Santa Cruz: una miniatura del modelo K

Mirando al sur

A confesión de parte, relevo de prueba, dirían los abogados. La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, admitió que recibió una “provincia quebrada” al condenar los graves incidentes producidos días atrás frente a su residencia oficial de Río Gallegos, donde se encontraba junto a su cuñada, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Aunque no es la primera vez que lo expresa públicamente, la gobernadora atribuye la herencia fiscal a su antecesor (Daniel Peralta), quien en su momento accedió al cargo a través del kirchnerismo y hace un par de meses le replicó que había dejado “un déficit manejable”. O sea que en este caso la hipoteca a levantar quedó dentro del mismo espacio político, a diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional, donde los costos políticos y económicos del modelo K fueron endosados íntegramente al gobierno de Mauricio Macri.

Ahora se invirtieron los papeles: el kirchnerismo es el que busca victimizarse en Santa Cruz y el gobierno de Cambiemos el que busca capitalizar el rédito político del colapso fiscal de la provincia que es un emblema kirchnerista.

Al fin y al cabo, la actual situación termina de poner de relieve que desde diciembre de 2015 la provincia dejó de tener “coronita”, como en los tiempos de Néstor y Cristina Kirchner. Para más datos, la propia CFK acaba de reconocer en un video por Twitter que la estructura estatal santacruceña está “superpoblada”, como si recién acabara de enterarse.

En varios sentidos, la política económica aplicada en esa provincia fue una réplica en miniatura del modelo K, que entre 2003 y 2015 catapultó el gasto público nacional del 23 al 42% del PBI y culminó con un déficit fiscal de 5% pese a la presión tributaria récord (37% del PBI). En Santa Cruz el empleo público provincial creció 54% en menos de diez años, más que nada como una forma de clientelismo político. Y como no se traspasó la caja de jubilaciones a la Anses, se estima que casi la mitad (48%) de los 300.000 habitantes de la provincia dependen de pagos del Estado. A su vez, la inversión pública provincial se redujo a sólo 4% a fines del 2016, desde un pico de 36% en el presupuesto del 2007 cuando buena parte de las obras pasaron a ser financiadas con recursos nacionales y –en un 90%– adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez.

Si bien la provincia cuenta con recursos naturales, el esquema adoptado giró alrededor del “capitalismo de amigos”. En turismo, los principales hoteles de El Calafate pertenecen a la familia Kirchner. En petróleo y gas, casi todas las áreas de exploración fueron adjudicadas a Báez y a Cristóbal López, con el simple expediente de incluir en los pliegos la obligación de tener domicilio legal en la provincia y sin que se conozca ningún resultado en materia de inversiones. En minería, a su vez, el gobierno provincial estableció años atrás un impuesto inmobiliario para las áreas de concesión que, en realidad, son tierras fiscales.

Esta suerte de “cadena de la felicidad” comenzó a cortarse con las causas judiciales contra la familia Kirchner y también con el tope a la emisión monetaria del BCRA ($ 150.000 millones este año) para financiar el déficit fiscal nacional y provincial, que es reemplazado por endeudamiento, externo e interno.

Aunque la crisis fiscal santacruceña no es nueva, se agudizó en las últimas semanas con atrasos en pagos de sueldos y jubilaciones, que afectan la cadena de pagos; edificios públicos tomados; hospitales que no dan turnos y protestas callejeras cada vez más frecuentes y numerosas. Tampoco comenzaron las clases en las escuelas públicas, después de que los gremios docentes rechazaran el exiguo aumento salarial de 3% ofrecido por la gobernadora.

Para deslindar responsabilidades, el gobierno de Mauricio Macri dio a conocer una serie de números destinados a aclarar que esos problemas de pagos en Santa Cruz no obedecen a demoras en las transferencias de fondos nacionales. Según la agencia oficial Télam, en los primeros cuatro meses del 2017 el gobierno provincial recibió adelantos financieros por un total de $ 1.170 millones (más transferencias por $ 265 millones en otros rubros), cifra que representa casi 63% de los que había obtenido en todo el 2016 para pagar salarios y aguinaldos ($ 1.860 millones). Estos adelantos deben devolverse mes a mes, ya que son a cuenta de la coparticipación de impuestos nacionales, que en 2016 sumó $ 8900 millones y para este año se proyecta en $ 11.200 millones (un promedio de 975 millones por mes).

El problema de fondo es que las cuentas fiscales santacruceñas ya mostraban al cierre del ejercicio 2015 un déficit consolidado de $ 4845 millones y un año más tarde el endeudamiento con la Nación ascendía a $ 7930 millones. Claramente, con este cuadro no hay plata que alcance. La posibilidad de colocar deuda en el exterior que se insinuó en estos días sería una salida suicida, ya que debería contraerse a tasas muy altas en dólares. De ahí que ahora se negocie un préstamo de $ 900 millones con el Banco de la Nación Argentina, a cambio de un programa de disciplina fiscal para llegar a un equilibrio en el 2019.

Por cierto que Santa Cruz no es la única provincia con alto déficit fiscal y alta proporción de gastos corrientes (salarios y contratistas) que no pueden atenderse con fondos coparticipados ni propios. La diferencia es que durante la era K tuvo un tratamiento privilegiado por parte de la Casa Rosada. Sobre todo, después de que a partir de la crisis fiscal del 2007 se esfumaran los 600 millones de dólares que durante la gobernación de Néstor Kirchner la provincia había cobrado por regalías petroleras y fueron depositados en el exterior antes del estallido de la convertibilidad.

Aun así, la provincia gobernada por Alicia Kirchner exhibe una extraña dualidad: se mantiene entre los primeros puestos en el ranking de reparto de fondos nacionales por habitante y en los últimos de transparencia fiscal que evalúa la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

En el primer caso, un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) revela que, según la ley de presupuesto nacional para el 2017, la provincia que gobierna Alicia Kirchner recibirá este año el equivalente de
$ 57.571 por habitante en concepto de coparticipación, Fondo Federal Solidario (FFS), transferencias corrientes discrecionales y gastos de capital sin FFS. Esta cifra la ubica en el 4º puesto nacional y supera en 54% a la prevista para Río Negro ($ 37.280) y en 76% a la de Neuquén ($ 32.689).

Como no se traspasó
la caja de jubilaciones
a la Anses, se estima que casi la mitad (48%) de los 300.000 habitantes de la provincia depende de pagos del Estado.

La provincia se mantiene entre los primeros puestos en el ranking de reparto de fondos nacionales por habitante y en los últimos de transparencia fiscal.

Datos

Como no se traspasó
la caja de jubilaciones
a la Anses, se estima que casi la mitad (48%) de los 300.000 habitantes de la provincia depende de pagos del Estado.
La provincia se mantiene entre los primeros puestos en el ranking de reparto de fondos nacionales por habitante y en los últimos de transparencia fiscal.

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