Neopunitivismo fervoroso

Se alzan voces indignadas para pedir castigos más duros dirigidos hacia aquellos que violan la ley. Iniciativas parlamentarias procuran modificar normas con el objeto de impedir las salidas transitorias y la libertad condicional de los condenados por ciertos delitos.

Vuelve al debate público la castración química de los condenados por abuso sexual y algunos portavoces de la industria del entretenimiento exigen la instauración de la pena de muerte en la Argentina.

Se reivindican diversas formas de venganza privada, a la vez que se auspician por medio de las redes sociales los escraches y linchamientos de personas sospechadas de la comisión de graves ofensas.

Foros de opinión repudian condenas por considerarlas insuficientes y desproporcionadas al mal ocasionado. En simultáneo, algunos tribunales comienzan a elevar el promedio de las penas que hasta el día de hoy venían aplicando, contradiciendo sus propios precedentes.

Entre tanto, de forma sistemática y sin interrupción, los medios cuelgan retazos de información acerca de hechos delictivos violentos, entremezclados con relatos e imágenes acerca de la desdicha experimentada por las víctimas.

¿Serán todas señales de la irrupción de un neopunitivismo fervoroso, un tanto irreflexivo, marcado por el oportunismo de muchos aviesos y la ingenuidad de otros tantos despistados?

¿O se trata, en cambio, de reacciones previsibles ante la ausencia de intermediaciones efectivas capaces de hacer cesar las violencias intersubjetivas y proteger a las víctimas más vulnerables?

Dar respuesta a dichos interrogantes invita a asumir, en primer lugar, la necesidad de revisar críticamente el sistema de castigos que impera en nuestras sociedades. E incluso cuestionar el renovado entusiasmo colectivo expresado alrededor de la prisión.

Sabemos, a partir de una sobrada evidencia empírica, que el estado actual de la cuestión carcelaria en nuestro país no permite albergar grandes esperanzas pacificadoras.

Allí suelen reinar el abandono, las desidias estatales y la violencia institucionalizada. Su población se integra muy mayoritariamente por jóvenes de sexo masculino, de entre 18 y 28 años de edad, provenientes de hogares desarmados, con escasa instrucción formal y de precaria condición económica.

Son espacios frecuentemente olvidados, tan sólo recordados en ocasiones de motines y tragedias. Sitios de hacinamientos masivos que incumplen con su razón de ser constitucional: la resocialización y readaptación de quienes allí se encuentran.

No debiera resultar gratis, en términos de costo político, el incumplimiento de esos deberes para con la población penitenciaria. Puesto que ella, más tarde o más temprano, volverá a reintegrarse al resto de la sociedad.

¿Acaso no resulta un suicidio, en términos de seguridad pública y ciudadana, despreocuparnos por la suerte de los detenidos en nuestras prisiones?

Cabe entonces propiciar el debate alrededor de otras propuestas, quizá menos clamorosas, aunque también destinadas a revertir un cuadro de situación marcado por el malestar ciudadano.

Entre ellas, que la cuestión carcelaria ingrese en las plataformas y ofertas electorales. De ese modo podríamos saber qué se propone hacer o no un determinado grupo político con ese espacio tan conflictivo: si lo dejará librado al abandono y a la falta de inversión, o se propondrá cumplir con los muy puntuales términos que marca la ley.

Es indispensable que los ciudadanos tengamos información seria acerca de ese compromiso, puesto que la ejecución de la pena de prisión en la argentina no suele estar dirigida a la readaptación o resocialización de los internos.

Se trata de conocer si, una vez en el ejercicio del poder, las autoridades habrán de implementar esfuerzos concretos para hacer de la experiencia carcelaria algo más que una acumulación de tiempo muerto. Y en su caso, de controlar si aquellos esfuerzos están dirigidos a la rehabilitación de la población que las habita.

La inacción y el maltrato gubernamental, en todas sus formas, atentan contra la efectiva prevención del delito.

*Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)

¿Acaso no resulta un suicidio, en términos de seguridad pública y ciudadana, despreocuparnos por la suerte de los detenidos en nuestras prisiones?