Reformas con costos y beneficios

Ninguna reforma que se precie de tal tiene efectos neutrales: siempre hay costos y beneficios. Esta regla se repite con las reformas fiscal, laboral y tributaria próximas a tratarse en el Congreso, tras los acuerdos alcanzados por el gobierno de Mauricio Macri con los gobernadores, la CGT y varios sectores empresarios.

Aunque apuntan básicamente a evitar desbordes de gasto público y crear mejores condiciones para aumentar la competitividad, la inversión privada y los empleos formales, los costos serán relativamente inmediatos y los beneficios muy graduales. Sólo a mediano plazo se sabrá si el saldo es positivo o negativo para el conjunto de la economía y la sociedad.

El acuerdo entre la Casa Rosada y los gobernadores (salvo el de San Luis) fue producto de una compleja ingeniería fiscal, precisamente para redistribuir costos y beneficios. A partir de la eliminación del Fondo del Conurbano (FCB), congelado hace años, la provincia de Buenos Aires aparece como la gran ganadora al recibir importantes fondos extra del Tesoro Nacional. Pero a cambio debe desistir de su reclamo ante la Corte Suprema para actualizar retroactivamente el FCB, que hubiera afectado seriamente la coparticipación del resto de las provincias. Y éstas, a su vez, renunciarán a casi 60 juicios contra el Estado nacional, a cambio de bonos por $ 80.000 millones a 10 años de plazo con un interés de 6% anual y compensaciones indexadas en el reparto de impuestos nacionales si cumplen su parte.

Buena parte del costo de esta reforma recaerá en los jubilados de la Anses y quienes reciben la Asignación Universal por Hijo. Según el acuerdo, a partir de 2018 se reemplazará la fórmula de movilidad automática semestral de haberes, por “ajustes trimestrales superiores a la inflación”. La propuesta oficial de aplicar el IPC más el equivalente a un 5% del crecimiento del PBI, deberá ser ahora convalidada por el Congreso. Paralelamente, sólo los que cobren la jubilación mínima y acrediten 30 años de aportes (o sea, sin haberse acogido a moratorias previsionales) tendrán un haber equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil. Aun así, no podrán compensar el deterioro de poder adquisitivo sufrido durante la “estanflación” de 2016.

No obstante, la Anses financiará en 2018 el déficit de las cajas provinciales, que en muchos casos pagan haberes más altos, a contramano del propósito de eliminar las jubilaciones de privilegio. A cambio, recibirá el 100% de la recaudación del mal llamado impuesto al cheque -que el Ministerio de Hacienda prevé que los contribuyentes puedan computar progresivamente a cuenta de Ganancias-, hasta fin de 2022.

Para completar la reforma tributaria, la Casa Rosada consiguió que los gobernadores acepten reducir, selectiva y progresivamente, las alícuotas de Ingresos Brutos entre 2018 y 2022 según actividades, provincias y municipios. También eliminar tratamientos diferenciales a empresas de otras jurisdicciones; no gravar exportaciones de bienes (excepto petroleras y mineras) y servicios; acortar plazos para la devolución de retenciones o percepciones y bajar escalonadamente el impuesto de Sellos.

Como contrapartida, las provincias y municipios adaptarán y uniformarán con la AFIP las valuaciones fiscales del impuesto inmobiliario, lo cual supone un incremento aún incierto para los contribuyentes.

También los cambios progresivos en impuestos nacionales para favorecer la inversión (entre ellos, menor tasa de Ganancias para empresas que reinviertan utilidades; devolución anticipada del IVA en proyectos de inversión y unificación en 19,5% de los aportes patronales, con un baja gradual mediante un mínimo no imponible indexado que llegará a $ 12.000 -a valores actuales- en 2022), serán solventados a partir de 2018 con una mayor carga tributaria sobre patrimonios y consumos, más el nuevo gravamen a la renta financiera.

Por ejemplo, habrá subas de 20 a 29% en impuestos internos para whisky y bebidas alcohólicas (excepto vino y cervezas); de 5 a 17% en bebidas sin alcohol azucaradas; de 20% para autos, embarcaciones y aeronaves con precios superiores a $ 900.000; de 5% en telefonía celular y 1% en seguros. Para electrodomésticos y celulares, la actual alícuota de 17% bajará a 10,5% en 2018 y luego gradualmente hasta 2% en 2023, aunque los procedentes de Tierra del Fuego estarán exentos hasta entonces. A su vez, se aplicará el IVA a servicios de plataformas digitales (Amazon, Netflix, Spotify, Amazon, etc.).

Si bien los objetivos de las reformas son deseables, sus costos no serán buenas noticias para los sectores de ingresos medios ya afectados por las subas de tarifas, que son la casi única vía para bajar el gasto público a través de menores subsidios. Todo lo cual hace necesaria una revisión de la estructura estatal en todas las jurisdicciones y, en especial, del gasto político, un motor del déficit fiscal que sigue financiándose con creciente endeudamiento.

Las reformas son deseables, pero sus costos no serán buenas noticias para una clase media ya afectada por las subas de tarifas, casi la única vía para bajar el gasto público.