Río Negro y su maldita policía

Panorama de río negro

La desaparición del oficial Lucas Muñoz en Bariloche provocó un golpe en la fuerza provincial cuyo alcance es muy difícil de calcular por ahora. En medio de tanto desconcierto y de versiones contradictorias, hay una certeza: la relación de policías rionegrinos con el delito en una ciudad que, además de ser la más poblada de la provincia, recibe, como ninguna de la Patagonia, miles de turistas de todo el país y el exterior.

“Estamos cortando todos los negocios”, les dijo a sus allegados el jefe de la Policía, el abogado Mario Altuna, que en abril sucedió a otro civil, Fabián Gatti, al frente de la fuerza. “La idea que tiene el Ejecutivo de la provincia y este comando policial es perfilar una policía que sea eficiente, respetuosa de la ley, ordenada, disciplinada, educada”, declaró a “Río Negro” a principios del mes, cuando comenzaron a rodar versiones que “generan resquemores, campañas externas y malestar en la institución”.

La designación de Altuna fue interpretada como un cambio de perfil en la conducción orientado hacia la “mano dura”. El abogado, que hasta entonces se había ganado espacio en los medios como defensor de policías, estaba a punto de ser designado como fiscal en una cámara criminal, en medio de una polémica que amenazaba con abrir un frente de tormenta en la Justicia.

Es probable que el gobernador Alberto Weretilneck estuviera al tanto de que la “maldita policía” se había hecho fuerte en Bariloche y de que Gatti, que estaba desgastado y cansado, no podía desarticularla.

Altuna desplazó al jefe de la Regional Primera, Adrián Pallalef, quien había ejercido el mismo cargo en la Segunda de Bariloche, cuando reemplazó a Carlos Arias, actual director de Seguridad.

A Arias, que es el cuarto en la línea de conducción de la fuerza, lo observan ahora de cerca desde el gobierno y no descartan que siga los mismos pasos de Pallalef.

En el gobierno provincial están de todos modos conformes con la reacción del sistema policial en algunos aspectos del caso, como la separación preventiva de Manuel Poblete, segundo jefe de la Regional Tercera de Policía; Jorge Elizondo, jefe de la Comisaría 42ª; David Paz, jefe del cuerpo de Seguridad Vial de Bariloche, y los oficiales Irusta y Morales, ambos de Seguridad Vial. Un fiscal los acusa de haber realizado un allanamiento ilegal en la vivienda del policía desaparecido y de falsificar el libro de guardia, maniobras que se descubrieron dentro de la propia fuerza.

La especulación de que Muñoz no está desaparecido sino muerto enciende todas la alertas en el gobierno. En el gabinete de Weretilneck hay quienes sospechan que la relación de este caso, más que con el tráfico de drogas, es con el asesinato de Micaela Bravo, cuyo cadáver apareció el 6 de abril muy cerca del lugar donde Muñoz fue visto por última vez.

Los investigadores policiales del crimen de Micaela centraron todas sus sospechas en la expareja de la víctima, Patricio Vargas, pero no hay ni una prueba contra él y la Justicia, lejos de imputarlo, lo aceptó como querellante en la causa.

“Desviaron la investigación, al igual que lo que trataron de hacer en este caso”, dijo una fuente que frecuenta el despacho del gobernador. El policía detenido en Catriel, Néstor Meyreles, fue a comprar un chip de celular a nombre de Muñoz y con su número de DNI, con la intención –creen en el gobierno– de plantar muy lejos de Bariloche una pista del paradero del oficial desparecido.

La Jefatura de la Policía deposita su confianza en el jefe de la Regional, Juan Fernández, que el viernes fue denunciado por su segundo, el suspendido comisario Poblete, por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque, a su juicio, no se activó el protocolo cuando Muñoz desapareció.

La Justicia debió apelar a las fuerzas federales, especialmente a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que es la única del país que nació durante el gobierno democrático, en el 2005, para reemplazar a la militarizada Policía Aeronáutica Nacional.

“Si alguien se quiebra dentro de la Policía y habla, el caso se resuelve”, creen en el gobierno y en la Justicia. Lo que no se sabe es hasta dónde podría llegar la onda expansiva si se comienza a conocer la verdad.

La desaparición del oficial Lucas Muñoz en Bariloche encendió una mecha que, si llegara a hacer explotar la bomba, es difícil calcular hoy su alcance final.

En el gobierno de Weretilneck están convencidos de la relación de policías con el delito y hasta sospechan que en el medio está el crimen de Micaela Bravo.