Mejorar el diálogo con el pueblo mapuche

Estamos en un momento político donde las declaraciones no bastan. Es necesario que las instituciones de Gobierno de nuestra provincia den pasos claros y tomen decisiones políticas que reviertan el camino que se viene sosteniendo en el abordaje de la problemática territorial de las Comunidades Mapuche de nuestra provincia.

La investigación del periodista Ítalo Pisani de este diario puso la lupa sobre la desidia de los gobiernos patagónicos a cumplir con la Ley 21.160.

La sanción en 2006 por parte del Congreso Nacional de la ley nacional de orden público 26.160 fue un contundente acto de reconocimiento del Estado argentino de la situación de incumplimiento generalizado de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en nuestro país.

Tal era el grado de desconocimiento de estos derechos que el Estado tuvo que declarar el estado de emergencia en la materia, suspender los desalojos y ordenar la implementación de un programa de relevamiento de las tierras ocupadas por las comunidades en todo el país.

Su cumplimiento fue desparejo, hubo múltiples resistencias a su implementación y a 11 años de su sanción el programa de verificación no ha sido concluido en todas las provincias, siendo- según el informe oficial del INAI al Congreso en 2017- que se han relevado hasta ahora unas 759 de 1532 comunidades previstas en la actualidad a relevar.

Vale recordar además que la sanción de esta ley respondió a la necesidad de cumplir, tal como lo dice la exposición de motivos, con las obligaciones impuestas en el artículo 14 del Convenio 169, especialmente el apartado segundo que establece que “Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión” condición que resulta obligatoria para Argentina desde la ratificación del convenio.

Neuquén ha sido una de las provincias con mayor resistencia a la ejecución del relevamiento, en tanto que el gobierno se opuso desde la sanción de la ley hasta el 2012, a través de dictámenes jurídicos; cartas documentos al INAI y fuertes gestiones ante los funcionarios nacionales, para evitar su implementación en el territorio provincial.

A partir del año 2013, y sólo durante 2 años, se avanzó en la ejecución mediante la firma de un convenio que ya era deficiente pero que además, hoy, se encuentra sin vigencia.

Además de una participación indígena muy limitada, ya que prácticamente no se permitió a las comunidades aportar técnicos a los equipos; con una casi nula experiencia en la temática indígena de parte de los profesionales involucrados y muchos de ellos, incluso, siendo en realidad empleados estatales afectados a esa tarea, el relevamiento se desarrolló de modo muy desparejo.

Nunca se tuvieron en cuenta las comunidades que no tenían la personería jurídica inscripta (pese a que la ley lo prevé expresamente) y nunca se incorporaron las comunidades que se inscribieron posteriormente como Campo Maripe y Maliqueo. Como resultado se relevaron unas 20 comunidades y sólo se completaron las carpetas de 5.

Recordemos que en Neuquén pueden contabilizarse unas 60 comunidades en total.

La determinación de la ocupación actual, tradicional y pública no es la única obligación estatal en materia de derechos territoriales indígenas en el actual ordenamiento jurídico.

Sin embargo, esta determinación puede traer certeza de la realidad actual de la posesión de las comunidades; si se aplica en forma adecuada puede resultar un espacio institucional de diálogo más permanente; da cauce a los reclamos que se encuentran hoy abiertos y políticamente significa dar una clara señal de que hay voluntad política de dar una respuesta que no vaya por el camino de la violencia represiva y criminalizadora.

* Abogados de la Confederación Mapuche de Neuquén