Planta nuclear y fintas varias

12 ago 2017 - 00:00
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Más allá de que lo exige su forma republicana, la Constitución de Río Negro prevé en su artículo 4º que “todos los actos de gobierno son públicos”. Lo refuerza la misma Carta en su artículo 26º, cuando dice que “todos los habitantes de la provincia gozan del derecho del libre acceso a las fuentes públicas de información”. Agregamos brevemente y para no aburrir que la ley provincial 1829 reglamenta ese derecho y prevé una acción judicial para el caso de que se deniegue la información.

Como otras tantas veces sucede, sin embargo, la práctica real, asible y concreta de la administración pública no satisface los estándares de la legislación provincial, dimensión en la que con Río Negro ha sido muchas veces más avanzada que la Nación (ejemplo, la Constitución de 1988 que sirvió de fuente a la reforma del 94, etc.). En este caso, el pedido de información respecto de la instalación de una planta nuclear en nuestra provincia, realizado por dos ciudadanas de Viedma, ha sido burdamente denegado o contestado con mendacidad. Mal que le pese a la ley 1829, que –como toda norma– carece de la facultad de hacerse respetar por sí misma.

Aclaremos: aquí hablamos del derecho a la información y no sobre las bondades del proyecto energético. Quien esté de acuerdo con la instalación de la planta no debería tener ningún problema con que se difundan los acuerdos internacionales que hacen al proyecto. Es más, posiblemente muchas de las personas que apoyan la iniciativa estén disconformes con la (falta de) estrategia comunicacional que el gobierno ha desplegado al respecto. Cuanto más se retacea la información, cuanto más oscurantista es el manejo gubernamental, más se robustece la sospecha de la ciudadanía. La cual, de paso sea dicho, es cada día más difícil de engañar y suele cobrar caro la subestimación.

Volviendo al pedido de información cursado en Viedma: fue presentado en dos mesas de entradas distintas. Sólo uno fue contestado, por la Secretaría Legal y Técnica, y diciendo que no se habían recibido –allí, es decir en tal secretaría– acuerdos ni convenios que tuviesen por objeto la temática aludida por las ciudadanas que pedían la información. Obviamente, dicha respuesta no se refería a todo el ámbito del Poder Ejecutivo. La finta administrativa no fue muy sutil, aunque bastó, sin embargo, para que posteriormente el Superior Tribunal de Justicia tuviese por “no denegada” la información. No creo que tal efecto fuese siquiera previsto por el funcionario, versado en leyes, y sabedor de que esa formal contestación no satisfacía de modo alguno el derecho a la información de las ciudadanas requirentes.

Retrocedamos un momento. Entre el pedido de información y la resolución judicial hubo un episodio cinematográfico. Los habitantes de la capital rionegrina tuvieron que jugar a la CIA –o a la KGB, elija cada uno– para advertir que ciudadanos chinos ligados al proyecto nuclear vendrían a recorrer posibles lugares de instalación. Se realizó una manifestación popular al respecto que terminó, en horas de la noche, con algunas personas a las puertas del hotel donde residían los visitantes. Sólo una segunda finta –esta vez jurídica– del fiscal, explicando que si los manifestantes no vedaban el paso no cometían ningún delito, evitó aún mayores costos políticos al gobierno.

Ahora sí, volvamos al plano judicial y a la acción intentada por las dos ciudadanas invocando la ley 1829. Después del episodio hotelero, y con aquella contestación de la Secretaría Legal y Técnica que parafraseaba a Sócrates (“sólo sé que no sé nada”), la Procuración General dictaminó y el STJ resolvió el rechazo de la acción, dado que no había sido acreditado que se denegara información sobre la planta nuclear. Fue la tercera finta, esta vez, semántica: no es que el Ejecutivo haya brindado la información, sino que las peticionantes no habían acreditado la denegación. Escribirlo al revés sería más evidente, decir que la Secretaría Legal y Técnica había “informado algo” era difícil de volcar en un fallo.

En definitiva, el derecho a la información se perdió en algún lado del anecdotario nuclear. Los extranjeros vienen, los rionegrinos los espían, la Legal y Técnica no tiene idea de por qué y, mientras, un par de comprometidas ciudadanas aprendieron, del peor modo, por qué a la prueba negativa le llamaban los romanos la “probatio diabólica”.

*Abogado

Cuanto más se retacea la información, cuanto más oscurantista es el manejo gubernamental, más se robustece la sospecha de la ciudadanía.

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