceso de victimización. En primer lugar, el derecho a la vida contra la ley de quien resulta más fuerte físicamente. En segundo término, los derechos de inmunidad y de libertad en contra del arbitrio de quien es políticamente más fuerte. Por último, los derechos sociales, que son derechos a la supervivencia contra la ley de quien es social y económicamente preponderante.

Porque las víctimas importan, y mucho, es indispensable crear las condiciones necesarias, materiales y éticas para que nunca más en lo sucesivo vuelvan a serlo.

*Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)

“Quienes vienen de padecer violencias perpetradas por particulares tienen igual estatus que quienes sufren violencia institucional”.