Reforma previsional: razones del apuro en el Congreso

A esta altura es más que evidente la necesidad y urgencia de la Casa Rosada por completar cuando antes la sanción de la llamada reforma previsional y aplicarla desde el arranque del 2018.

No se trata, en rigor, de una reforma de fondo para el deficitario sistema jubilatorio nacional, sino de un ajuste fiscal encubierto que no deja de ser importante. Su punto clave es el cambio de la fórmula de movilidad automática que actualiza los haberes de jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que abona la Anses.

Según el proyecto de ley acordado por el gobierno de Mauricio Macri con los gobernadores de 23 provincias (aprobado a fin de noviembre por el Senado por 43 votos a favor y 23 en contra), la actualización pasará a ser trimestral en vez de semestral. Y la nueva fórmula combinará un 70% del índice de precios al consumidor nacional y 30% de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) en reemplazo de la actual que, al basarse en la recaudación de aportes previsionales e impuestos que creció en el 2017, superaría el año entrante a la suba de la inflación y los salarios.

Así, el gasto previsional subirá en el 2018 menos de lo que correspondería con la actual fórmula de indexación, en una cifra que oscilaría entre $ 65.000 y $ 72.000 millones según cálculos privados.

Este monto (equivalente al 0,6% del PBI) explica el apuro para sancionar esta ley por parte del gobierno nacional, con el tácito aval de la mayoría de los gobernadores. Con ese “ahorro” podrá financiarse buena parte del nuevo pacto fiscal, que sí implica una reforma de mayor alcance institucional ya que replantea la distribución de recursos, gastos y deudas entre esas jurisdicciones e incluye la reducción muy gradual de impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos en todas ellas.

Vale recordar que a través de ese acuerdo, firmado hace menos de un mes, la provincia de Buenos Aires recuperará en dos años lo que le hubiera correspondido recibir por el congelado –y ahora extinguido– Fondo del Conurbano Bonaerense, a cambio de desistir de su reclamo ante la Corte Suprema para actualizarlo retroactivamente y no afectar la coparticipación de Ganancias. A su vez, las demás provincias renunciarán a casi 60 juicios contra el Estado nacional, a cambio de bonos por
$ 80.000 millones a diez años de plazo y compensaciones de impuestos nacionales, que en parte destinarán a cubrir el déficit de las 13 cajas jubilatorias no transferidas a la Anses, muchas de las cuales mantienen regímenes de privilegio que se comprometen a desmontar sin plazo prefijado.

En otras palabras, el cambio de la fórmula de movilidad automática en las prestaciones de la Anses es la llave de esta ingeniería fiscal que –por virtud o necesidad– obtuvo el consenso de todas las administraciones (salvo San Luis). Y hasta podría haberse integrado en un solo proyecto “ómnibus” con la ley de Responsabilidad Fiscal, debido a que de esa trilogía dependen además la Reforma Tributaria y el Presupuesto 2018, incluidos también en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Hasta que ingresó a la Cámara de Diputados con media sanción del Senado, el proyecto estuvo rodeado de medias verdades y exageraciones de impacto mediático. El kirchnerismo se apresuró a denunciar una baja de jubilaciones el año próximo, lo cual no es cierto ya que serán indexadas por el IPC. Pero el oficialismo presentó como un beneficio que sean ajustadas cada tres meses y no cada seis, sin mencionar que el monto total a distribuir bajará un escalón el año entrante. La excepción fue el diputado Pablo Tonelli (Cambiemos) con una frase sincericida: “Los jubilados perderán plata, pero no poder adquisitivo”, sentenció. Pero esta definición omite precisar que la nueva fórmula impide recuperar el terreno perdido en el 2016, cuando las jubilaciones fueron ajustadas en 33% frente a una inflación cercana al 40% anual. Por su lado, su compañera de bloque Elisa Carrió declaró que rechazaría cualquier cambio que perjudique a los jubilados, aunque luego de una cumbre oficialista en Casa Rosada afirmó haber sido convencida de lo contrario.

El eje del problema es que la ley prevé aplicar con rezago –en marzo de 2018– el aumento del IPC del tercer trimestre de este año, que equivale al 5,7% frente al 12% que correspondería con la actual fórmula. Por lo tanto, tendría una aplicación retroactiva de constitucionalidad discutible, que podría dar lugar a nuevos juicios contra la Anses. Para disuadir a Carrió, el Ministerio de Hacienda elaboró un informe según el cual habría subas de haberes de 5,7% a fin de marzo; 5,6% en junio, 4,7% en septiembre y 4,6% en diciembre, con lo cual aumentarían 21,8%, cinco punto más que la inflación calculada por estimaciones privadas (16,6% anual). Pero, precisamente, se trata de proyecciones y no de compromisos. La prioridad oficial es que el proyecto no vuelva en revisión al Senado, aunque esto signifique un fin de año a toda orquesta en el Congreso.

La ley prevé aplicar con rezago, en marzo de 2018, la suba del IPC del tercer trimestre de este año, del 5,7%, en lugar del 12%, una aplicación retroactiva de dudosa constitucionalidad.