Pobres y excluidos (hasta de las estadísticas)

Mirando al sur

Sin necesidad de una ley, como la de “reparación histórica” para cancelar deudas judiciales con cientos de miles de jubilados y pensionados, el Estado acaba de saldar una deuda más pesada pero intangible con un amplio universo de habitantes de la Argentina: los que se encuentran por debajo de las líneas de pobreza y de indigencia por insuficiencia de ingresos.

Hace pocos días la nueva conducción del Indec volvió a difundir el costo de las canastas (total y alimentaria) que determinan esos parámetros, con el cual puso fin a casi tres años de negacionismo estadístico decidido por el gobierno de Cristina Kirchner.

Por supuesto que este sinceramiento no significa cambio alguno para las 13 millones de personas que padecen la pobreza y que, al solo efecto de disimularla, fueron deliberadamente excluidas de las estadísticas oficiales. Pero, al menos, es el punto de partida para elaborar un diagnóstico más preciso sobre su magnitud, que se completará esta misma semana cuando el Indec informe los indicadores de pobreza e indigencia con datos mucho más verosímiles que los difundidos en los últimos años.

La trascendencia de esta reparación estadística es más importante que los números oficiales en sí mismos. De hecho, como los “dibujos” y camuflajes del Indec fueron una constante durante los ocho años en los que el organismo fue virtualmente intervenido, desmantelado y manejado arbitrariamente por Guillermo Moreno, terminaron siendo sustituidos –con mayor o menor precisión– por mediciones privadas más confiables.

Por ejemplo, el Indec acaba de informar que el costo de la canasta básica total (CBT) para una familia tipo (que determina la línea de pobreza) se ubicó en agosto en 12.489 pesos mensuales y el de la canasta básica alimentaria (CBA), que fija como línea de indigencia, en 5.179. Estos valores no difieren demasiado de los calculados por FIEL para el mismo mes y que ascendieron a 11.329 pesos para la CBT y 4.985 para la CBA.

A partir de los datos oficiales, se estima que la tasa de pobreza que volverá a difundir este miércoles el organismo no estará demasiado alejada del 34,5% de la población total medida este año por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Antes de que el gobierno de CFK decidiera dejar de informar sobre este indicador, el correspondiente al último trimestre del 2013 arrojaba un inverosímil nivel de 4,7%, cinco veces más bajo que el de la UCA, que entonces lo ubicaba en torno del 25%.

Las razones esgrimidas por varios funcionarios del gobierno kirchnerista para discontinuar los datos estadísticos sobre la pobreza a partir del 2014 fueron excusas que no resistían el menor análisis técnico y resultaban una aberración desde el punto de vista político.

En el primer caso, el exdirector técnico del Indec, Norberto Itzcovich, había argumentado que dejar de medir la pobreza obedecía al “cambio metodológico” que implicó la puesta en marcha del Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNu), en reemplazo del IPC vigente hasta entonces para el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En rigor, ese cambio no impedía calcular el costo de la canasta básica alimentaria integrada por 30 productos de primera necesidad, ni tampoco el de la CBT, con el agregado de servicios y bienes no alimentarios. Por el contrario, el IPCNu hubiera permitido elaborar indicadores más precisos, por regiones o provincias, si no fuera porque esos datos nunca fueron procesados, según lo denunció este año el nuevo titular del Indec, Jorge Todesca. Lo cierto es que al subestimar las subas de precios, el costo total de la CBT y la CBA arrojaba valores irrisorios (como cuando se afirmó que una familia tipo podía alimentarse con 6 pesos diarios); bajaba las líneas de pobreza e indigencia y, por consiguiente, lo mismo ocurría con la variación de estos indicadores.

Esta falsificación estadística fue el origen de declaraciones políticas que pasaron a la historia. El exministro de Economía, Axel Kicillof, admitió desconocer el número de pobres en la Argentina, pero le restó importancia al señalar que significaría “estigmatizarlos”, como si la información consistiera en identificar a cada uno. Con los datos del Indec, Cristina Kirchner afirmó en el exterior, sin ruborizarse, que la pobreza alcanzaba al 5% y Aníbal Fernández fue todavía más allá cuando sostuvo que en la Argentina había menos pobres que en Alemania. Por supuesto, sin considerar que la medición en uno y otro país en este caso sí tienen metodologías completamente diferentes. Ni tampoco la realidad palpable de que 1 de cada casi 3 habitantes de nuestro país es pobre o indigente.

En realidad, estos argumentos sólo tenían como explicación la necesidad de mantener el inverosímil “relato K” y la fantasía ideológica según la cual un gobierno populista, que decía defender a los más pobres, no podía mostrar que su número fuera en aumento. Sobre todo después de que en el 2007 la inflación se instalara en dos dígitos anuales y se frenara posteriormente la creación de empleos privados. Una prueba de ello es que el número de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), dispuesta en 2009, nunca logró descender. Otro tanto ocurrió con el empleo en negro, que convierte a los trabajadores en ciudadanos de segunda categoría, sin aportes jubilatorios, obras sociales ni posibilidad de acceso al crédito bancario. Todo esto, sin contar los problemas habitacionales, educativos, empleos precarios, acceso a servicios básicos, inseguridad, etc., que son relevados por la UCA.

El sinceramiento de las insólitas estadísticas de la era K no supone un costo político para el gobierno de Mauricio Macri. Pero contar con un diagnóstico más preciso de la realidad social eleva sustancialmente la vara de su declarado objetivo de llegar a “pobreza cero”, en un plazo no definido pero que tampoco será corto. Por lo pronto la mayor inflación de este año, junto con la recesión económica, implican un retroceso de varios casilleros en la lucha contra la pobreza, pese a que como paliativo se hayan dispuesto medidas de asistencia para los sectores sociales más vulnerables (tarifa social, devolución parcial de IVA en compras de la canasta básica, refuerzos para comedores escolares, asignaciones familiares para monotributistas, aumento del seguro de desempleo, etc). De ahí la necesidad de bajar la inflación y reactivar la economía en 2017, año electoral que impondrá otro tipo de urgencias. Sin ir más lejos, el debate en ciernes sobre la reforma al impuesto a las Ganancias incluye a menos del 10% de los asalariados formales de todo el país.

Este sinceramiento no significa cambio alguno para las 13 millones de personas que padecen la pobreza y que, al solo efecto de disimularla, fueron excluidos de las estadísticas oficiales.

Se estima que la tasa de pobreza que volverá a difundir este miércoles el Indec no estará muy alejada del 34,5% de la población total medida este año por la Universidad Católica.