Niños y violencia

T odos los años se instala un falso debate que busca criminalizar a los niños. Pero no a todos los niños, a los que están en situación de pobreza.

Ellos son colocados en el lugar de chivo expiatorio y luego les ponemos nuestra atención desde una mirada punitivista y violenta. Esta es una práctica habitual que nos invita a perder de vista los problemas de fondo.

Para graficarlo: discutimos encarcelar a niños mientras es ínfima la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves. Paralelamente perdemos de vista nuestros problemas estructurales como la trata de personas, el endeudamiento del país a 100 años o las violencias de género.

Sin embargo, estamos atravesados por una mirada que demoniza a un sector social. Cabe preguntarse si los niños en situación de pobreza de hoy no son las brujas de ayer. Pareciera que así es si vemos las imágenes del intento de homicidio en Córdoba de un nene de 10 años por una multitud porque se sospechaba que había robado un celular. ¿Era el celular lo que despertó la violencia o la demonización sistemática de determinados sectores sociales?

El Cepoc, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, afirma que “casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta es porque alguien con más edad y con más poder lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro, y lo que indican todas las investigaciones, es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los repuestos para sus autos”.

Asimismo, el Cepoc manifiesta entre los motivos para no bajar la punibilidad que “el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y sólo se puede avanzar en dicha cobertura. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16 años, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (ley 14394). La dictadura derogó parcialmente esa norma y fijó la edad de punibilidad en 14 años. En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad establecida por la dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.”

En ese sentido, para la profesora Perla Benegas, “la estatura de una sociedad se mide por cómo están sus niños”. Según ella, “nos estamos deshumanizando. Cuando hay situaciones de pobreza, la mayor pobreza la sufren los chicos. Cuando hay fragilidad en la salud o en la educación los primeros que lo sufren son los chicos. Los chicos son objeto de un mercadeo feroz, los utilizan para la trata, para los talleres clandestinos, para que vendan esto o aquello. Es un abuso colectivo que se silencia”.

Esta violencia hacia los niños no es aislada, está legitimada desde una pedagogía mediática de la violencia que nos atraviesa. Silenciando abusos y promoviendo miradas punitivas: los medios de comunicación que ocupan posiciones dominantes muestran un hecho aislado, los descontextualizan y luego a partir de ese dolor legitiman el castigo violento. Esta pedagogía mediática incidirá en nuestra forma de pensar la realidad y proyectará políticas públicas regresivas que lejos de resolver los conflictos agravarán el abuso colectivo.

*Licenciado en Comunicación Social UNLZ y docente de la UNRN